La derecha en Barakaldo (1936-1939)

4. La Guerra Civil

En el capí­tulo anterior se ha analizado cómo los nacionalistas vascos se aventuraron a buscar un espacio de acuerdo con las izquierdas. El PNV se integró en el gobierno republicano y lideró la resistencia de la Vizcaya republicana desde el Gobierno autónomo aunque buena parte de la base nacionalista no comprendí­a la alianza de su partido con republicanos, socialistas y comunistas.

4.1.-El fracaso del Alzamiento y sus consecuencias.

El pronunciamiento que habí­a de dar inicio a la guerra civil fracasó en Bilbao al mantenerse fieles a la República los principales jefes de los cuerpos armados de la ciudad: el teniente coronel Joaquí­n Vidal Munarriz, al frente del batallón de la Montaña n.6 (Garellano), el teniente coronel Colina, jefe de la Guardia Civil, y el comandante Aizpuru, jefe de la Guardia de Asalto. De hecho, en Bilbao el pronunciamiento fue abortado antes de producirse.

Según el relato recogido por la Causa General, el jefe del movimiento en Vizcaya habí­a de ser el comandante de artillerí­a retirado Alejandro Velarde González. Este contaba con la opinión favorable al golpe de la oficialidad del Batallón de la Montaña n. 9 de Bilbao, también conocido como de Batallón de Garellano. En el interior del Batallón dirigí­a la conspiración el capitán de infanterí­a Juan Ramos Mosqueda. Al no contar con los oficiales de mayor graduación ni con la Guardia Civil, toda la conspiración se centró en la sublevación del Cuartel de Basurto. Esta concentración facilitó sin duda la actuación de las autoridades fieles al gobierno. Ya la noche del 17 de julio se personó en el cuartel el jefe de la guardia municipal de Bilbao con la orden del gobernador civil de retirar 130 fusiles. La actitud golpista de la oficialidad quedaba ilustrada por la resistencia pasiva que ofreció a esta entrega; pero la lealtad a las autoridades republicanas del teniente coronel Vidal estaba fuera de duda. Incluso el informe relata que, ante la resistencia dilatoria de la oficialidad, el propio Vidal rompió los cristales de la vitrina donde se guardaban los fusiles con su bastón de mando.

Durante el dí­a 18, «el ambiente en el cuartel era de nerviosismo e intranquilidad. Los comprometidos vigilaban al Teniente Coronel Vidal y éste vigilaba a sus  subordinados y daba noticias al Gobernador Civil». Finalmente, la noche del 18 al 19 Vidal hizo detener a los cabecillas de la conspiración. Mientras tanto, el Gobernador Militar, coronel Piñerúa, se negaba a obedecer las órdenes de Pamplona que le instaban a declarar el Estado de Guerra y convocaba una reunión de los principales mandos militares. El Teniente Coronel Colina, jefe de la Guardia Civil, amenazó con atacar el Cuartel de Basurto con sus 800 guardias si el Batallón de Garellano se sublevaba. A esta intención se sumó el jefe de la Guardia de Asalto y el de Carabineros. Así­, pues, en la noche del 18 al 19 de julio el Alzamiento en Vizcaya quedaba sentenciado.

En Bilbao, las autoridades republicanas dominaron la situación y retuvieron el control del poder. La mañana del dí­a 19 las tropas desfilaban por la Gran Ví­a, mostrando su fidelidad a las autoridades republicanas, pero también el control de éstas sobre el orden público. El gobernador civil organizó la excepcionalidad en una Junta de Defensa que asumió el poder en la provincia e impidió el colapso del Estado republicano.

4.2.- Las derechas ante el Alzamiento.

La situación era muy distinta en el Paí­s Vasco y Navarra. En ambas zonas existí­a una derecha antirrepublicana sólidamente instalada y con importante arraigo popular. En Navarra la sublevación fue acompañada por un baño de masas tradicionalistas y en menor medida la situación se reprodujo en Alava. En Vizcaya, según el relato recogido por la Causa General, los dirigentes golpistas, el comandante de artillerí­a retirado Alejandro Velarde González y el capitán de infanterí­a Juan Ramos Mosqueda, mantuvieron diferentes reuniones con la derecha vizcaí­na, en las que ésta se comprometió plenamente con la preparación del golpe. Figuras como Areilza y Julio Serrano, por Renovación Española, José Valdés y Florencio Milicua, por Falange Española, y el Jefe Señorial de la Comunión Tradicionalista, Luis Lezama Leguizamón, marcan la diferencia con los personajes relativamente secundarios que constituí­an la trama civil en otros lugares y subrayan el compromiso de la derecha no nacionalista vizcaí­na con el derrocamiento militar del régimen republicano.

Para los militares conspiradores, esta implicación civil no era simplemente una cuestión de cobertura o colaboración ideológica; sino que respondí­a a una necesidad práctica de contar con hombres armados para el triunfo del movimiento. Los soldados acuartelados en Bilbao eran apenas 300 y el informe de la Causa General silencia muy significativamente cualquier contacto con la Guardia Civil, el cuerpo armado más numeroso en la provincia, y cuya actitud resultó finalmente determinante. En estas circunstancias, los grupos paramilitares que mantení­an algunos partidos de la derecha constituí­an una ayuda no despreciable. Dado los escasos efectivos del resto de las fuerzas polí­ticas implicadas, el peso principal en la organización civil del Alzamiento recayó sobre la Comunión Tradicionalista, un partido que contaba con numerosa militancia y un grupo paramilitar, el requeté. En las semanas previas al Alzamiento, la Comunión organizó sus fuerzas colocando sus efectivos bajo dirección de los militares conspiradores. Según el informe de la Causa General, el movimiento contaba con 3.000 requetés en la provincia, 1.500 de los cuales estaban preparados para actuar al primer llamamiento. En Bilbao se seleccionó a 490 que, junto a 250 jóvenes falangistas, habí­an de constituir el primer apoyo a la sublevación.

El papel de estos efectivos provocó disensiones entre los mandos golpistas. Frente a las pretensiones del comandante retirado Velarde de armar a los civiles en su totalidad y con anterioridad al pronunciamiento, el capitán Ramos hizo valer su criterio de supremací­a militar reduciendo a doscientos los fusiles a entregar y retrasando esta entrega hasta después del golpe. Su plan consistí­a en concentrar discretamente a los civiles en Bilbao a la espera de que los sublevados se hicieran con el cuartel para poder tomar las armas. El resto de las fuerzas en la provincia habí­a de esperar órdenes que llegarí­an por conducto de la Guardia Civil. La noche del 18 al 19 julio, estos civiles al mando de Velarde se concentraron en un piso de la Gran Ví­a, 60, a la espera de la orden para recoger las armas. La estéril espera se prolongó hasta la mañana, cuando el desfile de los cuerpos armados de la capital, Batallón de Garallano incluido, dejó claro que las autoridades republicanas controlaban la situación.

