La derecha en Barakaldo (1939-1975)

.- El franquismo

El debate sobre la naturaleza del franquismo ha producido una amplia bibliografí­a y notables esfuerzos teóricos por parte de historiadores y otros cientí­ficos sociales por conceptualizar el régimen. Buena parte de este debate se ha venido vertebrando en torno a la caracterización del régimen realizada en los años sesenta y desde la ciencia polí­tica por J.J. Linz, que definí­a al régimen como una dictadura autoritaria con pluralismo limitado1. Con ello, Linz desgajaba el franquismo del grupo de regí­menes fascistas clásicos como el alemán o el italiano, pues no encajaba en el concepto de totalitarismo en el que la ciencia polí­tica enmarcaba a los fascismos.

Las crí­ticas a la formulación de Linz estuvieron muy condicionadas por el potencial justificador de su caracterización. No en vano la actitud norteamericana ante el régimen se justificaba en formulaciones bastantes similares a las de Linz. La condena del régimen y la memoria de sus ví­ctimas aparecí­a estrechamente ligada a su conceptualización como fascista.

Sin embargo, a pesar de este transfondo, el debate nunca se circunscribió a argumentos de tipo polí­tico o moral. Frente a la propuesta de Linz se fue dsarrollando todo un entramado argumentativo teóricamente solvente que subrayaba los profundos paralelismos entre el franquismo y los casos alemán e italiano, al menos en sus orí­genes.

Y es que la supervivencia del régimen a las dictaduras europeas y la evolución que necesariamente implicaba su larga duración dificultaban notablemente una conceptualización global.

La caracterización de Linz parecí­a inspirarse en la realidad del régimen en los sesenta, mientras que los primeros años de postguerra centraban el interés de los defensores de su caracterización como fascista. En este sentido, Josep Fontana establecí­a que la comprensión del régimen debí­a centrarse en la inmediata postguerra, que «es cuando se nos aparecen sus propósitos libres de disfraces e interferencias» que caracterizarí­an su larga evolución adaptativa. En esta formulación, el planteamiento de Fontana puede ser criticado como esencialista e idealista, en la medida en que se centraba más en las intenciones de los dirigentes franquistas que en la configuración real del régimen. Sin embargo, Fontana tení­a razón en su acotamiento cronológico e incidí­a en una cuestión clave para el debate que hay que explicitar en toda conceptualización del régimen si no se quiere derivar hacia eruditos debates escolásticos.

No se trata tanto de que si el franquismo hubiera caí­do ante las tropas aliadas en 1945 el debate hubiera dejado de existir. Incluso en ese caso hubiera sido posible, especialmente si parte de la historiografí­a posterior hubiera sentido la necesidad de justificarlo o exculparlo. La cuestión es que si el fascismo italiano no hubiera entrado en la guerra y hubiese sobrevivido adaptándose al contexto de la guerra frí­a ¿se le podrí­a caracterizar de fascista? Obviamente una respuesta serí­a que entró en la guerra y que por eso era fascista o, de manera similar, puesto que era fascista no podí­a dejar de hacerlo. En ciencias sociales, las hipótesis contrafactuales corren siempre el riesgo de convertirse en estériles ante este tipo de respuestas. Sin embargo, parece indudable que la victoria aliada supone una cesura histórica de tal magnitud que puede sostenerse que de la evolución del régimen no se deriva su caracterización anterior. Por ello, la cuestión cronológica es crucial en el debate y hay que aclarar si se habla del régimen antes de que la derrota alemana se viera clara o del régimen en su conjunto. Pocos mantienen que el régimen fuera fascista en los años sesenta. El tema es si el franquismo en su conjunto es  la evolución adaptativa de un fascismo inicial o si es la deriva de otro tipo de régimen.

Delimitado así­ el debate, los defensores de conceptualizar el franquismo como fascismo presentan argumentos de peso. El franquismo pretendió una reestructuración radical de la sociedad con el fin de ofrecer una respuesta definitiva a los desafí­os polí­ticos, sociales y culturales planteados por las masas a los sistemas liberales heredados del siglo XIX. Y esta respuesta pasaba básicamente por derrotar a los sectores que vení­an planteando tales desafí­os, prioritariamente a los trabajadores, pero no sólo a ellos. Esto implicaba acabar con los presupuestos liberales que habí­an permitido su planteamiento y que estaban en la base del funcionamiento de las sociedades europeas, como mí­nimo, desde la caí­da del absolutismo. Pero no sólo coincidí­a con los regí­menes italiano y alemán en sus objetivos. También los mecanismos aplicados para llevar a cabo tal proyecto eran notablemente similares, y, por tanto, la configuración del régimen.

Sin embargo, esta identidad no puede obviar las peculiaridades del régimen español frente a sus congéneres, desde la debilidad de Falange pasando por el papel de los militares o, más todaví­a, el de la Iglesia. Ello ha dado lugar a que se preste mayor atención al funcionamiento real de los regí­menes italiano y alemán, más allá de la imagen de perfecto totalitarismo que proyectan, y se subrayen algunas similitudes en cuanto a actuación de otros grupos, continuidades de situaciones anteriores, etc.

Paralelamente, se ha insistido en que aún cuando los agentes actuantes no fuesen los mismos, sí­ que existen notables paralelismos en lo concerniente a la función que realizaron. Estas peculiaridades derivan de la especí­fica toma del poder del proyecto fascista a través de una guerra civil protagonizada por los militares y no de la ofensiva del partido fascista. Necesariamente ello implica una configuración especí­fica que no cuestiona la identidad. Pero, ¿realmente no la cuestiona?. ¿Puede mantenerse que la similitud de proyecto y actuaciones basta para convertir en secundaria la correlación de fuerzas diferenciada fruto de la guerra civil?. ¿O debe afirmarse, por contrario, que la necesidad de una guerra civil ante la debilidad del fascismo español constituye precisamente la constatación del fracaso del fascismo en España?.

Para dar cuenta de esta especificidad del franquismo como «el menos fascista de los regí­menes fascistas o el más próximo al fascismo de entre los no fascistas», Ismael Saz ha propuesto su conceptualización como dictadura fascistizada. Llegados a este punto, pudiera parecer que la conceptualización del franquismo se retrotrae al principio del debate. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Las peculiaridades españolas a las que ahora se presta atención no remiten ya a la relativa benevolencia del régimen frente a nazis o fascistas italianos, sino, por el contrario, al papel secundario que en el franquismo jugaron «los mecanismos de integración y movilización [que] permitieran ampliar las bases de apoyo popular»5 . En su lugar, la intensa represión sobre los vencidos se erigió en uno de sus rasgos constitutivos. Desde esta perspectiva, el debate sobre el fascismo del régimen puede liberarse de la losa polí­tica y moral que lo constreñí­a. Que el franquismo no sea fascista no significa que fuera menos malo. Por el contrario, era peor.

En todo caso, la rotulación del régimen va perdiendo centralidad en la medida en que se consolida la producción historiográfica sobre la realidad que impuso y su funcionamiento. Estos estudios, muchos desde el ámbito regional y local, acotan unas franjas de consenso historiográfico que limitan notablemente las posibilidades de caracterización que se dirimí­an en el debate meramente teórico. Como se verá, en la presente investigación las peculiaridades del caso español planean continuamente sobre el análisis. Pero su objetivo no es conceptualizar el régimen a partir de las resistencias de la derecha tradicional a ser desplazada por los falangistas o del papel de la Iglesia. No se trata de postular el fracaso del proyecto totalitario, ni, por el contrario, de apuntalar la concepción fascista subrayando las identidades funcionales como la función socializadora en los nuevos valores de la Iglesia. Se pretende simplemente señalar que estas peculiaridades estaban ahí­, pero a la vez marcar los lí­mites de estas disidencias y tensiones y subrayar el consenso básico en torno a las radicales y novedosas medidas de intervención sobre la sociedad que puso en práctica el franquismo y que tanto se asemejan a las alemanas e italianas. Si este consenso basta para caracterizar al régimen como fascista o si además es necesario un acuerdo adicional sobre quién debí­a mandar, qué organizaciones debí­an encuadrar la sociedad y una ideologí­a cerrada y coherente es algo que desborda las pretensiones de este estudio. Posiblemente en estos momentos resulte más fructí­fero desbrozar entre todo lo escrito lo que no puede sostenerse a la luz de las investigaciones que ofrecer una conceptualización acabada de la naturaleza del régimen.

5.1.- El franquismo a escala local: las lógicas de la victoria.

Con bastante independencia de la postura mantenida en el debate sobre su conceptualización, el funcionamiento polí­tico del régimen se ha venido enmarcando en la pugna entre los grupos polí­ticos que se han conocido como familias polí­ticas, con sus componentes falangista, tradicionalista, católico y monárquico. Así­ lo han reflejado multitud de aportaciones locales o provinciales que traducen este esquema general a su ámbito de estudio.

Sin embargo, otras investigaciones señalan la dificultad de realizar esta traslación del esquema politicista a sus respectivos ámbitos de estudio. En un principio, esta dificultad se atribuyó a las caracterí­sticas propias de los contextos polí­ticos que se estudiaban, en los que no todas las familias estaban presentes. Pero progresivamente se fue haciendo evidente para muchos investigadores que la explicación del inestable y heterogéneo panorama polí­tico local y provincial del primer franquismo apuntaba más allá de las dificultades de traslación de un equilibrio polí­tico central a condiciones locales heterogéneas en el proceso de asentamiento del régimen. Tampoco el centro parecí­a disponer de criterios polí­ticos uní­vocos sobre quién debí­a vertebrar polí­ticamente la Nueva España, tal como ponen de manifiesto las intervenciones centrales en las pugnas locales. Muestra de ello es el panorama descrito por A. Cazorla en el que la desorientación polí­tica de la Falange y la lucha de bandos o capillas por el poder presidirí­a la realidad de la España de la postguerra. La constatación de este reguero de conflictos requiere de un marco explicativo que lo haga comprensible si no se quiere transmitir la imagen de un régimen inestable y extremadamente débil que, en el fondo, se mantendrí­a por la ineptitud de los que debí­an haberlo derrocado. No es esto lo que afirma Cazorla, pero algo de ello destilan las páginas que dedica a la oposición.

Por el contrario, el régimen no era débil y prueba de ello fue no sólo la represión que siguió ejerciendo durante años sobre los vencidos, sino que nunca se viera en la necesidad de tender puentes hacia ellos. Esta heterogeneidad y relativa inestabilidad polí­tica se derivaba del hecho de que no habí­a sido un partido el protagonista de la destrucción del Estado y la sociedad liberal en España, sino un golpe militar que desembocó en una larga guerra civil. El franquismo fue el resultado de la victoria en esa guerra civil y ello impuso lógicas que no estaban presentes en los casos italianos y alemán, aunque estos regí­menes constituyeran la referencia de la nueva sociedad que se pretendí­a construir y se aplicaran mecanismos de organización y encuadramiento similares. Por tanto, fue la victoria bélica lo que legitimó la Nueva España, y no una ideologí­a polí­tica partidista concreta. De ahí­ que, a pesar que de que el falangismo tendiese a erigirse en el referente ideológico oficial del régimen, no pudiera desplazar al resto de las tradiciones polí­ticas que habí­an colaborado en tal victoria. Además, el escaso arraigo de los falangistas en muchas zonas los convertí­a en poco o nada representativos de aquellos poderes sociales que también habí­an ganado la guerra. Y es que la victoria no se agotaba en su dimensión polí­tica. En la guerra civil se lidiaron otros muchos temas estrechamente vinculados. Existió un victoria religiosa que acabó con el largo debate sobre el papel de la Iglesia en la sociedad española. Muy ligado a ello, existió también una victoria cultural que mandó al paredón, a la cárcel o al exilio a los presentantes de un amplio espectro de tradiciones culturales y cientí­ficas que se habí­an venido oponiendo a la estrecha tradición cultural integrista y reaccionaria que salí­a vencedora de la guerra. Forzando la caracterización podrí­a incluso hablarse de una victoria de género. La victoria acabó radicalmente con los procesos de promoción de la mujer española y, de hecho, la disidencia frente al modelo femenino victorioso se consideraba, como se verá, una afrenta la sangre de los mártires. Finalmente, existió otra victoria crucial para la comprensión del régimen: la victoria social.