A diferencia de estos sectores de las derechas, el PNV no participó en la preparación del golpe. Con respecto al PNV, Ignacio Olabarri y Fernando de Meer enumeran las diferentes fuentes que hacen referencia a los contactos de los nacionalistas con los conspiradores. Sin embargo, las confidencias que Franco realizó al Cardenal Gomá acerca de la participación nacionalista en una de las primeras reuniones preparatorias constituyen la única evidencia que estas fuentes aportan.  Antonio Marquina, por su parte, se basa en la documentación del Public Record de Londres, para establecer que el diputado José Horn, jefe de la minorí­a nacionalista en las Cortes, se habí­a comprometido en nombre del partido a apoyar al General Mola si se sublevaba contra la República. De la Granja añade que también el ex-diputado Telesforo Monzón mantuvo contactos con las fuerzas golpistas en Guipúzcoa, sin que llegase a ningún acuerdo; pero a la vez establece que «me parece indudable que el PNV no se hallaba implicado en la preparación del pronunciamiento militar, apoyado por la extrema derecha, de la que le separaba un abismo en 1936». Tampoco la Causa General hace referencia alguna a la participación nacionalista en las reuniones preparatorias, ni siquiera en las primeras, cosa que no serí­a de extrañar aunque efectivamente se hubiera producido.

Así­, pues, el PNV no participó en la conspiración, aunque conocí­a su preparación. En ausencia de más datos para concretar en qué grado disponí­a de información, el mero conocimiento de la conspiración, en realidad, no le sitúa demasiado lejos del resto de las fuerzas polí­ticas españolas.

Ahora bien, esta inhibición ante la conspiración derivó hacia adscripciones contrarias tras el fracaso del golpe, aunque la postura final de cada una de las formaciones no fue automática. La inhibición ante conspiración anti-republicana no significa que el PNV tuviese clara qué actitud tomar una vez en marcha la sublevación.

No faltaron personalidades nacionalistas que inmediatamente proclamaron su fidelidad al gobierno legalmente establecido. Así­, los diputados nacionalistas Irujo y Lasarte expresaron el mismo dí­a 18 su compromiso con «la encarnación legí­tima de la soberaní­a representada en la República» en un comunicado que fue leí­do por Radio San Sebastián. Mas era ésta una opción personal, que mostraba la evolución ideológica de algunos dirigentes hacia las fórmulas liberales. La cuestión no estaba tan clara para el resto de los dirigentes del partido. Ese mismo dí­a, el órgano supremo del PNV, el EBB, les desautorizó y decidió declararse neutral y permanecer a la expectativa. Redactó incluso una nota, que no llegó a publicarse por la intervención de Irujo, y se disolvió.

De hecho, el principal partido de Vizcaya y Guipúzcoa no expresó su opinión sobre los graves acontecimientos que se estaban produciendo hasta el dí­a 19. Este dí­a, Euzkadi publicó una nota en la que apoyaba al gobierno republicano. Esta nota no habí­a de disolver, sin embargo, la ambigí¼edad nacionalista. La nota no iba firmada. Puesto que se publicó en el órgano oficial del partido, tradicionalmente se ha asignado su autorí­a al EBB, máximo órgano del partido. Pero de la Granja señala que el EBB no se reunió en Bilbao y que la nota fue elaborada por el BBB, el Consejo Regional de Vizcaya.

Representa, por tanto, solamente la postura de las autoridades vizcaí­nas del partido y, aún, sin firmar. En Guipúzcoa, el GBB decidió el dí­a 20 apoyar a la República, no sin resistencias en su seno. Por el contrario, en Navarra el consejo regional publicó una nota en la que denunciaba que la nota publicada en Euzkadi no era una decisión del EBB y desmentí­a que el partido permaneciera fiel al bando republicano. El Consejo Regional de ílava, por su parte, decidió inhibirse y desautorizó la resistencia de varios nacionalistas; posteriormente publicó una nota en la que instaba a los nacionalistas a colaborar con los sublevados.

Los nacionalistas se sentí­an profundamente incómodos con una situación que les forzaba a optar entre dos bandos ante los que mantení­an serias reticencias. Unos consideraban que el papel de los nacionalistas debí­a ser únicamente el de asegurar el orden; Luis Arana, el hermano de Sabino, y el grupo radical Jagi-Jagi defendí­an que el partido debí­a permanecer estrictamente neutral en un conflicto que afectaba a españoles y otros dirigentes defendí­an que el lugar del partido estaba con los sublevados en la defensa de la religión y contra la revolución. Sin duda, la postura más común debí­a ser la del presidente del Consejo Regional de Vizcaya, Ajuriaguerra, quien según sus propias declaraciones «tení­a la esperanza de escuchar alguna noticia que nos aborrase el tener que tomar una decisión: que uno u otro bando ya hubiese ganado la partida».

En realidad, más allá de los debates entre los dirigentes nacionalistas, la postura de los consejos regionales estuvo determinada por el resultado del golpe en cada provincia. De Pablo, Mees y Rodrí­guez apuntan que tras la nota del ABB hubo presiones militares y el ambiente de los cientos de requetés enardecidos en Pamplona no parecí­a dejar mucho margen de maniobra al Consejo Regional de Navarra.

Igualmente, la tardí­a declaración del GBB se produjo cuando las milicias de izquierda patrullaban ya por las calles de San Sebastián. Finalmente, no debe obviarse que la nota no firmada del BBB en Euzkadi apareció cuando la incógnita sobre el pronunciamiento en Bilbao ya se habí­a despejado. Su publicación el dí­a 19 coincidió con el desfile militar que poní­a de manifiesto el control de la situación por el Gobernador Civil.

Dadas las vacilaciones y contradicciones de los nacionalistas, la comprensión de la actitud del PNV ante la guerra civil requiere retomar una vez más la tradicional tensión entre la radicalidad de sus principios y su práctica posibilista. Las vacilaciones ante la sublevación militar revelan que la evolución del nacionalismo vasco hacia posturas liberales o democráticas, aunque fuera en su versión cristiana, estaba lejos de haber desplazado de su horizonte ideológico el integrismo aranista. Como se intentó mostrar en el apartado anterior, esta evolución era resultado del posibilismo que presidió la actuación polí­tica del partido y de su gran versatilidad en el juego polí­tico. Sin embargo, las actitudes ante situaciones de crisis resultan mucho más reveladoras que las evoluciones en periodos de normalidad polí­tica. En la crisis abierta por la caí­da de la monarquí­a el PNV hizo frente común con la ultraderecha y cuando ésta dio un golpe de Estado dudaba por qué bando decidirse.