La concreción del régimen en sus distintos niveles y ámbitos geográficos responderí­a a la combinación de las lógicas derivadas de todas estas victorias. En esta investigación se propone tomar la victoria polí­tica y la social como los parámetros de la comparación. Victoria polí­tica y victoria social constituyen, así­, dos ejes de coordenadas que delimitan un espacio de posibilidades de concreción del régimen a escala local y regional cuya utilidad, como mí­nimo heurí­stica, no se restringe al caso de Barakaldo.

La victoria polí­tica.

El eje de la victoria polí­tica expresa el grado de identificación con las tradiciones polí­ticas que el régimen declaraba como suyas. Por tanto, no supone ningún pluralismo, puesto que la ortodoxia falangista no agotaba la victoria polí­tica. Los falangistas eran, de hecho, un sector minoritario en la alianza polí­tica que generó el bando nacional.

Tampoco puede dar cuenta exactamente del grado de radicalidad y novedad de las propuestas polí­ticas de los grupos que integraban esta coalición. Como señala Saz, la alianza contrarevolucionaria «no se daba sólo entre las fuerzas clásicas de la derecha y los fascistas, sino que en su conjunto hay que incluir como un elemento esencial a las fuerzas de la derecha fascistizada»7. Nada autoriza a pensar que los monárquicos siguieran defendiendo los principios liberales clásicos o que los sectores procedentes de otras tradiciones de la derecha quedaran a la zaga en la radicalidad en sus proyectos de reestructuración de la sociedad española. En realidad, el eje de la victoria polí­tica no mide esta radicalidad ni la novedad de estas propuestas, sino la presencia de las tradiciones polí­ticas de preguerra entre los vencedores. Y éstas no eran un elemento secundario, sino que se esgrimí­an como argumento de peso para reclamar o denegar un lugar polí­tico en la Nueva España.

Las luchas locales por el poder en los años cuarenta, con sus secuelas de descalificación polí­tica del contrario, muestran que el régimen no contaba con un criterio polí­tico claro para determinar quién debí­a mandar. Esta ambigí¼edad nos remite al proceso especí­fico por llevó a Franco al poder.

En Alemania e Italia el proceso de destrucción de la sociedad y el Estado liberales fue liderado por partidos fascistas. En ambos casos, se produjo una convergencia y satelización del espectro antiliberal en torno a estos partidos, ya fuera integrando sectores procedentes de tradiciones polí­ticas diferenciadas dentro del partido, ya fuera por medio del pacto entre el partido fascista y poderes claves para la consecución de sus objetivos. En todo caso, en el momento de instauración del régimen fascista existí­a una jerarquización de sus bases de apoyo en torno al partido y a su lí­der.

En España, por el contrario, el protagonismo militar substituyó a este movimiento ofensivo. En consecuencia, la única jerarquización real era la relación de subordinación de los diferentes grupos que habí­an colaborado en la victoria con respecto a los militares que la habí­an protagonizado, con el general Franco a su cabeza. Las distintas tradiciones polí­ticas, al igual que amplios sectores sin filiación polí­tica concreta, reconocieron esta jerarquización; pero nunca acabaron de transigir con la aparente intención del régimen de erigir a una de las tradiciones situadas al mismo nivel, el falangismo, en eje vertebrador del conjunto de subordinados. Habí­a sectores fieles a Franco y a su proyecto, pero que no concebí­an la necesidad del partido único y otros, los más, que comulgaban con la necesidad de una estructura de encuadramiento polí­tico como FET-JONS que institucionalizase el consenso franquista, pero se oponí­an a que fuera la plataforma de promoción de viejos falangistas y nuevos arribistas.

Así­, pues, al acabar la guerra, subsistí­an diferencias polí­ticas entre los vencedores sin que ninguno de ellos estuviera dispuesto a subordinarse a uno de sus compañeros de coalición; fundamentalmente, porque tal subordinación no era la única fuente de poder en el régimen. Ahora bien, tales disensiones remití­an estrictamente a una competencia en un marco común, en el mismo sentido en que se daban en el seno de los partidos fascistas victoriosos, nunca al cuestionamiento de este marco. La coalición franquista no era meramente una reacción negativa ante lo que habí­a supuesto la República, escindida sobre el rumbo a seguir una vez conseguida la victoria. Como se desprende con claridad del esquema comparativo de Luebbert, el franquismo distaba mucho de ser una dictadura conservadora tradicional. «La dictadura tradicional y el nacionalismo no implicaban nada acerca de la organización polí­tica de la sociedad más que la supresión del disenso»; bajo el franquismo, igual que en Alemania e Italia, por el contrario, «la estabilización autoritaria requirió mucho más que en el Este: el cierre de los parlamentos, la extinción de todos los partidos polí­ticos, la supresión de toda libertad de prensa, y especialmente, la destrucción del movimiento obrero y su substitución por organizaciones monopolistas de control estatal».

En definitiva, no se trataba simplemente de bloquear los peligrosos derroteros por los que avanzaba la reforma republicana, sino de la destrucción de los presupuestos en que se habí­an basado el Estado y la sociedad liberales y la instauración de un nuevo régimen caracterizado por la subordinación jerarquizada de la sociedad a un Estado totalitario o, como mí­nimo, fuertemente autoritario. Este era el mí­nimo común denominador de los grupos que apoyaban al franquismo y era un mí­nimo lo suficientemente restrictivo y novedoso como para que pueda hablarse de competencia de proyectos polí­ticos realmente diferenciados. Todos estaban de acuerdo en la necesidad de enterrar la tradición liberal, incluso en sus versiones más conservadoras y autoritarias, e imponer un control del Estado sobre la sociedad y los ciudadanos sin precedentes que imposibilitara el resurgimiento de los desafí­os que habí­an presidido el siglo XX. Y además, y este es el rasgo caracterí­stico del caso español, estaban de acuerdo en que la premisa básica para que este proyecto pudiera desarrollarse era una intervención represiva de amplio alcance que eliminara fí­sicamente a aquéllos que se oponí­an y paralizara por el terror a futuros opositores. La concreción del proyecto de reestructuración profunda podí­a ser discutido, pero nadie dudaba de que sin esa limpieza ningún proyecto tení­a posibilidades de triunfo. Cuestión aparte es que algunos prefirieran dejar que otros hicieran la tarea sucia. Frente a esta amplia zona de acuerdo positivo, la renuncia a abandonar las respectivas tradiciones ideológicas y a subordinarse a alguno de los competidores polí­ticos de la coalición era simplemente el resultado de cómo se habí­an alcanzado tales innovadores objetivos en España, es decir, a través de una guerra civil dirigida por los militares y no a través de la movilización polí­tica.

La coincidencia básica de todas estas tradiciones polí­ticas en torno a un núcleo de objetivos muy restringido queda subrayada por el hecho de que las maniobras y conspiraciones más importantes para substituir al general Franco se desarrollaron mientras se creyó que de la II Guerra Mundial iba a resultar un orden polí­tico internacional fascista o fascistizado. Este era el contexto en el que tení­a sentido la pugna entre sectores no jerarquizados entre sí­ por conseguir el máximo, es decir, rematar el régimen surgido de la guerra con una dirección polí­tica acorde con la tradición ideológica, simbólica y clientelar propia. Estas maniobras sencillamente se desactivaron cuando empezó a vislumbrarse que cualquier alternativa a Franco habrí­a de operar en el marco de la victoria liberal internacional. En consecuencia, se prescindió de  pretensiones últimas y se cerró filas en torno al núcleo de objetivos básicos de cuya continuidad  Franco era la única garantí­a. La discusión sobre si este núcleo básico habí­a sido fascista o corporativo, totalitario o autoritario es una cuestión relativamente secundaria para comprender la evolución del régimen a partir de 1945. Con independencia de la formulación concreta a que hubiese dado lugar, todos se aplicaron en la perpetuar el máximo posible de lo conseguido.

El eje de la victoria polí­tica debe entenderse en este contexto de pugna limitada. Aparentemente, aquéllos que podí­an esgrimir un historial de beligerante españolismo antiliberal, limpio de accidentalismos, complicidades y oportunistas transigencias vergonzantes estaban llamados a protagonizar la Nueva España y, ciertamente, obtuvieron en un principio importantes posiciones de poder. En consecuencia, en esta escala de la ortodoxia, el máximo corresponderí­a a falangistas y tradicionalistas, e irí­a decreciendo a través de los monárquicos y católicos y otros grupos de la derecha hasta llegar a las derechas de tradición no españolista como la Lliga y eventualmente sectores satelizados por el PNV. Pero, esta graduación no implica pluralismo, ni cuestiona después de 1945 la voluntad común de hacer pervivir el régimen.

Pero es que, además, la adscripción polí­tica a una u otra tradición no era el único factor determinante. Tanto o más era la lógica que imponí­a la otra victoria: la victoria social.

La victoria social

Este segundo eje precisa de menos puntualizaciones que el primero. Nadie parece negar la dimensión social de la victoria. Uno de los principales objetivos de la guerra fue retornar a la sumisión, con pretensiones de perpetuidad, a aquéllos que con distinta intensidad y ritmo habí­an desafiado las posiciones de dominio de las élites socioeconómicas tradicionales. A diferencia de lo que Burleigh y Wipperlamann establecen para el régimen nazi9, en el caso del franquismo estas élites no estuvieron dispuestas a verse despojadas de su poder polí­tico a cambio del mantenimiento de su preeminencia social. Por el contrario, a escala local y provincial se aprestaron a controlar el poder polí­tico en contra de aquellos individuos promocionados por la lógica de la victoria polí­tica que no contaban con su confianza. No se habí­a hecho la guerra para que unos falangistas advenedizos vinieran a mandar y, menos aún, a modificar las relaciones de poder social y económico imperantes en cada contexto local o provincial.

Esta dimensión social de la victoria acabó de cimentar el ya amplio consenso anteriormente señalado en el terreno polí­tico. Para gran parte de las élites tradicionales, la confirmación de su dominio social y económico compensaba ampliamente los posibles resquemores ante la conveniencia de suprimir toda representatividad en el Estado o ante la correlación de fuerzas resultante de esta supresión. La destrucción del movimiento obrero, el encuadramiento de la sociedad en instituciones disciplinadas y jerarquizadas, el restablecimiento de las jerarquí­as sociales, la desaparición de la carga fiscal sobre la riqueza, el retorno al sistema educativo selectivo y elitista., etc. son elementos que explican el apoyo básico de los poderes sociales al régimen al margen del hipotético disgusto con su retórica oficial.

Teóricamente, la victoria polí­tica resultaba independiente de la situación de los vencedores en la escala social. De tal victoria no deberí­a deducirse necesariamente ningún perfil sociológico especí­fico del nuevo personal polí­tico. Sin embargo, las investigaciones locales constatan que estos perfiles sociológicos no fueron aleatorios.

La significación socioeconómica pesaba tanto o más que la militancia polí­tica en el ánimo del régimen a la hora de terciar en una pugna polí­tica local.

En definitiva, la victoria social constituirí­a el contrapunto de las élites sociales tradicionales de cada contexto local y provincial a las novedades polí­ticas introducidas por el régimen y, concretamente, a la promoción de sectores ajenos a los núcleos de extracción tradicionales por la ví­a de la victoria polí­tica.

La lógicas vasca

A diferencia de lo que pasaba en Cataluña, la derecha que cumplí­a las exigencias de ortodoxia polí­tica demandadas por el régimen habí­a tenido una presencia importante en el escenario polí­tico vasco de preguerra. Las fuerzas polí­ticas que constituí­an en oposición a la izquierda y al nacionalismo el tercer vértice del triángulo polí­tico vasco durante la República se habí­an caracterizado por su antiliberalismo y españolismo. Aunque su fuerza en Vizcaya no podí­a compararse a la que tení­a en Guipúzcoa y, más todaví­a, en Alava y Navarra, el carlismo habí­a conseguido tejer una estructura de implantación extensa y de base popular. Los monárquicos alfonsinos, por su parte, habí­an compensado su tradicional debilidad organizativa con el poder que se derivaba de su directa vinculación con las grandes familias industriales y financieras de la provincia. La adscripción a Renovación Española de los jóvenes que protagonizaron el actividad monárquica durante la República ilustraba una acelerada evolución hacia un monarquismo autoritario, antiliberal y ultraespañolista para el que el liberalismo era sólo, en palabras de José F. Lequerica, «el traje europeo de rigor».

La evolución de la polí­tica europea permitió pronto la posibilidad de un cambio de traje. Así­, estos núcleos monárquicos alfonsinos acabaron por establecer una especie de tutela sobre la Falange bilbaí­na. José Antonio ejercí­a una intensa atracción sobre Lequerica y José M. de Areilza medió entre Falange y las JONS para conseguir la fusión de ambas organizaciones, además de formar parte del primer Consejo Nacional del nuevo partido, sin abandonar por ello su militancia en Renovación. Una parte de la juventud monárquica se decantó por el nuevo partido, pero, además de una radicalización juvenil del monarquismo autoritario, la Falange bilbaí­na representaba «la incorporación de nuevos elementos radicales, ajenos a la élites tradicionales, a la acción polí­tica».

La victoria polí­tica de este conglomerado españolista de ultraderecha sobre la izquierda y el nacionalismo vasco lo convirtió en el eje vertebrador del régimen franquista en Vizcaya. En el ayuntamiento de Bilbao y en la Diputación, esta victoria polí­tica coincidió a grandes rasgos con una victoria social. A través de los abogados e ingenieros industriales que coparon ambas instituciones, la llamada oligarquí­a vizcaí­na recuperaba el poder polí­tico en la provincia, e incluso, lo ampliaba con el establecimiento de un canal privilegiado de comunicación con las más altas instancias polí­ticas del régimen.

La hegemoní­a dentro del conjunto de fuerzas que componí­an el vértice polí­ticamente vencedor correspondió a los hombres procedentes del monarquismo alfonsino. Sin embargo, a pesar de que algunas personalidades mantuvieran esta adscripción dentro del juego de las familias polí­ticas, este predominio no puede interpretarse como la supremací­a de la familia monárquica en Vizcaya; era simplemente una consecuencia de la adscripción tradicional de la burguesí­a vizcaí­na restaurada en el poder. Como señala Elena Mariezcurrena, lo fundamental fue que «la clase económicamente dominante se declaró franquista», sin ulteriores implicaciones.

Mientras este personal procedente del monarquismo sintetizaba la doble victoria, social y polí­tica, los falangistas representaban básicamente la lógica de la victoria polí­tica. En contraste con la extracción netamente burguesa de los primeros, los falangistas presentes en la Diputación y en el ayuntamiento de Bilbao en 1942 eran, en su mayorí­a, hombres ajenos a las élites de poder vizcaí­nas tradicionales: empleados, agentes comerciales, periodistas…, hombres que debí­an su presencia polí­tica a su condición de camisas viejas históricos15. Esta derivación polí­tica de la victoria en la conformación del núcleo dirigente de las principales instituciones vizcaí­nas parecí­a agotarse en los falangistas. Los carlistas, a pesar de su base social, fueron perdiendo influencia a escala provincial. José M. Oriol cesó de sus cargos de alcalde y jefe provincial de FET-JONS en diciembre de 1940, y en septiembre de 1942 lo hicieron los carlistas que lo sustituyeron en estos cargos.

Sin embargo, este modelo de funcionamiento basado en la doble victoria que se impuso en las instituciones centrales de la provincia no era fácil de reproducir a escala local. De entrada, su extensión geográfica estaba doblemente limitada por la concentración polí­tica y económica de la élite vizcaí­na. Por un lado, la implantación monárquica se habí­a limitado a la capital y a los núcleos de residencia de las grandes familias; por otro, la concentración industrial suponí­a la inexistencia de burguesí­as industriales locales que pudieran reproducir a esta escala el modelo provincial.

Lo verdaderamente especí­fico del caso vizcaí­no fue que esta doble limitación no podí­a ser superada, como en tantos otros lugares, a través de la incorporación de las fuerzas vivas locales. En Vizcaya, una parte de estas clases medias que podí­a haber desarrollado la lógica de la victoria social estaba proscrita por su vinculación al nacionalismo vasco. En la medida en que tanto esta proscripción como la relativa fortaleza e implantación de la derecha españolista impedí­an un desarrollo similar al apuntado para Cataluña, tomaba protagonismo la lógica de la victoria estrictamente polí­tica. Barakaldo constituye una muestra de la primací­a de esta lógica de la victoria polí­tica. Los carlistas acapararon el poder local en 1937 y se negaron a compartirlo con aquellas fuerzas vivas que no pudieran esgrimir un pasado polí­tico ortodoxo. Lavictoria polí­tica se impuso sobre la social.

La victoria polí­tica barakaldesa

«Conste con ella que a las once y treinta minutos de la mañana de hoy entran triunfalmente en Baracaldo las Fuerzas Nacionales del Glorioso Ejército Español, liberando a la Anteiglesia del dominio rojo-separatista. (…) Cesó, pues, hoy, fecha histórica feliz en los anales de Baracaldo (que vuelve a ser la Muy Noble y Muy Leal Anteiglesia) el dominio rojo-separatista que ya sufrí­a el pueblo del llamado Frente Popular desde antes del 18 de julio de 1936, fecha del Glorioso Alzamiento Nacional; y quedan, pues, impuesto en Baracaldo por las armas y heroí­smo nacionales, estos ideales: «Dios y España», que desarraigarán de sus moradores la antipatria y el marxismo inculcados por los malos españoles». Con estas palabras, daba cuenta el Oficial Mayor Nicolás de Santurtún en funciones de Secretario del inicio del franquismo en Barakaldo.

Tras la entrada en la localidad el 22 de junio de 1937, la autoridad militar designó al ingeniero de Altos Hornos Federico Gómez Rubiera como Delegado de la Autoridad Militar. Sin embargo, el mandato de este hombre sin actividad polí­tica previa conocida fue muy breve. Ya el 28 de junio se nombró para este puesto al hombre que habí­a de regir los destinos de Barakaldo durante los siguientes 26 de años: José M. Llaneza Zabaleta.

José M. Llaneza habí­a nacido en León en 1898 y trabajaba en Altos Hornos desde los años de la Dictadura. Facultativo de minas, formaba parte de ese migrado, pero activo grupo social que eran los empleados de altos ingresos en Barakaldo. De filiación carlista, los primeros indicios de su actividad polí­tica aparecen en 1935, fecha en la que se hizo con la presidencia de la Sociedad Tradicionalista de Barakaldo. En 1936 participó como vocal en la Junta de Guerra de Vizcaya desde la que los carlistas prepararon el Alzamiento18. Cuando estalló la guerra, escapó a la Zona Nacional y a su regreso se hizo cargo del poder local en Barakaldo.

El 6 de julio se reuní­a la primera Comisión Gestora interina compuesta por el alcalde y cuatro gestores elegidos por éste. Un repaso a la biografí­a de los elegidos para esta primera Gestora muestra la lí­nea polí­tica que habí­a de regir el mandato de Llaneza.

Benito López Pérez era un empleado de 56 años con experiencia en la polí­tica  municipal. Concejal de 1915 a 1919 y de nuevo en el ayuntamiento final de la Dictadura, habí­a presidido la Sociedad Tradicionalista en 1928 y era vicepresidente en 1938 de la Sociedad de Deportes Oriamendi, el equipo de futbol carlista local. Como muchos otros carlistas barakaldeses, era a la vez padre de activos miembros del tradicionalismo local.

Uno de sus hijos actuó como pistolero en la elecciones de 1936 y, tras su encarcelamiento durante la guerra, ocupaba el cargo de Jefe de Milicias en 1937. Otro de sus hijos murió en el Altuna Mendi. Benito López Pérez eludió la represión de retaguardia declarando ante el Tribunal Popular que habí­a abandonado la Sociedad Tradicionalista, pero fuese o no esto cierto, en 1937 continuaba siendo un elemento lo suficientemente solvente como para instruir el proceso depurador.

Leopoldo Castro Quintano, de 40 años, era otro empleado carlista que habí­a ostentado cargos directivos en la Sociedad Tradicionalista. Concretamente era su tesorero en 1933 y su contador en 1936. Pero, además, Castro ampliaba su actividad local al mundo católico. En 1930 era secretario del Cí­rculo Católico Obrero y en 1934 representaba a la Asociación Católica de Padres de Familia. Habí­a sido también dirigente en 1928 del Desierto FBC. Fue encarcelado durante la guerra. Vicente Bardeci Arechavaleta era un acomodado agricultor de 48 años, también carlista, que, si bien no habí­a formado parte de las juntas tradicionalistas como los dos gestores anteriores, habí­a sido candidato por la candidatura unitaria de las derechas en 1931. No se tiene noticia de que hubiese sufrido la represión de retaguardia, aunque  perdió a su yerno a consecuencia de ella.

Finalmente, Leoncio Pedrosa era un maestro al que no se le conoce actividad polí­tica anterior y cuya ideologí­a polí­tica se cataloga genéricamente de derechas. Sin embargo, su hermano era un militante carlista.

En resumen, pues, el carlismo se hací­a con la hegemoní­a polí­tica en la nueva situación local, con un perfil sociológico muy tí­pico del carlismo barakaldés, empleados en su totalidad, dirigidos por un empleado de mayor rango. El nombramiento de otro carlista como secretario municipal reforzaba la lí­nea polí­tica seguida hasta el momento, en la que la adscripción a una tradición polí­tica concreta, el carlismo y secundariamente el falangismo, constituí­an los criterios para la selección del nuevo personal polí­tico, es decir, para determinar quién tení­a derecho a participar en el poder en la nueva situación.

El 13 de septiembre de 1937 se cerraba este periodo de interinidad con la constitución de una Comisión Gestora más amplia. Llaneza permanecí­a como alcalde  y los antiguos gestores interinos Benito López, Leopoldo Castro y Leoncio Pedrosa ocupaban respectivamente las tres primeras tenencias de alcaldí­a. Entre éstos y Vicente Barcedi que ocupaba la quinta, se situaba un médico de derechas, Juan Nieto de Cossio.

Honorio Rodrí­guez Arboleya, vicepresidente de la Sociedad Tracionalista en 1936 ocupaba la sindicatura.