Esta indecisión no se derivaba únicamente de la percepción del conflicto como una lucha entre españoles. Este argumento podrí­a sostenerse para una minorí­a de puristas alejados de la realidad polí­tica como Luis de Arana, pero para el resto de los dirigentes nacionalistas no podí­a ser más que una excusa para ocultar otra realidad. El carácter españolista de la sublevación dejaba poco lugar a dudas sobre las posibilidades de actuación polí­tica que su triunfo deparaba para los nacionalistas. El enfrentamiento entre españoles afectaba, pues, también, y mucho, a los nacionalistas. No puede sostenerse seriamente, por tanto, que las vacilaciones se derivaran de la cuestión nacional. Estas provení­an de la pervivencia de la vieja sí­ntesis integrista y antiliberal a pesar de la evolución vivida durante el periodo republicano. En realidad, a pesar de su españolismo, el bando sublevado resultaba atractivo para parte de los nacionalistas, o como mí­nimo, no menos atractivo que el republicano. La sí­ntesis sabiniana, antiliberal, tradicionalista e integrista seguí­a pesando en el ánimo del partido mucho más de lo que su actuación en un marco de normalidad polí­tica hací­a pensar. Era desde el arraigo de esta sí­ntesis desde donde se planteaba una disyuntiva difí­cil de solucionar: ¿qué se correspondí­a en mayor grado con la idea sabiniana de Euzkadi, un marco republicano democrático en el que el partido podí­a actuar o un marco autoritario, tradicionalista e integrista, sin libertades polí­ticas, pero que prometí­a una restauración de los principios más reaccionarios en materia religiosa, social y cultural?. Esta era la cuestión a la que el Partido no podí­a todaví­a responder en julio de 1936. Una vez resuelta la disyuntiva por la ví­a de los hechos consumados, el partido ya podí­a actuar. Cerrada la crisis, el posibilismo volví­a a imponerse. De la misma manera que habí­a dirigido las alianzas polí­ticas del partido en los últimos años republicanos, la consecución del Estatuto selló el pacto del PNV con el bando republicano.

Sin embargo, como ya se defendió para los años republicanos, este desarrollo final no autoriza a afirmar que la consecución del Estatuto presidiera la actitud del PNV ante el pronunciamiento y la guerra. El Estatuto no era una preferencia de primer orden de los nacionalistas vascos. Su consecución no jugó un papel determinante en la evaluación de las crisis de 1931 y 1936. Las prioridades que se ponderaban eran otras y estaban relacionadas con la sí­ntesis sabiniana. Sólo una vez cerradas las crisis, al margen de la actuación nacionalista en ambos casos, se reinstauraba el posibilismo y se abrí­a la posibilidad de que el Estatuto pasara a ser el objetivo.

Derrotado el golpe en Guipúzcoa y Vizcaya, lo que no podí­a hacer el PNV era tomar a posteriori partido por los sublevados. Tampoco podí­a dejar de proclamar su fidelidad a la República sin pagar un coste previsiblemente alto. Lo que sí­ podí­a hacer era condicionar esa fidelidad al respeto de la legalidad e inhibirse del conflicto, que fue lo que realmente hizo. Durante los primeros meses de la guerra, la pasividad del PNV fue notable, limitándose a intentar mantener el orden. La presencia nacionalista en las Juntas de Defensa que gobernaron las provincias bajo poder republicano estaba muy por debajo de la que le hubiese correspondido en relación a su fuerza real. Los nacionalistas no participaron en la defensa de Guipúzcoa y, de hecho, se negaron a que sus milicias participaran en la batalla de Irún22. En realidad, las proposiciones que el bando sublevado dirigí­a al partido no pedí­an mucho más y, aunque nunca fueron atendidas, la pasividad del PNV a lo largo del verano satisfací­a estas ofertas.

Fue necesario que la República ofreciera el Estatuto para que los nacionalistas abandonaran su inhibición. El tradicional posibilismo volví­a a imponerse y sólo los recalcitrantes como Luis Arana o Angel Zabala se oponí­an a esta evolución, tal y como se opusieron en 1931. A mediados de septiembre Irujo entraba en el nuevo gobierno republicano y el 7 de octubre se constituí­a en Guernica el primer gobierno autónomo vasco. La alianza del PNV con la República quedaba sellada y desde ese momento los esfuerzos nacionalistas se concentraban en defender Vizcaya, el único territorio sobre el que el gobierno vasco podí­a ejercer sus competencias. La práctica independencia con que este gobierno actuaba dadas las condiciones de guerra y la confusión entre gobierno y partido abrí­an en la práctica un escenario más que tentador para los nacionalistas y reforzaron el compromiso jeldike en la lucha.

A pesar del compromiso personal de algunos dirigentes, entre ellos Aguirre, no debe olvidarse que los nacionalistas mantuvieron siempre una concepción propia de la guerra y que la alianza con el bando republicano era sólo el resultado de la satisfacción de una preferencia de segundo orden. Un cambio en estas condiciones podí­a hacerles volver a la inhibición anterior. Sólo esta premisa confiere lógica a la actuación nacionalista tras la caí­da de Vizcaya.

Ante el avance de las tropas nacionales los nacionalistas se negaron a destruir las instalaciones industriales permitiendo que el potencial industrial vizcaí­no cayera en manos de los sublevados. Un mes después, tras unas complicadas, y fracasadas, negociaciones con los italianos, los nacionalistas rendí­an sin condiciones el ejército vasco, incluí­dos los batallones no nacionalistas, a las tropas nacionales en Santoña. Posteriormente, el gobierno vasco, ya sin territorio sobre el que gobernar, se trasladó

A Barcelona donde desarrolló su propia polí­tica bastante al margen de los objetivos del gobierno republicano. En realidad, las actuaciones del PNV durante la guerra sólo se entienden si se tiene en cuenta la prioridad perentoria necesidad de mantener en su seno a un partido católico y conservador que contrarrestara su imagen internacional anticlerical y revolucionaria.

Las consideraciones anteriores no cuestionan el hecho de que el PNV se alió con el bando republicano y que jugó un importante papel en la guerra civil.

4.3.- Barakaldo en los primeros dí­as de la guerra.

En los primeros dí­as de la guerra en Barakaldo el poder fue asumido, en sintoní­a con lo que ocurrí­a en Vizcaya, por una Junta de Defensa. No se ha localizado documentación alguna sobre la composición o actuación de esta Junta. Sin embargo, podemos deducir el clima general a partir de las informaciones de la Causa General. Al igual que en otras zonas del bando republicano, los partidos polí­ticos de izquierdas incautaron los locales de algunas asociaciones vinculadas al Alzamiento. Así­, la CNT se hizo con el local de la Sociedad Tradicionalista, Izquierda Republicana con el de Acción Popular y el Partido Comunista con el del Centro Católico. Sin embargo, a diferencia del resto de la España republicana, no hubo ni revolución ni persecución religiosa. Antonio Rivera señala que los dos factores claves para explicar esta diferencia fueron el peso de una fuerza conservadora como el PNV y el control de la situación por parte del aparato del Estado. Desde la perspectiva que se ha venido manteniendo en este capí­tulo, la primera cuestión resulta relativamente secundaria. La hegemoní­a conservadora no impidió que en otras zonas republicanas se produjeran tanto la revolución como la persecución religiosa. El factor determinante fue el mantenimiento de los mecanismos de poder del Estado republicano, básicamente de los instrumentos de coerción, como ilustra el caso de Barakaldo.