El resto de los concejales no desvirtuaba el carácter netamente carlista del equipo de gobierno. En total, formaban parte de la Gestora doce carlistas (63,1%), entre ellos el alcalde, cuatro tenientes de alcalde y el sí­ndico, frente a tres gestores de derechas (15,7%), dos de ellos con familiares carlistas, tres falangistas (15.7%) y un gestor de Renovación Española (5.2%). No se tiene información sobre actividad polí­tica anterior de la mayorí­a de estos gestores. Figuran entre ellos el padre de una ví­ctima de las matanzas del Cabo Quilates, el presidente de la Sociedad Tradicionalista en 1933 y 1934, además del hombre que firmaba la prensa católica que se entregaba al ayuntamiento durante la República, el carlista Eladio Pérez, y al secretario de FETJONS, un joven dependiente de 26 años.

En definitiva, la Comisión Gestora de Barakaldo ilustraba la clara victoria de una tradición polí­tica, el carlismo, sobre el resto de las opciones polí­ticas de la derecha españolista. A diferencia de otros lugares, en los que el nuevo régimen tuvo que recurrir a personajes provenientes de tradiciones liberales o no netamente españolistas, en el Paí­s Vasco, y más concretamente en Barakaldo, existí­a una derecha acorde a la ideologí­a oficial del nuevo régimen, integrista en lo católico y reaccionaria en lo polí­tico, antiliberal de siempre y, además, organizada y con arraigo social. Esta derecha se aprestó a tomar el poder tras la derrota militar de republicanos y nacionalistas.

El análisis de la composición social de la Gestora refuerza la primací­a de lo polí­tico en la selección del nuevo personal polí­tico barakaldés. El perfil social de la corporación coincidí­a con el de los dirigentes carlistas analizado en el capí­tulo anterior.

La composición de la Gestora era de 21% de clases altas, 63,1% de medias y 15,7 de bajas. La sobre-representación de las clases altas resulta de incluir en este grupo al alcalde Llaneza, que aunque no era un ingeniero declaraba altos ingresos y tení­a servicio doméstico, a un delineante también de altos ingresos y al agricultor Bardeci, que figura ente los mayores contribuyentes y era vicepresidente en 1937 de la Cámara de la Propiedad Urbana. En todo caso, al margen de la discusión sobre en qué grupo deberí­an figurar estas personas, lo cierto es que no encontramos en el caso de Barakaldo el desembarco burgués caracterí­stico de las primeras corporaciones franquistas de otras localidades. No hay en Barakaldo gestores propietarios, rentistas, industriales, empresarios o ingenieros; ni tan sólo profesionales liberales que pudieran actuar como portavoces de las fuerzas vivas locales (sólo un médico pertenece a este sector en la Gestora barakaldesa). Las clases altas barakaldesas que se habí­an adscrito preferentemente al monarquismo y al catolicismo neutro no encontraban lugar en esta Gestora dominada por los carlistas. En su lugar, los empleados se convertí­an en el sector hegemónico de la corporación. Entre los gestores que no eran empleados destacaban por lo desproporcionado de su presencia tres maestros. Completaban el grupo mesocrático un impresor y un practicante. El resto, un mecánico falangista y dos obreros (carlista y de Renovación Española) subrayaban la primací­a de la victoria polí­tica sobre la victoria social en el caso barakaldés.

De esta primací­a de lo polí­tico se derivaban dos consecuencias trascendentales para la configuración del franquismo barakaldés que se mantuvieron durante dos décadas. En primer lugar, no se permití­a el juego de las fuerzas vivas locales. En segundo, y en parte fruto de lo anterior, tampoco se permitió la participación de personas vinculadas a la tradición nacionalista, al margen de cuál hubiera sido su evolución polí­tica y su actitud ante el Nuevo Estado.

La represión de los vencidos

La represión franquista no ha sido estudiada en el Paí­s Vasco. Ni siquiera los estudios locales aportan datos siquiera aproximativos de su incidencia. No se tienen, pues, datos sobre la incidencia de la represión en Barakaldo. Se sabe que Melchor Jaureguizar, dirigente nacionalista y corresponsal de Euzkadi, fue fusilado. La presencia de un sólo nombre en la historiografí­a nacionalista parece indicar que este tipo de represión no afectó a los nacionalistas barakaldeses.

Existen, sin embargo, fuentes indirectas para evaluar el sentido de la represión que se saldó con encarcelamientos. Un listado de la Policí­a de 1946 recoge los nombres de 153 barakaldeses que se encontraban bajo el control de la Junta de Libertad Vigilada de la localidad. Es, por tanto, una fuente muy parcial en la medida en que no recoge a las personas que seguí­an en prisión, ni a las que habí­an cumplido su pena con anterioridad. Aún así­, resulta significativo que sólo sea posible identificar a un nacionalista, concretamente al presidente de la sección de metalurgia de STV, frente a 14 personas de la izquierda. En este sentido, una entrevista de 1977 a uno de sus miembros revela que los solados del batallón nacionalista Gordexola apresados en la localidad tras la rendición fueron puestos en libertad en 1940.

Más exhaustivo resulta un listado de la Guardia Civil de la misma fecha que recoge a las personas de Alonsótegui que habí­an estado penadas o estaban en libertad vigilada, con indicación de su militancia. En este caso, el listado establece un número bastante elevado de nacionalistas penados (no distingue entre PNV y ANV) como cabí­a esperar de la fuerte implantación nacionalista en el pueblo. Sin embargo, ni siquiera en Alonsótegui eran los nacionalistas la fuerza polí­tica más castigada. Comunistas y socialistas suponí­an casi el 60% de los penados.

A los pocos dí­as de la entrada de los nacionales en la localidad se confeccionó un listado de opositores al régimen a petición de la Comisión de Provincial de Incautación de Bienes de Vizcaya, precedente de los Tribunales de Responsabilidades Polí­ticas. Entre las 108 personas que las nuevas autoridades locales consideraban enemigas sólo figuran un militante del PNV y tres ANV. Socialistas, comunistas e, incluso, republicanos constituí­an el grueso de los barakaldeses que Llaneza proponí­a para sancionar. Se desconoce si posteriormente el Tribunal de Responsabilidades Polí­ticas reclamó nuevas informaciones, pero en estos primeros momentos los nacionalistas conseguí­an eludir la represión económica, cuando en principio constituí­an un grupo mucho más susceptible de asumir multas que la izquierda revolucionaria. De hecho, un informe falangista de 1940 sobre Vizcaya revelaba que las sanciones económicas contra los nacionalistas no se habí­an hecho efectivas y que su cumplimiento dos años después «traerán complicaciones».

De los fragmentarios datos anteriores parece deducirse que los nacionalistas fueron represaliados en la medida en que participaron en la operaciones de guerra, pero que no eran considerados por las nuevas autoridades como enemigos a los que habí­a que castigar con dureza. Eso no significa, como se verá a continuación, que Llaneza les dirigiera ningún tipo de guiño o que pensara dejarles algún margen de maniobra.

Las depuraciones municipales: Barakaldo

La Comisión Gestora Interina nombrada en Barakaldo a principios de julio de 1937 empezó a funcionar con el depositario de fondos y el oficial mayor. El resto de los funcionarios de superior categorí­a habí­a abandonado la localidad siguiendo hacia Santander al ayuntamiento republicano o bien no gozaba de la confianza de las nuevas autoridades. En estas circunstancias, no es de extrañar que una de las prioridades de la

Comisión fuese resolver con la máxima celeridad posible los expedientes de depuración de funcionarios, como paso previo para la necesaria reorganización de la vida municipal.

De ahí­, que su primer acuerdo fue proceder a la destitución de todos los funcionarios del ayuntamiento y abrir el proceso depurador.

El estudio de la depuración municipal se basa en un fondo documental que contiene los expedientes de depuración y en la documentación relativa al proceso.

Estos datos se han contrastado con la certificación de la plantilla previa al 18 de julio de 1936 realizada por el secretario del ayuntamiento el 10 de noviembre de 1937.48 Esto significa que no se tienen en cuenta en el cómputo de depurados a los funcionarios nombrados durante la guerra. Tampoco se considera a aquéllos que aparecen en otros listados, pero no en el de referencia, como es el caso de siete barrenderas o dos bedeles. La adopción de este criterio responde a la necesidad de contar con datos fiables acerca de la plantilla previa con el fin de poder calcular la incidencia de la depuración, ya que se desconoce a cuántos funcionarios en las mismas circunstancias que los anteriores no se les abrió expediente depurador.

Otra precisión necesaria para la comprensión de la incidencia depuradora es la duplicidad de resultados según se tenga en cuenta o no a la banda de música. En la documentación trabajada sólo aparecen como depurados el director de la banda y uno de los músicos, pero estos destituidos reuní­an además la condición de funcionarios de otras secciones del ayuntamiento. Así­, pues, no se tiene constancia de ningún otro integrante la banda que fuese depurado. Dado el rigor depurador de la autoridades barakaldesas, que llegaron a depurar a los becarios municipales, esta circunstancia resulta sospechosa y hace pensar que los expedientes de la banda municipal se encuentran en otro fondo documental, probablemente por haberse instruido con posterioridad dado el carácter secundario del cuerpo. Teniendo en cuenta que la banda estaba compuesta por 50 músicos (casi el 20% de la plantilla municipal) su consideración sin más en el cálculo introducirí­a un sesgo en los resultados bastante notable. Por ello, parece preferible presentar los porcentajes de depuración segregados según se considere o no a este grupo.

Los resultados de la depuración municipal muestran que ésta afectó al 50.23% de la plantilla del ayuntamiento de Barakaldo (40.6% si se incluye la banda municipal).

Sin embargo, esta incidencia no es uniforme, sino que presenta intensidades notablemente diferenciadas por grupos de funcionarios. El grupo más afectado por la depuración fue el del personal administrativo. Este grupo englobaba a los funcionarios de mayor categorí­a y, por tanto, mejorretribuidos del ayuntamiento. Dentro del grupo, la intensidad depuradora variaba, pero un 73.33% de funcionarios destituidos en Secretarí­a, un 100% en Intervención y un 66.66% en Arbitrios apuntan a que la antigua plantilla municipal fue desarbolada por la cúspide. Es difí­cil medir hasta qué punto el hecho de que éstas fueran la secciones centrales en el funcionamiento administrativo de la corporación se tradujo en un mayor porcentaje de funcionarios que acompañaron al ayuntamiento republicano en su retirada. Este fue el caso del secretario municipal que se convirtió en el secretario de la Comisión de Ayuntamientos de Vizcaya instalada en Santander. Sin embargo, cómo se verá en los recursos, algunos funcionarios importantes permanecí­an en la localidad en el momento de la entrada de las tropas nacionales, a la vez que otros funcionarios que habí­an abandonado la localidad fueron readmitidos a finales de año.

Menor incidencia (45.59%) tuvo la depuración en el cuerpo de personal técnico y facultativo. Las secciones más castigadas fueron las de Ví­as y Obras, Aguas y Saneamientos y los de Matadero y Mercados. Contrasta con esta intensidad del proceso depurador en las anteriores secciones técnicas su relativa suavidad en Instrucción Pública (21%), que englobaba a los 19 maestros y maestras municipales de Barakaldo.

En este cuerpo la depuración se limitó a la destitución de cuatro maestras por simpatí­as nacionalistas. Este dato revela que, lejos de la imagen pro-republicana que acompañaba al magisterio español de la época, los maestros y maestras municipales de Barakaldo eran personas bastante afines a la derecha españolista. Mayor incidencia tuvo la depuración en los profesionales de la sanidad municipal, agrupados en la sección de Beneficencia y Sanidad (55%). En este grupo el porcentaje de destituidos variaba notablemente por profesión: sólo uno de los cinco médicos frente a cinco de los ocho practicantes, dos de los tres farmacéuticos y nada menos que tres de las cuatro matronas. De nuevo, las mujeres se perfilaban como el grupo más castigado.

La incidencia de la depuración ronda el 50% en el personal subalterno, porcentaje sensiblemente inferior al del personal administrativo. Destaca dentro de esta categorí­a la guardia municipal, depurada en el 54% de sus efectivos.

Este repaso a la dispar incidencia de la depuración en las distintas categorí­as profesionales de la plantilla municipal apunta a que la depuración en Barakaldo se dirigió más contra las clases medias no adictas a la nueva situación que contra las clases bajas. La lógica de la victoria polí­tica se imponí­a también sobre la social en este terreno.

La victoria polí­tica se dirigí­a contra aquéllos que previsiblemente iban a movilizarse para ocupar posiciones en la nueva España sin haberse comprometido con las opciones de la ultraderecha españolista. Y la dureza de la depuración anunciaba los criterios excluyentes que iban a vertebrar el funcionamiento poder local franquista en Barakaldo.

El sentido de la depuración se puede constatar en los recursos. En diciembre de 1937 fueron readmitidos una decena de guardias municipales por movilización forzosa y en 1939 se produjo la única suspensión de un acuerdo de la Comisión Depuradora de la que se han encontrado noticias. Se trataba del mozo de cuadra Lucio Martí­n Martí­n, que habí­a sido destituido por sus simpatí­as socialistas. Tras la revisión del expediente solicitada por la autoridad superior, la corporación municipal se ratificaba en junio de 1939 en la destitución. Sin embargo, la Subsecretarí­a del Ministerio del Gobernación revocó este acuerdo considerando que «se basa en la significación izquierdista del encartado, pero más que por su actuación por las amistades que frecuentaba» y «que ni el espí­ritu presidente ni la sabia disposición del Decreto n. 108 de la Junta de Defensa Nacional, ni el justí­simo y moral fundamento de la Ley de 10 de febrero del actual año de la Victoria, son en manera alguna propicios a la realización y práctica de resoluciones que puedan implicar la más leve u somera lesión a la justicia y el derecho».

Se desconoce hasta qué punto resultaba especialmente arbitraria la destitución de este funcionario, pero la doctrina establecida por el Ministerio de Gobernación resultaba como mí­nimo sorprendente en el arbitrario clima represivo de la inmediata postguerra y, además, contradictoria con las argumentaciones que se hací­an valer en otros recursos. En todo caso, tampoco las autoridades barakaldesas parecí­an demasiado interesadas en forzar una rectificación de la resolución ministerial. Esta actitud ante el recurso de un presunto izquierdista contrasta con la mantenida ante el resto de los recursos presentados por simpatizantes nacionalistas. En estos casos, la Corporación hizo valer su criterio duro e inflexible, incluso ante las resoluciones ministeriales favorables a los recurrentes.

Los recursos de los presuntos nacionalistas coincidí­an en relativizar esta militancia, situando en primer plano el carácter derechista, católico y de orden de esta adscripción, a la vez que intentaban movilizar el apoyo de personajes social y polí­ticamente significativos. En resumen, toda una movilización de la red de solidaridades sociales sobre la que podrí­a haberse erigido un funcionamiento polí­tico basado en la victoria social. Una lógica que las nuevas autoridades locales bloquearon inflexiblemente.

Así­, las maestras situaban en primer plano su solvencia católica, ya fuera alegando el carácter de socia fundadora de la Adoración Nocturna Española y los Jueves  Eucarí­sticos «ambas asociaciones españolí­simas», la condición de miembro de la Acción Católica de la Mujer y el Apostolado de la Oración, o presentando los avales del párroco de San Vicente, Pablo de Guezala y del presidente de la Acción Católica. En este sentido, la argumentación más explí­cita era la de Daniel Zaballa, tesorero del Batzok de Retuerto en 1934, que establecí­a que «el decir católico es sinónimo de la Causa Nacional y nadie puede discutir al narrante aquella condición que profesa como sus antepasados con todo fervor». Si además el recurrente reuní­a la condición «de soldado del Movimiento Salvador», la militancia nacionalista se convertí­a en una cuestión secundaria que no habí­a de empañar su adecuación a las nuevas condiciones polí­ticas.

Frente a este tipo de argumentación, el criterio de la Comisión era taxativo. Al recurso del arquitecto municipal Faustino Basterra se respondí­a citando una resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Gobernación que, para otro caso, establecí­a, «que es propósito laudable y medida necesaria la que en las Corporaciones de Vizcaya no figuren funcionarios que nos sean neta y claramente españoles, no pudiendo conceptuales como tales a los que de una manera o de otra no hayan adjurado antes del Movimiento Salvador de Ejército las ideas integrantes del Frente rojo-separatista, no siendo necesaria, en este caso, prueba documental para fijar la clasificación polí­tica, sino que ha de bastar que el funcionario carezca de un patente absolutamente limpia de españolismo, sin dudas, vacilaciones, sospechas, sin simpatí­as inadmisibles«.

La preferencia de la Comisión por esta argumentación ilustraba el criterio de Llaneza acerca de quién tení­a derecho a figurar en la nueva España. No bastaban las actitudes pasivas o indiferentes hacia la situación anterior a la guerra, habí­a que haber comulgado activamente con los principios de la ultraderecha españolista. Nótese que se llega a negar la condición de españoles a aquéllos que de una manera o de otra no lo hicieron.

Consciente de sus simpatí­as inadmisibles, el jefe de negociado Vicente Echarandio preferí­a no realizar alusión alguna a su pasado nacionalista y hacer valer directamente su colaboración con 5.000 pts y alhajas al Tesoro Nacional, además de presentar el aval de un antiguo secretario municipal durante la Dictadura, el carlista Ramón de Llantada, y del interventor del ayuntamiento, completado con 54 firmas de propietarios, industriales y ex-concejales de la derecha. Olvidaba Echarandio que la Comisión exigí­a que tal adhesión de hubiese realizado antes del Movimiento Salvador del Ejército.

Pero el recurso más importante por la amplia red de solidaridades sociales y polí­ticas en que se apoyaba fue el de Avelino Perea. Formalmente la argumentación de este inspector jefe de arbitrios destituido era similar a la de los anteriores recursos. Justificaba el recurrente su militancia en el PNV «por considerarlo de orden y por su condición de católico, nunca por separatista», a la vez que negaba la filiación nacionalista de sus hijos esgrimiendo su condición de fundadores de la Juventud Católica de su barrio. Obviamente, no incluí­a referencia alguna a la actuación de su sobrino, Andres Perea (Ituri), miembro de la Comisión Nacional de ANV y uno de los protagonistas de su evolución hacia la izquierda. Tras esta relativización de la militancia, Perea pasaba a desplegar los contactos que confirmaban su sólido anclaje en el núcleo de poder social local y su solvencia como hombre de orden. La novedad estribaba en su caso en la cantidad y la calidad de los avaladores. Perea habí­a sido administrador de tradicionales familias de propietarios como los Garay o los Begoña. Además era sobrino de Tomás de Begoña, alcalde durante ocho años en la Restauración y primo de Sebastián de Begoña, alcalde y diputado provincial durante la Dictadura. Le apoyaban también otros propietarios y comerciantes, así­ como miembros de la Cámara de la Propiedad Urbana. Este respaldo social se completaba con el aval polí­tico de miembros de las diferentes sensibilidades de la derecha local. Entre ellos figuraba personal polí­tico de la Restauración como el exdiputado provincial monárquico Francisco Tierra o el exalcalde Domingo de Sagastagoitia; personal polí­tico de la Dictadura como el ex-alcalde y ex-diputado provincial Gregorio de Arana, el ex-primer teniente de alcalde Victor Viguri, varios ex-concejales y el secretario de la Unión Patriótica; dirigentes del Centro Católico, y cuatro miembros fundadores de Acción Popular. Alguno de los firmantes pertenecí­a al nuevo personal polí­tico como el Delegado del Auxilio Social o el Jefe Local de la OJ y censor de correos.

Ante este despliegue de respaldo social y polí­tico, la Subsecretarí­a del Ministerio del Interior decidió rebajar la sanción a suspensión temporal como habí­a hecho en el caso del socialista Lucio Martí­n. Sin embargo, el caso era sensiblemente diferente puesto que no se trataba de readmitir a un simple mozo de cuadra simpatizante de una tradición polí­tica que no tení­a margen de maniobra posible en la nueva situación. El caso Perea constituí­a una desautorización en toda regla de los excluyentes criterios de la victoria polí­tica y abrí­a una peligrosa brecha para que ese heterogéneo conjunto de fuerzas vivas locales y sectores de orden desafiaran el derecho de los núcleos carlista a monopolizar el poder local. En consecuencia, Llaneza no se resignó en esta ocasión y respondió con contundencia. Esgrimí­a el alcalde un restringido criterio para recordar la responsabilidad en los males provocados por el Frente Popular de aquellas personas «que con su actuación anterior o coetánea , directa o indirectamente, han sito autores materiales o por inducción de los daños y perjuicios sufridos por el Estado y por los particulares con motivo de la absurda resistencia sostenida contra el Movimiento Nacional, concurriendo en este funcionario estas mismas circunstancias antedichas en el preámbulo, por su condición de afiliado al Partido Nacionalista Vasco partido este que como integrante del Frente Popular tuvo participación activa y responsabilidad consiguiente de todos sus afiliados en la interminable lista de hechos luctuosos…».

La argumentación de Llaneza transcendí­a el objetivo de contar con un funcionariado adicto, para plantear una concepción del empleo público como recompensa a la militancia ultraderechista, arguyendo «las funestas consecuencias que para la buena marcha y gobierno de nuestra administración municipal, así­ como el de la conservación del imperativo de la justicia social, ha de suponer el que teniendo que volver a reingresar en nuestras plantillas a este personal, que por su desafección a la Causa y tibieza de patriotismo mereció la confianza de los dirigentes rojo-separatistas conservandoles en sus puestos, tengamos en cambio ahora que desprendernos de aquellos que vinieron a reemplazarlos y que por las persecuciones sufridas por defender los sublimes postulados de Dios y España, nunca pudieron llegar a ostentar puestos oficiales». En la contundencia de su respuesta no evitaba Llaneza entrar de lleno en la valoración del significativo apoyo social recibido por Perea y del que se hací­a eco la Subsecretarí­a del Ministerio: «conociendo la posición social de esta persona como su espí­ritu intrigante y de influencia en el pueblo, para nadie puede ser una sorpresa el que en momentos difí­ciles y de apuro haya podido lograr los apoyos necesarios de personas que de esta forma pueden corresponder a sus favores recibidos en pasados tiempos…».

La significación social no podí­a ser según Llaneza un criterio para figurar entre los vencedores. Era la militancia anterior lo que conferí­a este derecho, restringiéndolo a la derecha españolista. Como concluí­a en otro escrito sobre el caso, «no ignorando el Sr. Perea que en el pueblo se contaba con un Cí­rculo Tradicionalista fundado en el año de 1905, un Cí­rculo Monárquico, fundado en el año de 1913, y un Cí­rculo de Acción Popular, fundado el 12 de abril de 1933, que éstos sí­ que eran partidos de orden un y muros de contención, sorprende en verdad que él, amante de este orden, vaya a afiliarsea un partido anti-español…».