Los primeros dí­as de la guerra en Barakaldo no estuvieron exentos de conatos de persecución religiosa que podí­an haber desencadenado procesos similares a los que se viví­a en el resto de la zona republicana. La mañana del 21 de julio, según el relato de J.L. Bastarrica, grupos de milicianos y un torrente humano que saltaba las tapias al grito de ¡los frailes!, ¡los frailes!,¡que tienen armas! irrumpieron en el Colegio Salesiano. Sin embargo, los padres salesianos contaron con la pronta ayuda de las nuevas autoridades locales que podí­an imponerse sin dificultad sobre los asaltantes por dos razones que marcaban la diferencia con lo que estaba sucediendo en Vilanova: en primer lugar, contaban con la Guardia de Asalto y, en segundo, los asaltantes no disponí­an de armas. Este era el contexto que permití­a que los voluntarios nacionalistas pudieran actuar añadiendo una protección más simbólica que real a los religiosos durante su traslado al ayuntamiento, donde permanecieron mientras duró el registro del colegio. No se encontraron armas y el propio alcalde, antiguo alumno del colegio, se disculpó ante el director y dispuso que los religiosos permanecieran a resguardo en las casas consistoriales. Durante la noche, los padres se dispersaron por varios domicilios particulares. El colegio fue incautado por los milicianos, anarquistas según Bastarrica, y en los dí­as siguientes se multiplicaron los incidentes entre los salesianos que se aventuraban a salir de sus refugios y los milicianos que patrullaban las calles. Estos incidentes provocaron una reunión de la Junta de Defensa para definir la situación de los salesianos en la que, siempre según el relato de Bastarrica, se oyeron voces a favor de la ejecución de los religiosos en el propio colegio. El anhelo represivo contra los religiosos estaba, por tanto, presente en Barakaldo. La solución a esta tensión fue aportada por los nacionalistas, que vení­an velando por la seguridad salesiana desde la ocupación del colegio. El propio Aguirre envió un coche que en la noche del 4 de agosto condujo a los salesianos al Gobierno Civil. La gestión se habí­a realizado a través de Pedro de Basaldúa, secretario de Aguirre y antiguo alumno del colegio. A partir de ese momento, los salesianos quedaron bajo la protección del partido nacionalista que gestionó su salida al extranjero; mientras eran alojados y atendidos por las emakumes.

4.4.- La represión de retaguardia

A tenor de lo expuesto hasta el momento, no resulta extraño que la principal caracterí­stica de la represión de retaguardia en Vizcaya en relación al resto de la zona republicana fuera su baja intensidad. Según los datos de la Causa General, el í­ndice represivo en Vizcaya serí­a del 1,3″° frente al, por ejemplo, 2,4″° que puede calcularse a partir de los datos de Sole y Villarroya para la provincia de Barcelona42 y el 2,9″° de Cataluña. Las 23 ví­ctimas establecidas sobre una población 34.000 habitantes arrojas en Barakaldo un saldo represivo del 0,67 «°. La represión en Barakaldo se sitúa casi a la mitad de la media de la provincia de Vizcaya.

Una segunda caracterí­stica de la represión en Barakaldo y, por extensión en Vizcaya, es la baja incidencia de ejecuciones incontroladas en forma de paseos. El control de los cuerpos de seguridad por parte de las autoridades republicanas impidió que este tipo de represión en caliente alcanzara los í­ndices del resto de la zona republicana. Sin embargo, la tensión entre las autoridades y los partidarios de esta represión en caliente fue permanente. Estos últimos lograron imponerse en tres ocasiones, tras bombardeos importantes sobre Bilbao, asaltando los centros de detención. Las ví­ctimas de estos asaltos constituyen, como se verá, el grueso de la represión en Vizcaya.

La represión en Barakaldo

Para el caso de Barakaldo la fuente básica utilizada en el estudio de la represión en la retaguardia en Barakaldo es la Causa General. La obra de José Echeandí­a La persecución roja en el Paí­s Vasco de 1945 y el folleto editado por la Delegación Provincial de Excautivos de Vizcaya en 1946 titulado In memoriam. Mártires de Vizcaya. Labor de una delegación51 ofrecen también listados de ví­ctimas. Se cuenta, además, con diferentes listados realizados por el ayuntamiento. A los problemas señalados para el caso de Vilanova, se añaden en Barakaldo las contradicciones de la Causa General que arroja saldos de ví­ctimas dispares en sus diferentes piezas, además de incluir a fallecidos en febrero de 1936. Sin embargo, sí­ que se cuenta para Barakaldo con fuentes relativas a otros tipos de represión, concretamente varios sumarios, y las memorias inéditas del joven carlista Angel Basterrechea, prisionero durante la guerra.

En el mes de julio se produjeron en Barakaldo tres paseos: la de un conductor monárquico que apareció en la carretera de Santurce el dí­a 22 de julio, la de un obrero calderero de Acción Popular encontrado en el calero de Santurce el 27 de julio, y la del antiguo lí­der de la Unión Patriótica y dirigente de la derecha monárquica Pedro Elí­as, asesinado en la carretera de Cabieces. Sólo esta última parece tener una funcionalidad polí­tica clara. La escasa significación de las otras dos ví­ctimas parece remitirnos al complejo mundo de venganzas más o menos personales que caracterizó la represión descentralizada. Ví­ctima de la ejecución directa murió también un militante carlista, pero en Orduña donde fue apresado por la Junta local después de haber huido de una prisión de Bilbao. Además del empleado asesinado en la retirada de junio de 1937, éstas son las únicas ví­ctimas de paseos en Barakaldo. Se trata de una cifra realmente baja, si se tienen en cuenta, no sólo las circunstancias excepcionales, sino el hecho de que en Barakaldo existí­a una violencia polí­tica endémica en torno a grupos armados de los diferentes partidos que habí­a dado lugar a tiroteos en el periodo republicano y habí­a arrojado muertos en las elecciones de febrero de 1936.

Aparte de estos tres casos de represión descentralizada, la represión de retaguardia funcionaba en Barakaldo bajo el control de la Junta de Defensa local.

Durante el mes de julio se procedió a la detención de carlistas y dirigentes de la derecha que después de su paso por el ayuntamiento eran conducidos a Bilbao. La represión de las primeras semanas en Barakaldo parece tener, pues, con la excepción de los tres paseos, un carácter preventivo y se dirigí­a fundamentalmente contra aquellos sectores de las derechas que, como se señaló con anterioridad, se habí­an estado entrenando para apoyar al golpe de estado. Tampoco parece detectarse un especial ensañamiento con los detenidos por parte de la junta local a tenor de las memorias del carlista Angel Basterrechea, quien escribí­a que «con satisfacción hago constar que en los dí­as transcurridos en la prisión provisional de Baracaldo, fuimos tratados con toda clase de consideraciones personales, por los milicianos encargados de nuestra custodia».