El criterio duro y excluyente de Llaneza se mantuvo en todo el proceso depurador y perduraba quince años después. Como se ha visto, sólo prosperó un recurso en los primeros años y en 1952, cuando todos los casos citados volvieron a revisarse, sólo dos matronas consiguieron ser readmitidas.

5.2.- El poder local en la postguerra.

La lógica de la victoria polí­tica llevó al poder en 1937 en Barakaldo a un grupo de carlistas liderados por Llaneza que monopolizaron el poder local prácticamente durante toda la década de los cuarenta. Sólidamente instalados, evitaron el desarrollo de dinámicas polí­ticas locales basadas en los intereses de las fuerzas vivas y relegaron a la derecha nacionalista al ámbito privado. Libre de los continuos desafí­os internos que caracterizaban otros escenarios polí­ticos locales, este grupo dirigió una intensa campaña de movilización nacional-católica de la sociedad barakaldesa que paulatinamente fue cediendo protagonismo a la voluntad de legitimar el régimen ante los vencidos con un discurso obrerista que exaltaba de las realizaciones sociales franquistas.

La estabilidad barakaldesa: La hegemoní­a carlista

Mientras duró la guerra, J.M. de Llaneza actuó como delegado de la autoridad militar que era quien realmente detentaba el poder. Esta autoridad fue emitiendo una serie de bandos que regulaban la vida pública una vez ocupado Barakaldo por los nacionales. Parte de estas normas derivaban de la situación de guerra. Así­, se establecí­a el toque de queda a partir de las 12 de la noche y el desarme de la población. Otras buscaban la rectificación de las situaciones excepcionales provocadas por la guerra como la entrega obligatoria de todos los bienes procedentes de requisas. Sin embargo, existí­a un tercer grupo de reglamentaciones que apuntaban al modelo de sociedad que pretendí­a instaurar el régimen. El uso obligatorio de las tarjetas postales con el fin de facilitar la censura del correo, si bien podrí­a entenderse como una medida de seguridad en un contexto bélico, mostraba la voluntad totalitaria del Nuevo Estado. Los vencedores pretendí­an conseguir una sociedad vigilada, sometida y privada de las más elementales libertades en la que ningún aspecto de la vida del individuo pudiera escapar al control y la regulación del Estado. No bastaban la represión y la prohibición de toda actividad polí­tica o sindical al margen de la oficial; se pretendí­a además controlar todos los aspectos del conjunto de relaciones que comúnmente se engloban bajo del calificativo de sociedad civil.

La misión del ayuntamiento se restringí­a a servir a la autoridad militar en su voluntad de intervenir y encuadrar la sociedad de la retaguardia. El primer bando municipal firmado por Llaneza no era más que una recopilación de los bandos de la autoridad militar, precedidos de un prefacio en el que Llaneza arengaba a la población a contribuir «al servicio de la causa común: España» y a «contribuir al desarrollo y fomento de los intereses morales y materiales ultrajados por la barbarie roja y salvados por el glorioso movimiento nacional». Cerraba el bando el recordatorio de la obligatoriedad del saludo nacional brazo en alto y añadí­a que este saludo «es extensivo al paso de los coches en viajen las Autoridades militares y el de los que transporten fuerzas del Ejército y Milicias, ya que no debe omitirse a los Jefes y fuerzas que con su sangre están forjando el nuevo Estado».

Mas la reorganización coactiva de la vida social no habí­a de limitarse a este epidérmico ritual. Por delegación de la autoridad militar, el ayuntamiento, a la vez que depuraba al personal municipal, procedió durante los primeros dí­as a la intervención de  las sociedades locales que no habí­an sido prohibidas. Un oficio de Alcaldí­a comunicaba al presidente designado su nombramiento y el de la junta para que procediera a la reorganización de la sociedad en cuestión. Era una de las novedades del régimen que mostraba una voluntad de intervención en la sociedad civil sin precedentes. Hasta el momento, en las coyunturas polí­ticas más autoritarias, el Estado habí­a clausurado sociedades o entidades o habí­a mandado a agentes de la autoridad a vigilar el desarrollo de las reuniones, pero mientras una sociedad estuviera autorizada era autónoma para nombrar a su junta directiva. Además, este nombramiento solí­a hacerse por votación, incluso en sociedades de la ultraderecha como la Sociedad Tradicionalista, es decir, la propia vida societaria se convertí­a en un instrumento de socialización representativa y democrática. Esto ya no volverí­a a ocurrir.

En esta intervención el alcalde y jefe local disponí­a, sin duda, de un amplio margen de actuación derivado de su conocimiento de la realidad local y de su capacidad para filtrar la información a la autoridad superior. Pero Llaneza no utilizó este margen de maniobra para suavizar las pretensiones de los vencedores. Como se vió en la depuración, su criterio era excluyente y beligerante contra las fuerzas vivas locales que habí­an gravitado en torno al nacionalismo. Así­, no dudaba en solicitar el cese del representante de Altos Hornos en la junta de la Escuela de Artes y Oficios, ya que «no obstante sus buenos antecedentes en cuanto a su conducta no goza de toda nuestra confianza polí­ticamente y con relación al Movimiento por sus simpatí­as con el Partido Nacionalista Vasco». Formalmente, sin embargo, era el Comandante Militar de la Plaza quien autorizaba las propuestas del Alcalde.

No aparecen en la documentación conflictos o tensiones entre Llaneza y esta autoridad militar. Cabe suponer que el Alcalde contaba con la confianza de ésta y que su manera de enfocar lo que debí­a ser la España de la Victoria coincidí­a en lo básico. A la luz de lo visto en las depuraciones, Llaneza no poní­a objeciones, sino que por el contrario era un entusiasta de la polí­tica de españolización coactiva de la sociedad vasca.

El primer bando de la autoridad militar entraba de lleno en la cuestión estableciendo que «no se permitirá el uso de ninguna bandera de carácter nacionalista, y las de las diferentes entidades y organizaciones afectas a este glorioso Movimiento NACIONAL, tendrán que ir necesariamente acompañadas de la NACIONAL, que siempre ocupará lugar preferente y su tamaño nunca a de ser menor que el de las otras».

Normas posteriores insistí­an en la voluntad de los vencedores de hacer desaparecer la lengua y los sí­mbolos vascos. En noviembre, una circular de la Delegación de Orden Público instaba a las autoridades locales a revisar los cementerios para eliminar de las lápidas los «sí­mbolos e inscripciones rojo-separatistas», dando un plazo de 15 dí­as para su desaparición. En marzo de 1938, seguramente a consecuencia de las tensiones surgidas en las localidades pequeñas, el comandante militar de la Arboleda dirigí­a una circular en la que recordaba que «no debe permitirse la predicación en vascuence y solamente si a su juicio considera que la mayorí­a de los feligreses y asistentes a aquellas desconoce el idioma español, puede autorizarse diez minutos de plática en vascuence».

En Barakaldo, esta polí­tica llevó a que la cooperativa Bide-Onera se rebautizase como La Cruz «de alto significado religioso y español». Consideraba el Jefe Local que «con ello contribuiremos a la desaparición del bizcaitarrismo que encerraba «Bide-Onera» que será sustituí­do por «LA CRUZ, signo de nuestra victoria».

El final de la guerra no modificó la lí­nea polí­tica exclusivista impuesta en Barakaldo. El grupo de carlistas que se habí­a hecho con el poder en 1937 se mantuvo al frente del poder local durante todos los años cuarenta sin aparentes fisuras.

íšnicamente, Silverio Jaúregui, el secretario local del partido, parecí­a plantear algunos desafí­os. En noviembre de 1937 parecí­a reclamar el protagonismo simbólico del falangismo frente a la hegemoní­a carlista al oponerse a que el nuevo uniforme de la guardia municipal incluyera la boina roja y no la boina con el yugo y las flechas. La petición era desestimada por Llaneza que entendí­a que «la boina roja no tiene matiz polí­tico, sino caracterí­stica del paí­s». En febrero de 1938 rebajaba sus pretensiones y se limitaba a reclamar la hegemoní­a de carlistas y falangistas frente al resto de la derecha con motivo de la necesidad de prescindir de algunos gestores, lamentándose «de que no presenten la dimisión otros Srs. Concejales que no hayan figurado de tiempo atrás a partidos que hoy están unificados en Falange Española Tradicionalista y de las JONS».

Más que de la existencia de proyectos alternativos, los desafí­os de Jaúregui derivaban de su papel como portavoz del partido en el consistorio, dada la división entre partidoy ayuntamiento que se habí­a impuesto. Llaneza, a pesar de su condición de jefe local, parecí­a más volcado en la polí­tica institucional, mientras Jaúregui, como secretario, se ocupaba del partido y de sus organizaciones. De hecho, aunque Jaúregui se mantuvo en el ayuntamiento hasta 1955, el perfil del consistorio, y todaví­a más de los equipos de gobierno, respondí­a más al carlismo tradicional que a una representación de cargos del partido. Todo ello no implica que la trayectoria de Jaúregui se diferenciara en exceso del resto de los concejales. A pesar de su interés por aparecer en los informes como camisa vieja y por adornar su historial con su fuga de la zona republicana con avión robado en Sondika, Jaúregui aparece en el listado de socios de la Sociedad Tradicionalista de 1933.

Diferentes testimonios confieren a su figura la imagen del prototí­pico matón que medraba en las nuevas circunstancias. De hecho, a mediados de los cuarenta ya no era

un escribiente, sino que se habí­a embarcado en negocios de construcción.

Que la nueva situación abrí­a posibilidades de enriquecimiento no siempre lí­cito para el nuevo personal polí­tico queda ilustrado por el cese por estafa del concejal carlista Antonio Melendez en 1940. Este cese se uní­a a cuatro bajas que se habí­an producido por diferentes motivos a finales de 1938 y a tres más a principios de los cuarenta.

Finalmente, cuando en 1944 se aceptó la dimisión del primer teniente de alcalde Leopoldo Castro, se hizo necesario nombrar nuevos concejales para completar el grupo inicial.

El grupo que vení­a monopolizando el poder desde 1937 se veí­a obligado a seleccionar nuevos integrantes en un momento en que la correlación local de fuerzas entre los vencedores habí­a variado con respecto a la guerra. La incorporación de seis nuevos concejales a finales de 1944 suponí­a una cierta adaptación a las presiones de los sectores que hasta el momento habí­an quedado excluidos del poder local. Entraban, así­, en el consistorio dos excombatientes, un sector que no habí­a tenido ningún protagonismo polí­tico, y que, además, no provení­an del carlismo. Se producí­a también una cierta apertura social hacia el mundo de las fuerzas vivas locales con el nombramiento de un propietario vinculado al mundo de la banca y presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana en 1941 y de un industrial secretario de la Unión Mercantil. Completaban los nombramientos un delineante sin militancia previa y un obrero carlista que habí­a organizado y presidido los sindicatos libres en la localidad. Sin embargo, esta relativa apertura del poder no implicó que el grupo veterano cediera posiciones. El nuevo personal quedó relegado a un segundo plano y no tuvo continuidad en la vida polí­tica local. Ninguno de los nuevos concejales entró en el equipo de gobierno, que siguió monopolizado por los hombres de 1937, y todos desaparecieron del ayuntamiento en la renovación de 1948.

Por otro lado, ni siquiera por su secundariedad implicó esta renovación una rectificación en la lógica de la victoria polí­tica que se habí­a impuesto en Barakaldo.