Tras la estancia en Barakaldo, los presos eran conducidos a Bilbao y de ahí­, dada la saturación de los centros de detención bilbaí­nos, muchos de ellos a los barcos prisiones anclados en la Rí­a, a la altura de Altos Hornos. Una vez en los barcos, la seguridad de los presos quedaba garantizada por el normal funcionamiento de las instituciones que hací­a que cómo mí­nimo el Altuna Mendi estuviera custodiado por la Guardia Civil. Según las memorias de Basterrechea, el trato de la guardia civil era bueno, ya fuera por atención a sus funciones o por simpatí­a con los presos.

Sin embargo, existió siempre una tensión entre esta represión preventiva que ejercí­an las autoridades y los partidarios de la represión en caliente o directa. El resto de las ví­ctimas de Barakaldo, y en general de Vizcaya, se produjo en los momentos puntuales en que las autoridades se vieron desbordadas por los segundos. La represión en caliente no operó en Vizcaya a través de los paseos, aunque los hubo, sino principalmente a través de los asaltos a los centros de detención como represalia por acciones de guerra enemigas. Esta circunstancia aporta algunos elementos de reflexión sobre la represión en otras zonas del territorio republicano. Ciertamente, la liberación de los presos y el colapso del Estado republicano permitió la actuación impune de elementos procedentes de los bajos fondos y la marginalidad, especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, no conviene exagerar su incidencia, puesto que en Vizcaya la práctica inexistencia de estos incontrolados no polí­ticos no impidió episodios de represión en caliente. La misma consideración puede aplicarse a los incontrolados polí­ticos, es decir, a los grupos armados de diferentes organizaciones que actuaban autónomamente. En Vizcaya, su papel fue asumido por los milicianos de los que, a pesar de no formar parte de un ejército regular y de las excepcionales circunstancias imperantes, no puede decirse que actuasen sin control alguno. La cuestión era que una buena parte de los hombres armados tras el fracaso del golpe de estado, incluyendo a sus dirigentes, estaban a favor de pasar por las armas a los sospechosos de simpatí­as con el enemigo Y, además, sus pretensiones encontraban un eco popular difí­cil de medir, pero no despreciable. La ausencia de autoridad y la posibilidad de fundirse en el anonimato facilitaba estos objetivos.

Los barcos-prisión fondeados en la Rí­a ilustran esta tensión. Según el relato de Angel Basterrechea, el Altuna Mendi fue ametrallado por grupos de milicianos desde la carretera ya en la segunda semana de agosto. El anhelo represivo se fue incrementado a medida que se iniciaban los primeros bombardeos de la aviación nacional sobre el área bilbaí­na. El 16 de agosto una incursión aérea incendió los depósitos de la CAMPSA en Santurce. Tras el bombardeo se congregó en los muelles una multitud que pedí­a la ejecución de los presos y que intentaba acceder a los barcos en gabarras. Todos estos intentos fueron contenidos por la Guardia Civil. La suerte de los presos cambió, sin embargo, cuando este cuerpo fue relevado y los milicianos pasaron a ocuparse de la custodia de los detenidos. Desde entonces se convirtió en práctica común el formar a los presos en cubierta cuando se producí­an bombardeos de Bilbao. Así­ las cosas, el bombardeo de Bilbao del 25 de septiembre iba a tener consecuencias trágicas. Acabado el bombardeo, de nuevo según la Causa General, «gran número de hombres y mujeres de la más baja calaña, se dirigieron vociferando hacia los muelles de la rí­a próximos a la factorí­a de Altos Hornos, a cuya altura se hallan fondeados los barcos Altuna Mendi y Cabo Quilates […] Desde la orilla, los grupos vociferaban contra los presos e instaban a los guardianes, para que no dejaran a un preso sin vida, y algunos componentes de dichos grupos consiguieron entrar en los barcos a los que se trasladaron utilizando gabarras». Durante la noche se desarrolló la matanza en los barcos-prisión que costó la vida a 41 presos del Cabo Quilates y a 29 del Altuna Mendi. La matanza se repitió el 2 de octubre cuando los marineros de Jaime I entraron en el Cabo Quilates, con un saldo de 38 muertos. Echeandia establece que en primer lugar los marineros se dirigieron al Altuna Mendi y que la guardia civil les impidió el acceso, pero el relato de Angel de Basterrechea, prisionero en el barco, no hace referencia a tal incidencia. Según la Causa General, las ejecuciones fueron iniciadas por los milicianos del barco y los marineros del Jaime I se añadieron a la matanza una vez empezada.

Del relato de Basterrechea, que nunca fue publicado, se desprende con claridad que la presencia de la Guardia Civil era clave para la seguridad de los presos. Un dí­a después de esta segunda matanza, los últimos milicianos abandonaban el barco. Estas matanzas en los barcos-prisión provocaron casi el 17% de las ví­ctimas de la represión en Vizcaya, y el 52% de las de Barakaldo. El mismo dí­a 25 de septiembre se produjo también la saca de la cárcel de Durango de 23 presos de filiación tradicionalista que fueron fusilados en el cementerio. El 26, la cárcel instalada en las escuelas de Urbí­naga en Sestao fue asaltada y resultaron muertos seis presos. Este asalto se repitió en 26 de octubre con un saldo de cuatro muertos, entre ellos dos requetés barakaldeses.

Con la estela de estas matanzas se iniciaba la gestión del gobierno vasco autónomo. El encauzamiento de la represión a través de los tribunales de justicia habí­a sido una de las preocupaciones de los nacionalistas desde el inicio de la guerra. El nombramiento de Monzón como consejero de Gobernación, que ya habí­a dimitido de ese mismo cargo en la Junta de Guipúzcoa en protesta por las matanzas de presos, dejaba claro que el nuevo gobierno tení­a como una de sus prioridades la seguridad de los detenidos. De hecho, Monzón mantuvo el control de la situación durante el resto de la guerra, con la excepción de los sucesos del 4 de enero de 1937. En esta fecha, un nuevo bombardeo sobre Bilbao de la aviación nacional desencadenó un asalto a las cárceles de la capital. Según el informe del fiscal de la Causa General participaron en estas matanzas batallones uniformados y gran número de paisanos, entre ellos, «muchas mujeres que incitaban con verdadero odio y rencor incontenidos, al asesinato». El folleto de la Delegación de Excautivos habla de cerca de 300 muertos en estas matanzas. Echeandí­a establece nueve muertos en El Carmelo, 53 en La Galera, 109 en Los Angeles Custodios y 56 en Larrinaga, en total 227 ví­ctimas de los asaltos a los centros de detención bilbaí­nos. La Causa General no cuantifica las ví­ctimas, pero de sus propios datos puede deducirse que las ví­ctimas oscilaron entre las 240 y las 250, cifra que supondrí­a el 40% de las ví­ctimas de Vizcaya.

Con estas matanzas se cerró la secuencia represiva por lo que a Barakaldo respecta, y en general para Vizcaya, hasta los dí­as de la retirada de las fuerzas republicanas. El dí­a de la entrada de las tropas nacionales en Barakaldo se encontró cerca de su domicilio el cadáver con cinco balas en la cabeza de un empleado de 66 años, que el estadillo de la Causa General califica de monárquico, pero que según su viuda en la declaración personal carecí­a de filiación polí­tica. También en otras localidades de Vizcaya se registraron asesinatos en la retirada. En Vedia un matrimonio y su hija aparecieron carbonizados entre las ruinas de su casa, tras la evacuación del pueblo. Igualmente, los cuatro hermanos Zubirí­a Somonte, más la esposa de uno de ellos y la institutriz a su servicio, fueron asesinados en Las Arenas pocas horas antes de la entrada de las tropas nacionales. Esta última oleada represiva, fruto del despecho, supone un salto cualitativo por cuanto se dirige a familias completas y afecta como mí­nimo a cuatro de las nueve mujeres que, según la Causa General, fueron ví­ctimas de la represión de retaguardia.

En resumen, el balance represivo en Vizcaya muestra la tensión existente entre las autoridades (tanto las republicanas como las nacionalistas) y los partidarios de las ejecuciones directas de los presos que se impusieron en tres momentos puntuales. Según la Causa General, 356 personas (55,2%) murieron en estos asaltos a los barcos y las prisiones, mientras que sólo 20 (3,1%) habrí­an sido ejecutadas de sentencias dictadas por los Tribunales. Del 41% restante cabe deducir que murió a consecuencia de paseos, tanto en Vizcaya como fuera de ella, o de otras medidas de la justicia de guerra. En el caso de Barakaldo, tal como ilustra el cuadro adjunto, los cuatro episodios de asaltos le costaron la vida a más de tres cuartas partes de las ví­ctimas.

4.5.- Análisis de las ví­ctimas de la represión.

El establecimiento de la lógica de esta represión necesita de la abstracción de la casuí­stica y el establecimiento para cada ví­ctima de la razón o razones fundamentales que los habrí­an provocado. Sin embargo, en localidades relativamente pequeñas las oposiciones ideológicas o económicas formaban parte de un todo inseparable de las relaciones de conocimiento, deferencia, vecindad o parentesco. De aquí­ que la asignación de una propiedad causal a la ví­ctima se convierta en compleja y meramente aproximativa a los motivos reales de los represores para llevar a término sus acciones, único nivel explicativo relevante. Posicionamiento polí­tico, actividad católica, actuaciones no necesariamente polí­ticas o talante personal constituyen posibles motivos de la represión, cuya jerarquización se complica todaví­a más por el desconocimiento de la situación real del grupo susceptible de ser represaliado. Dado que las declaraciones de la Causa General no recogen las vicisitudes de todo este espectro y que parte de los que declararon tendí­an a magnificarlas, no se sabe quién se encontraba realmente a merced de la represión y quién estaba escondido. Además, sólo para Barakaldo se dispone de información de actuaciones represivas que no desembocaran en la muerte.

A pesar de ello, el análisis de las ví­ctimas desde diferentes criterios permite como mí­nimo para establecer las condiciones necesarias de la represión, aunque no las suficientes, y de ahí­ la lógica de ésta.

Perfil socio-profesional

En contraste con otros lugares, en el Paí­s Vasco no existió una persecución generalizada del clero, se respetaron los edificios religiosos y el culto continuó practicándose con normalidad. Aún así­, 59 religiosos que cayeron ví­ctimas de la represión en el Paí­s Vasco republicano, 44 de ellos en Vizcaya según la Causa General.

Esto supone un 8,68% de las ví­ctimas es esta provincia.

En Barakaldo, el coadjutor de San Vicente fue asesinado en la segunda matanza del Cabo Quilates y un párroco de la diócesis de Burgo de Osma apareció asesinado dos semanas antes en la carretera del Regato. La existencia de opciones de la ultraderecha con sólidas bases populares, como los carlistas, arroja una presencia mayor de las clases bajas entre las ví­ctimas de la represión, concretamente un 30,43% del total y un 33,33% de los no religiosos o fuerzas del orden. A pesar de esta incidencia, el grupo más afectado con diferencia fue el de los empleados. El 52% del total de las ví­ctimas pertenecí­an a este grupo social que en Barakaldo habí­a actuado como la columna vertebral de las opciones de la derecha no nacionalista. Los ingenieros, otro pilar de la polí­tica local, constituyen el único grupo de las clases altas afectado.

Este mero repaso al peso de los distintos grupos sociales entre las ví­ctimas permite establecer el carácter clasista de la represión, pero su incidencia real no puede constarse si no se tiene en cuenta la muy desigual presencia de cada grupo en el conjunto de la población. El 3% de las personas que declaraban profesiones clasificables en las clases altas murieron ví­ctimas de la represión en Barakaldo (el 20% de los ingenieros). En contraste, sólo el 0,09% de las clases bajas se vieron afectadas.

Perfil polí­tico

Tras la guerra, las declaraciones de los familiares de las ví­ctimas de la represión tendieron a adscribirlas a las opciones polí­ticas vencederas. En Barakaldo esta magnificación en la Causa General de las opciones vencedoras en la guerra resulta menos problemática. En la medida en que la represión no afectó a la derecha nacionalista desaparecí­a el ocultamiento por parte de los familiares de la filiación polí­tica de las ví­ctimas. Posiblemente los falangistas aparezcan sobrerrepresentados, pero esta distorsión no parece afectar a las dos grandes tradiciones existentes en el seno de la derecha no nacionalista barakaldesa: de un lado, los tradicionalistas y, de otro, los monárquicos, desgajados a esas alturas en diferentes etiquetas.

Para el caso de Barakaldo, el mantenimiento del orden republicano permite disponer de listados de detenidos y su proceso. Así­, pues, es posible realizar un análisis de la lógica polí­tica de represión no centrada exclusivamente en las ví­ctimas mortales.

51 personas de Barakaldo estuvieron encarceladas durante los 11 meses que duró la guerra y 25 sufrieron prisión preventiva. A principios de 1937 el Tribunal Popular de Euzkadi se hizo cargo de estos casos. Casi una tercera parte de los detenidos eran carlistas. Si se cifra la militancia carlista en la localidad alrededor de un centenar de hombres, esto supone que casi un 25% de los carlistas barakaldeses fueron detenidos y, destacadamente, sus dirigentes, como permite constatar el análisis de las juntas de la Sociedad Tradicionalista.

La represión afectó prácticamente a la totalidad de la junta tradicionalista de 1936. El secretario y el tesorero se encuentran entre las ví­ctimas mortales, el contador y dos vocales pasaron en prisión los 11 meses de guerra y otro vocal sufrió prisión preventiva. Curiosamente, escaparon a esta represión el presidente y el vicepresidente.

El primero, José M. de Llaneza, habí­a huido, y el segundo aparece entre los encausados, pero no entre los detenidos. Según su declaración, se dio de baja en febrero, cuando el carlismo no aceptó el resultado electoral y comenzaron los preparativos para el Alzamiento. Contaba, además, a su favor con un informe favorable de Acción Vasca Autónoma que ratificaba su versión y destacaba su comprensión y actuación social en los jurados mixtos.