Todos los concejales presentan un pasado polí­tico ligado a la ultraderecha españolista y no se detecta ningún guiño a los sectores nacionalistas moderados o simplemente a católicos vasquistas. De hecho, los nacionalistas parecí­an haber desaparecido de la vida pública en los años cuarenta.

Ya se señaló cómo el criterio exclusivista de Llaneza no habí­a permitido que estos sectores figuraran en las juntas de ninguna sociedad. La situación no varió en los años siguientes. Sólo en la reconstituida Sociedad de Caza y Pesca de 1941 se detecta la presencia de un sector del nacionalismo proclive a la colaboración con el régimen. En su junta se encontraban el acomodado almacenero de vinos Nicolás de Santurtún, simpatizante del PNV y su hijo Orencio de Santurtún, cercano a Acción Vasca Autónoma, que acabó siendo concejal mucho más tarde. También participaba en la junta el abogado David de Santurtun que habí­a presidido la Junta Municipal nacionalista en 1921, pero que ya en 1938 habí­a conducido el coche que llevó a la corporación a Pamplona para visitar al obispo.

Tampoco el ámbito católico que parece apuntarse en este caso sirvió para la incorporación de sectores del nacionalismo a la vida pública. Ciertamente, los Sagastagoitia, la saga nacionalista de empleados de Altos Hornos analizada con anterioridad, estrechamente vinculada también al mundo católico, figuraban en la junta para la construcción del nuevo templo parroquial en 1940. Cuatro Sagastagoitia se encontraban también entre los Adoradores Honorarios de 1938, pero eso no significa que los nacionalistas barakaldeses se refugiaran en el asociacionismo protegido por la Iglesia. Los nacionalistas nunca habí­an sido un sector clave entre los dirigentes del asociacionismo católico local. Durante la República, como se indicó, los dirigentes del catolicismo barakaldés habí­an sido o católicos neutros, parte de los cuales fundó la CEDA local, o directamente carlistas. No es de extrañar, pues, que junto a los ocho Adoradores Honorarios identificados como nacionalistas, cuatro de ellos Sagastagoitia, aparezcan doce carlistas.

El clero local no era nacionalista. Un hermano del dirigente carlista y católico y primer teniente de alcalde, Leopoldo Castro, actuaba como párroco en Burceña; el párroco de San Vicente, Pablo de Guezala, no mostraba simpatí­as nacionalistas; y el párroco de la nueva parroquia del centro, Simón López, era un fiel colaborador del nacional-catolicismo de Llaneza. Aún, así­, en 1940, significativamente el Domingo de Resurrección que coincidí­a con el Aberri Eguna, se fundó en la parroquia de San Vicente la Schola Cantorum, en la que encontraron cabida sectores del nacionalismo.

Tampoco en el ámbito societario deportivo pudieron los nacionalistas reconstruir sus redes de sociabilidad. Entre los directivos del F.C. Barakaldo sólo ha sido posible identificar a dos nacionalistas: Gregorio de Errasti, tesorero del Batzoki de Burceña y hermano de un sacerdote condenado a muerte, que ya era directivo durante la República, y, de nuevo, Gregorio de Sagastagoita.

Así­, pues, la victoria polí­tica implicó no sólo la marginación del nacionalismo y sectores más o menos situados en su órbita de la polí­tica local, sino también su práctica desaparición de la vida pública.

Al frente de la estable polí­tica exclusivista descrita en el apartado anterior se situaba José M. de Llaneza. Llaneza dirigió con mano dura la polí­tica local durante casi 25 años y en los cuarenta sometió a la sociedad barakaldesa a una intensa campaña de reespañolización y recristianización, sazonada por apelaciones obreristas. Su capacidad de trabajo y sus dotes organizativas le permitieron ocupar el espacio público con una sucesión de actos multitudinarios de adhesión que suponí­an una de las novedades más importantes del régimen.

Como correspondí­a a un Estado jerárquico e intervencionista, la actos públicos eran competencia de las autoridades provinciales, aunque eran las autoridades locales las que los organizaban. Ya en octubre de 1937 dirigí­a la Sub-Delegación de Prensa y Propaganda una circular a los ayuntamientos recordando que su exclusividad en el control del uso del espacio público: «tratándose de actos públicos, esta Sub-delegación no concederá permiso alguno para celebrarlos que no haya sido solicitado por escrito por lo menos con 48 horas de anticipación; y que será requisito imprescindible para la concesión de estos permisos el que en las correspondientes solicitudes se hagan constar los nombres de los oradores que tengan que hacer uso de la palabra, las cuartillas de los discursos que se propongan pronunciar o por lo menos un í­ndice de los mismos y de la declaración por parte de los organizadores de que en dichos actos se habrá de respetar lo legislado en materia de banderas, emblemas, retratos y ví­tores».

La liturgia del Nuevo Estado debí­a ser autorizada y fiscalizada por la autoridad provincial, pero ésta carecí­a de la capacidad para imponer la frecuencia y el sentido de los actos que habí­an de dominar el espacio público de las localidades. Por ello, estas celebraciones constituyen un indicador privilegiado de la sensibilidad polí­tica de las autoridades locales, que eran en definitiva quienes decidí­an si una fiesta oficial se reducí­a al cumplimiento protocolario o se convertí­a en una movilización coactiva de toda la población.

El régimen encontró en Llaneza a un hábil organizador dispuesto a montar masivas coreografí­as de adhesión. El 18 de julio de 1937, apenas un mes después de la entrada de los nacionales, «todo el pueblo de Baracaldo amaneció cuajado materialmente de colgaduras, banderas y emblemas con los colores nacionales», según la crónica de El Correo. A las once, «una inmensa muchedumbre» rodeaba a las formaciones de guardia civil, Requetés, Cadetes, Flechas, Pelayos y la Sección Femenina para oí­r la misa en la plaza de los Fueros. Posteriormente, Llaneza se dirigió una alocución al público que «fue coronada a su final con una ovación verdaderamente delirante».

Un repaso a los actos públicos de Barakaldo muestra que en la liturgia pública fomentada por Llaneza dos eran los ejes prioritarios: la españolización y la recristianización, considerados elementos indisolubles. La misa de campaña era la pieza clave de la estrategia de ocupación del espacio público del nacional-catolicismo. Movilizaba a un número considerable de participantes en una demostración de poderí­o religioso, y a diferencia de otras celebraciones religiosas, entroncaba directamente con el espí­ritu de cruzada que inspiraba al bando nacional. Por ello era un acto central en la escenografí­a de los actos franquistas. De hecho, era el nexo de unión entre las novedades de la escenografí­a de masas de corte fascista y el substrato católico tradicional del paí­s. Amplificando una liturgia conocida y respetada por buena parte de los participantes, las nuevas celebraciones públicas de los vencedores adquirí­an sentido para muchos de los asistentes y subrayaban que la recristianización estaba indisolublemente ligada al Ejército de Franco y su guerra. El 25 de julio de 1937, la manifestación de «admiración y reconocimiento al Glorioso Ejército que nos libera» se planteaba como la continuación de una misa de campaña a celebrar en la plaza de los Fueros. La celebración del Dí­a del Caudillo, el 1 de octubre, abrí­a su programa con una Misa en la que se bendijeron los crucifijos que después fueron trasladados en procesión a las escuelas de Rágeta. De nuevo, el 12 de octubre, Dí­a de la Raza, se repetí­a la misa de campaña seguida de procesión del Santo Rosario con las autoridades locales en pleno y la banda de música.

Hubo también algunos actos estrictamente polí­ticos, como la manifestación que, «interpretando esta Alcaldí­a el unánime sentir de su vecindario» Llaneza organizó para celebrar la caí­da de Lleida. En esta ocasión, el protagonismo público quedó restringido al capitán de la Guardia Civil, a un caballero legionario mutilado y al propio Llaneza que dirigieron enardecidos discursos a la multitud, aunque no por ello se desligaba el alcalde de una concepción de la guerra como cruzada, tal y como dejaba claro en la proclama de convocatoria: «La victoria definitiva se aproxima. La Santa Cruzada liberadora de la bestia masónicamarxista toca a su fin. Los últimos reductos existentes en tierras catalanas son hollados ya por nuestro Glorioso s Ejército, donde resuena jubiloso el nombre de ¡Franco! ¡Fanco! ¡Franco!»

Sin embargo, este tipo de actos estrictamente polí­ticos fue minoritario. La mentalidad integrista de Llaneza no concebí­a una actividad pública sin el protagonismo de la Iglesia. De hecho, sólo a través de ella podí­a el pueblo de Barakaldo expiar sus ofensas a Dios en los años anteriores. Ante un pasado pecaminoso colectivo, se imponí­a una expiación también colectiva. Con este fin, se organizaron en septiembre de 1937 «actos religiosos de reparación y penitencia por tanto crí­menes cometidos y tantos también ultrajes inferidos a la religión y a sus Ministros. Para que a nuestros hermanos obcecados les ilumine la fe y porque la paz sea pronta y definitiva…» El programa se componí­a de un rosario de la Aurora a las cinco y media de la mañana y de un via-crucis a las siete y media de la noche viernes, sábado y domingo, sustituyéndose este último dí­a el via-crucis por una procesión solemne a las cuatro de la tarde. Según la crónica de El Correo Español – El Pueblo Vasco, «los ancianos barakaldeses confesaban que nunca se vió por la fabril anteiglesia una demostración tan solemne de religiosidad de este pueblo».

Que en realidad, como muestra la crónica anterior, toda esta exaltación religiosa fuera una novedad en la localidad no cuestionaba el planteamiento de retorno a un origen incontaminado y muchos menos el propósito expiatorio de los vencedores. A través de estos actos Barakaldo volví­a al seno de la Iglesia de la que se habí­a apartado y esta reincorporación religiosa era inseparable de su reincorporación a la España de la que también se habí­a alejado. En este sentido, resulta especialmente ilustrativa la transformación de la Casa del Pueblo en Salón España, acto del que la prensa daba  cuenta bajo el titular «Ayer, definitivamente, Baracaldo pasó a España». Para esta reincorporación no bastaba la mera incautación; era necesaria la intervención profiláctica de la Iglesia. Así­, Marcelino Olaechea, obispo de Pamplona, bendecí­a los «locales hasta hoy infectos de podre revolucionaria marxista. Y en sus breves palabras, plenas de emoción, nos dice que ahora es cuando verdaderamente puede llamarse Casa del Pueblo. De un pueblo sin odios, sin venganzas ruines y que solo debe pensar en quienes empuñan el fusil para salvar a España».

La presencia del obispo de Pamplona subraya que una pieza calve para el éxito de la escenografí­a nacional-católica de Llaneza era la presencia de altas jerarquí­as de la Iglesia. Olaechea se avení­a perfectamente a los proyectos de Llaneza, puesto que reuní­a la condición de barakaldés y de hijo de familia obrera, dos caracterí­sticas llenas de potencialidades para su explotación emotiva. La presencia de Olaechea en la localidad fue contante durante estos años. Además de la bendición de la Casa del Pueblo, presidí­a en agosto de 1937 los funerales por los mártires de la localidad. A partir de septiembre, se añadí­a a Olaechea, que poco menos que actuaba como obispo de Barakaldo, la máxima autoridad de la diócesis: Javier Lauzurica, nuevo administrador apostólico.

Lauzurica dejaba claro en su primera pastoral su compromiso con el bando nacional reclamando a sus fieles «vuestra total incorporación al Movimiento Nacional, por ser defensor de los derechos de Dios, de la Iglesia Católica y de la Patria, que no es otra que nuestra Madre España».