La junta de 1935 no se vio tan afectada en cuanto a la extensión de la represión, pero sí­ en la intensidad. No tenemos constancia de que dos de sus miembros fuesen ni siquiera encausados, otros dos lo fueron sin que conste detención, pero, en cambio, el vicepresidente y un vocal fueron ejecutados en los barcos prisión. No hay ví­ctimas mortales entre los miembros de la junta de 1934, pero el presidente, el vicepresidente y un vocal pasaron la guerra en prisión; el tesorero sufrió prisión preventiva. En la junta de 1933, sin contar a las personas que hemos nombrando en juntas posteriores, encontramos a tres encarcelados, tres en prisión preventiva y un encausado.

En el caso de los carlistas, por tanto, las detenciones tení­an una clara funcionalidad polí­tica y afectaron a sus dirigentes, disminuyendo a medida que se retrocede hacia juntas anteriores a 1936. Junto a estos dirigentes, se encuentran entre los detenidos bastantes militantes jóvenes que presumiblemente debí­an de formar parte del requeté o participar en los grupos de choque callejeros, como Maximinio López, que ya habí­a sido detenido con una pistola en las elecciones de febrero.

Aunque no existió persecución religiosa en el sentido del resto de la zona republicana, la estrecha vinculación de muchos religiosos a la ultraderecha, especialmente al tradicionalismo, les perfilaba como acreedores de este tipo de medidas represivas. En Barakaldo, tres sacerdotes Paúles fueron detenidos el 16 de agosto por miembros de las patrullas locales, siendo liberados dos horas después. De nuevo, los padres Paúles fueron detenidos el 5 de febrero de 1937, pero esta vez por el Director y Subdirector de Orden Público de Bilbao y ya en el periodo de gobierno autónomo.

Fueron encausados por escuchar Radio Nacional y por ayudar al carlista José Luis Arce a pasar a la zona nacional. Una sentencia del Tribunal Popular de Euzkadi condenó a uno de ellos a 14 años y ocho meses de cárcel y liberó al resto el 18 de mayo. Por otro lado, los dos coadjutores de la parroquia de San Vicente fueron detenidos en el verano de 1936 y, como ya se indicó, uno de ellos encontró la muerte en la segunda matanza en el Cabo Quilates.

Sin embargo, con la excepción de este asesinato y la sentencia contra el padre Paúl, la represión no se dirigió contra los religiosos ni contra los católicos. Un análisis de las juntas de diferentes organismos católicos revela que sólo sufrieron la represión aquéllas personas que, además de participar en el asociacionismo católico, tení­an una militancia polí­tica. Entre los miembros de las juntas de 1931 y 1933 del Sindicato Católico Siderúrgico se produjo un encarcelamiento durante los 11 meses de guerra, pero de un dirigente carlista, y una prisión preventiva, pero de un miembro fundador de Acción Popular. Entre los dirigentes del Centro Católico Obrero se constata otro encarcelamiento durante toda la guerra, pero de un dirigente carlista, y el único caso de prisión preventiva para una persona de la que no se tiene constancia de militancia al margen de la católica, concretamente el presidente en 1932 de la Congregación de Marí­a Inmaculada. De entre los dirigentes de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos sufrió prisión su presidente, que era también miembro fundador de Acción Popular, y el bibliotecario, cuya militancia se desconoce. La represión de retaguardia en Barakaldo pues, no se dirigió contra los católicos y sólo les afectó en la medida en que compartí­an dirigentes con la derecha local no nacionalista.

Además del carlismo, ya analizado, la militancia polí­tica de los católicos represaliados era Acción Popular. En el caso de esta formación no se dispone de la composición de sus juntas, pero sí­ del listado de fundadores en 1933. En total, 14 personas sobre las que represión de retaguardia se abatió con muy distinta intensidad.

De 10 de ellas no se tiene constancia de que fuesen detenidas, dos sufrieron prisión preventiva, una pasó la guerra en prisión y su presidente, José M. Basaldúa, murió en la segunda matanza del Cabo Quilates.

De lo anterior puede concluirse que un tercio de las detenciones de retaguardia se practicaron sobre los carlistas, que no afectaron a los católicos, y poco a Acción Popular. La cuestión, entonces, es determinar quiénes eran y por qué fueron detenidos los dos tercios restantes de la muestra que estamos analizando.

Los tribunales de guerra hacen referencia a estas personas con el genérico calificativo de derechas. Después de la guerra se les engloba bajo el epí­grafe de monárquicos. El problema radica en que, al no contar la derecha monárquica con una estructura asociativa similar a la del resto de las fuerzas polí­ticas durante la República, la mayorí­a de estos nombres resultan absolutamente desconocidos. El vaciado de la actividad polí­tica y asociativa de los años republicanos no ofrece ninguna información sobre ellos. Tampoco un análisis desde la actividad profesional arroja una caracterización definida de este grupo. El grupo profesional más numeroso de entre los encarcelados de derechas era el de los jornaleros, mientras que empleados y comerciantes suponí­an poco más del 35%.

En resumen, pues, las detenciones de retaguardia se dirigí­an contra los dirigentes carlistas y contra los monárquicos, evitando a los católicos en la medida en que no participaban en la actividad polí­tica y asociativa de estos grupos. De los detenidos carlistas, que representaban un tercio del total, se sabe que mayoritariamente eran dirigentes; de los detenidos de derechas o monárquicos se desconoce su significación polí­tica, pero se ha establecido que no son un grupo homogéneo socialmente.

La siguiente cuestión a analizar es si la represión que acabó en muertes respondí­a a esta misma lógica. El cuadro adjunto muestra a las claras que esto no era así­. Los carlistas barakaldeses eran mucho más numerosos entre las ví­ctimas mortales que entre los detenidos. Esta opción polí­tica agrupa a más de la mitad de las ví­ctimas. Siguen a bastante distancia los monárquicos, que representan casi el 20% de las ví­ctimas mortales, a pesar de ser el grupo más numeroso entre los detenidos, y después, falangistas y miembros o simpatizantes de Acción Popular.

Este desajuste entre detenidos y ví­ctimas mortales indica que ambos tipos de represión seguí­an lógicas distintas. Las matanzas a bordo de los barcos-prisión, que provocaron más de la mitad de las ví­ctimas barakaldesas, no fueron, por tanto, aleatorias, puesto que de ser así­ se hubiera tendido a mantener la proporción existente entre los detenidos. Por el contrario, la selección de las ví­ctimas mortales se realizaba a bordo siguió criterios sensiblemente diferentes a los utilizados para la detención. En primer lugar, destaca la abundancia de carlistas, la mitad de los barakaldeses ejecutados en los barcos. En segundo, la significación polí­tica de las ví­ctimas. Además de tres dirigentes carlistas, fueron ví­ctimas de estas matanzas el presidente de Acción Popular y el destacado ultraderechista Emilio Rojí­, antiguo upetista y falangista según la Causa General en el momento de su muerte72, además de un sacerdote. Se trata, en definitiva, de la misma lógica que subyací­a al paseo del dirigente monárquico Pedro Elí­as. Si las detenciones parecí­an tener un carácter preventivo y afectaban a un amplio espectro de las derechas locales no nacionalistas, los asesinatos se dirigí­an contra personajes destacados de la derecha local, y especialmente contra sus miembros más activos en la lucha callejera, los carlistas y falangistas.

Edad

En la localidad vicaí­na, la edad media se situaba en torno a los 30 años, con un mí­nimo de 21 y un máximo de 66. Por filiación polí­tica, las ví­ctimas monárquicas eran como media mayores que las del resto de los grupos polí­ticos. Este dato es congruente con la caracterización realizada con anterioridad del grupo monárquico como personajes más relevantes socialmente que el resto de los represaliados. La juventud de carlistas y falangistas, por su parte, responderí­a a la elevada presencia en esos grupos de jóvenes combativos pertenecientes al requeté o a los grupos de acción de Falange.

4.6.- La normalización institucional

Tras la dispersión de poderes que habí­a caracterizado al bando republicano durante el verano, la centralización y la institucionalización fueron afirmándose a lo largo del otoño.

La derecha nacionalista no sólo se habí­a integrado en septiembre en el gobierno de Largo Caballero, sino que, tras la aprobación del Estatuto Vasco en octubre, pasaba a protagonizar la polí­tica del nuevo gobierno vasco. De manera similar a lo que habí­a sucedido en Cataluña, el Departamento de Gobernación del Gobierno de Euzkadi publicó el 16 de noviembre de 1936 un Decreto por el que disolví­a las Juntas de Defensa locales y traspasaba todas sus funciones a los ayuntamientos. Se restauraba así­ a los concejales electos en 1931, con la excepción de aquéllos que habí­an sido destituidos a lo largo del verano. En el caso de Barakaldo, los destituidos habí­an sido los concejales de la derecha no nacionalista (católicos independientes y los republicanos radicales). Sus vacantes habí­an de cubrirse con concejales propuestos por el Frente Popular y el PNV, en proporción a los votos obtenidos por estas formaciones en las elecciones de febrero de 1936.

Esta fórmula permití­a adecuar en parte la composición municipal a la correlación de fuerzas existente con anterioridad al estallido de la guerra, corrigiendo una representación municipal que permanecí­a inalterable desde 1931 a pesar de los avatares polí­ticos vividos en el Paí­s Vasco en los años republicanos. Además, en el conjunto de Vizcaya, favorecí­a notablemente a los nacionalistas, vencedores en estas últimas elecciones. En Barakaldo, los nuevos nombramientos reequilibraban drásticamente la correlación de fuerzas en el ayuntamiento74. Los socialistas pasaban de siete concejales a 11 y entraban en el ayuntamiento nuevas fuerzas como el PCE con dos regidores e Izquierda Republicana y Unión Republicana, con uno respectivamente. En total, 15 regidores para el centro-izquierda no nacionalista. Mucho más beneficiado salí­a el PNV que pasaba de cuatro a 10 regidores. Permanecí­an en sus puestos los antiguos concejales de ANV que poco antes de la guerra se habí­an escindido para fundar Acción Vasca Autónoma. Con ello, el sector nacionalista contaba con 14 regidores. A ellos se añadí­a el concejal que le correspondí­a nombrar a ANV, de adscripción nacionalista, pero nombrado dentro del cupo correspondiente al Frente Popular.

Esta lí­nea divisoria entre nacionalistas y no nacionalistas marcó las votaciones para la constitución del nuevo ayuntamiento. En ausencia de Luis de Urcullu, de AVA, la votación para alcalde confirmaba al socialista Eustaquio Cañas, alcalde desde marzo, por 15 votos a favor y 14 en blanco. Sin embargo, al no obtenerse mayorí­a absoluta, se entabló una discusión sobre si la votación debí­a repetirse en la misma sesión o en la siguiente, según se siguiese la ley de 1877 o la de 1935. La propuesta de una nueva sesión fue defendida por Acción Vasca Autónoma y secundada por el PNV. Finalmente, el concejal de ANV dio por zanjada la cuestión al sumar su voto a los de la izquierda, permitiendo que se procediera la inmediata repetición de la votación.

Con la abstención de cada bloque cuando el elegido pertenecí­a al bando opuesto, los socialistas obtuvieron la alcaldí­a y la primera tenencia, el PNV la segunda, y el PCE, ANV, IR y UR, se hicieron cargo respectivamente de la tercera, cuarta, quinta y sexta. Una séptima tenencia en poder de los socialistas subrayaba la hegemoní­a de esta fuerza polí­tica. Quedó configurado así­ un equipo de gobierno de concentración en el que se integraban todas las fuerzas polí­ticas, con la excepción de AVA, y en el que las fuerzas no nacionalistas eran hegemónicas. El PNV sólo tení­a una de las tenencias (la 2ª) y los concejales escindidos de ANV abandonaban el equipo de gobierno, en el que habí­an estado desde 1931. En la siguiente sesión el PNV renunciaba a la segunda tenencia «sin que esto suponga ninguna clase de obstrucción». La elección de un socialista para ocupar la vacante dejaba í­ntegramente el gobierno local en manos las izquierdas no nacionalistas, con una destacada hegemoní­a socialista.

El PNV en Barakaldo, por tanto, preferí­an no participar en un grupo de gobierno en el que tení­an poca capacidad de influencia. Eso no significa, sin embargo, que los nacionalistas barakaldeses se inhibiesen a la manera en que lo habí­a hecho el nacionalismo hasta la formación del gobierno vasco. La insistencia en la cuestión formal en la sesión de constitución, a pesar de la premura que imponí­a la situación de guerra según los socialistas, revela que pretendí­an hacerse con el gobierno de la localidad. Su estrategia polí­tica se centraba en la formación de un frente nacionalista con los concejales de AVA, escindidos de ANV, y el nuevo concejal de esta formación. Reeditaban, así­, la estrategia que habí­an seguido en los meses anteriores a la guerra. Contaban para ello con la disposición de los antiguos concejales de ANV, que precisamente habí­an sido expulsados de la formación por ese pacto, aunque no fueron seguidos hasta el final por el nuevo concejal de ANV. El compromiso nacionalista con la nueva situación se puede medir también por las caracterí­sticas de sus nuevos concejales. La notable ampliación del grupo nacionalista llevaba al ayuntamiento a una representación del entramado institucional nacionalista en la localidad. Entre los recién nombrados figuraban el presidente del Batzoki de Barakaldo en 1934, el presidente del Batzoki del Regato de este mismo año, a un antiguo presidente de STV y vocal de la Junta Municipal y a un dirigente solidario, además del hijo de uno de los primeros.

Antonio Fco. Canales Serrano