En mayo, Olaechea acompañaba a Lauzurica en su visita apostólica a la localidad. A la entrada a la localidad les esperaba un arco de triunfo y las masas perfectamente organizadas por Llaneza. En su alocución, el alcalde establecí­a además la obligación durante los dos dí­as que habí­a de durar la visita de «engalanar los balcones y ventanas de las casas con la gloriosa enseña nacional de esta nuestra e España, que con orgullo, ante el mundo entero puede blasonar de católica por excelencia». El dí­a anterior, 600 niños de las escuelas municipales hicieron su primera comunión en la plaza de España.

Un mes después Olaechea volvió a la localidad para participar en las primeras Fiestas de la Liberación. En esta ocasión se añadí­an a la misa de campaña y el desfile un nuevo elemento de legitimación del régimen: la inauguración de las obras públicas del consistorio que se presentaban como las realizaciones de la nueva España. El obispo de Pamplona bendijo la colocación de la primera piedra de la nueva iglesia parroquial y el ministro de Justicia, el conde de Rodezno, inició la demolición de una vieja casa para ampliar la plaza de España29. Ya en las primeras fiestas quedaba fijado el programa que se repetirí­a en años posteriores. En 1942 Olaechea contaba con la ayuda de Lauzurica. Mientras el obispo de Vitoria, como le denominaba la prensa, bendecí­a la primera piedra de la nueva sede de Correos, el obispo de Pamplona, haciendo gala de sus orí­genes, echaba la primera paletada. También bendijeron el inicio de las obras de la nueva Iglesia de Retuerto, sufragada por el fabricante carlista Garay Sesumaga.

Así­, las escenografí­as nacional-católicas de Llaneza superaban lo habitual, pues no contaba con un obispo, sino con dos. En enero de 1939 visitó también la localidad el obispo de Cuttak, el salesiano (no es «salesiano sino paúl», nota de Mitxel Olabuenaga) Mons. Sanz, con solemne misa a la que asistieron los requetés, flechas y pelayos. Sin embargo, la ausencia de prelados no detení­a las celebraciones religiosas. En febrero de 1938 se entronizó el Sagrado Corazón en el Hogar del Herido y poco después se realizó un acto de reparación y desagravio a la Virgen Milagrosa con su consagración en las Escuelas de Altos Hornos. En julio, 4.000 niños participaban en una misa de campaña en el campo de Lasesarre.

El fin de la guerra no desaceleró esta exaltación religiosa. En junio de 1944 se celebraba el Primer Congreso Eucarí­stico del Arciprestazgo de Portugalete, en el que se integraba Barakaldo. Fueron cinco dí­as de intensa movilización religiosa para cuya preparación la comisión de propaganda imprimió y repartió, entre otros, 80.000 proclamas, 40.000 hojas de tesoro espiritual, 1000 programas murales, 40.000 estampas a dos hojas, 60.000 hojas volantes con variados textos, 10.000 hojas de cánticos eucarí­sticos, 10.000 medallas insignias, 8.000 hojas conteniendo indulgencias y gracias, 1500 programas de lujo y 10.000 ordinarios. Llaneza no podí­a estar ausente de tal despliegue de medios e intervino en la inauguración31.

Los buenos resultados de las escenografí­as montadas en Barakaldo animaron a Llaneza a trascender el ámbito del municipio para planear espectaculares actos nacionalcatólicos de carácter regional. En 1940 lanzó la idea de una magna peregrinación diocesana a Zaragoza para homenajear a la que calificaba como Virgen de la Victoria: «que una comisión de cada uno de los Ayuntamientos de Vizcaya, con sus atributos de estandartes, timbaleros, maceros, etc. se traslade en fecha determinada a la inmortal Zaragoza para rendir en homenaje emocionado y ejemplar sus banderas, estandartes y bastones de mando a la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora del Pilar».

La propuesta, que se hací­a extensiva al resto de las provincias vascas, fue entusiastamente acogida por el administrador apostólico Lauzurica. En julio, trenes especiales transportaron a 3.000 personas de todo el Paí­s Vasco a Zaragoza encabezados por Lauzurica y los gobernadores, los presidentes de las diputaciones y alcaldes de las capitales y principales localidades de las tres provincias, que rindieron homenaje a la Virgen del Pilar acompañados de espatadantzaris, danzarichiquis, hilanderas y txistularis. El sentido nacional-católico del acto no podí­a ser más explí­cito. El Paí­s Vasco por medio de sus autoridades y sus señas de identidad caracterí­sticas se postraba ante el sí­mbolo de la unidad material y espiritual de España. Sánchez Erauskin selecciona una crónica del boletí­n diocesano que expone sin ambajes el objetivo del acto: «Todas las peregrinaciones, sin excepción, añaden a su carácter profundamente religioso y mariano la nota españolista (…) Ante el bendito Pilar se siente como en ninguna otra parte del suelo patrio la grandeza de la España Una (…) Acudieron los vascos en acto oficial a la Basí­lica, que con razón es Amor intenso a la patria grande, mancomunado con el cariño a la patria chica y que al afirmar la unidad de España no reniega de los usos y tradiciones se culares del paí­s natal. Esta significación tuvieron los chistularis, espatadancharis e hilanderas (…) De esta Peregrinación conservará recuerdo por mucho tiempo la ciudad de Zaragoza. Vasconia ha demostrado una vez más que es fervientemente católica y sinceramente española …»

Esta recristianización de las sociedad propugnada por el nacional-catolicismo se basaba en un fructí­fero reparto de funciones entre Estado e Iglesia, en la que al primero reclutaba a sectores de la población para ser recristianizados coactivamente, quisieran o no, por la segunda. La posibilidad de escapar a este adoctrinamiento forzado era proporcional a la seguridad y fortaleza de cada ciudadano en el nuevo orden. En Barakaldo, los niños de las escuelas, un sector de la población perfectamente encuadrado y controlado, era utilizado profusamente en estos actos. Pero no sólo ellos. En general, aquéllos que por una razón u otra dependí­an de las nuevas autoridades no tení­an posibilidad de escapatoria, especialmente si éstas mostraban el celo recristianizador de Llaneza que sobrepasaba las demandas del clero local. Los barakaldeses que se veí­an obligados a acudir a los comedores del Auxilio Social era una presa privilegiada para las pretensiones de Llaneza. A cambio de la comida debí­an someterse a la práctica religiosa que, como vencidos en su mayorí­a, habí­an abandonado:

«Atendiéndose diariamente en nuestros comedores del AUXILIO SOCIAL de Bagaza a un crecido número de familias indigentes, por desgracia por ésta condición de menesterosas, un poco tibios en práctica religiosa y aún cuando se tiene por norma establecida desde su inauguración el que antes de sentarse a la mesa se rece por sus comensales una jaculatoria al altí­simo en acción de gracias y se entonen los himnos nacionales, sin embargo, esta alcaldí­a verí­a con agrado que todos los dí­as, uno de los sacerdotes que pertenezca a ese Cabildo Parroquial, concurra al citado Comedor en la hora de la comida y les otorgue la bendición , realzando este sencillo acto cristiano y esperando conseguir que sus asistente vayan amoldándose a esta buenas costumbres de nuestra madre la Iglesia Católica y a guardar la veneración y respeto debido a sus digní­simos representantes«.

Ante tal propuesta, Pablo de Guezala, párroco de San Vicente, se excusaba aludiendo a sus múltiples obligaciones. No es posible determinar si éstas eran reales. En todo caso, las excusas de Guezala no fueron la única resistencia eclesiástica con la que toparon los proyectos de Llaneza. En 1937 el obispo de Pamplona tuvo que recurrir a una tozudez superior a la del alcalde para librarse de sus pretensiones. En noviembre,  la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos dirigí­a una petición para que, con motivo de sus bodas de plata sacerdotales, se impusiese a la calle Larrea, dónde se situaba el Colegio Salesiano, el nombre de obispo Olaechea y «revista el acto la solemnidad precisa». Llaneza asumió la idea con entusiasmo y la amplió integrándola en su programa de actos nacional-católicos: creó la Medalla de Oro de la ciudad, abrió una suscripción popular para sufragarla y proyectó un homenaje multitudinario para su entrega.

Las pretensiones de Llaneza y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos se frustaron por la negativa de Olaechea a recibir cualquier homenaje y, menos aún, una medalla. En diciembre Olaechea escribí­a a Llaneza dejando clara su postura. A mediados de enero de 1938, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos comunicaba a la Alcaldí­a su decisión de «inhibirse de todo intento de homenaje […] desde el momento en que conoció la inquebrantable y justificada actitud, y resolución, del Sr. Obispo de Pamplona, que respeta, acata y cumple». Tres dí­as más tarde, el propio Olaechea reiteraba su posición argumentando que «los tiempos que corremos, y que correremos, en esta gestación de una España gigantesca, nos exigen una vida austera y un corte a cercén de dinero, de placer y de honores». Pero nada de esto amilanó a Llaneza que se personó en Pamplona para hacer entrega de la medalla. El obispo, que se ausentó de la ciudad ese dí­a, según él ajeno a la visita, devolvió la Medalla por correo.

El incidente resulta ilustrativo de la personalidad autoritaria de Llaneza que no atendí­a a negativas ante sus proyectos, ni siquiera de un obispo. No existen razones para dudar de la modestia de Olaechea; de hecho redujo los fastos previstos para sus bodas de plata a oraciones y caridad. Sin embargo, el desarrollo del incidente revela un pulso entre la autoridad del obispo y la del alcalde que Olaechea no podí­a permitirse perder, máxime cuando era ya una figura claudicante ante las fuertes presiones a que se veí­a sometido por parte de autoridades de mucho mayor rango. Una vez establecida su autoridad ante Llaneza, las relaciones con el alcalde barakaldés fueron fluidas. Ya se ha  señalado su participación en la escenografí­a nacional-católica durante este periodo. En 1943 aceptó la presidencia de honor de la comisión que habí­a de nombrar hijo adoptivo de la localidad a Llaneza, para el que no escatimaba elogios: «Caballero sin miedo y sin tacha, inteligentí­simo, emprendedor y sumamente desinteresado, éste ejemplarí­simo hijo de la Iglesia, ha merecido bien de Baracaldo como el mejor de los nacidos en él. Cuando pase el tiempo se le hará justicia por todos a este que siempre tuvo un panal de miel cristiana en el corazón Más taxativo era pocos meses después: «A Llaneza no se le puede negar nada».

Y no era de extrañar, porque la intransigencia religiosa de Llaneza sometió durante largos años a la población barakaldesa a una rí­gida moralización de las costumbres que aún en la actualidad se recuerda.

En octubre de 1937, Llaneza avisaba al Teatro Baracaldo que no pensaba tolerar «los anuncios con fotografí­as o estampas de propaganda que abiertamente atentan a la moral» y, efectivamente, diez dí­as después le imponí­a una multa de doscientas pesetas. En abril de 1938 publicaba un bando que daba cuenta de los actos que consideraba como gamberrismo «como insultar o mofarse de las personas, molestar al vecindario con ruidos y cantares, especialmente de noche, ejecutar actos o preferir palabras que ofenden a la moral, a la religión o a las buenas costumbres, marchar atropelladamente por las calles y paseos…», conductas todas ellas que, no sólo serí­an multadas por la guardia municipal, sino puestas en conocimiento de la autoridad superior mediante atestado. En agosto, velando «por la conservación de las buenas costumbres y moralidad pública del vecindario» prohibí­a el alcalde los baños públicos tanto de agua como de sol en todo el término municipal48. En julio de 1940 era la indumentaria de los barakaldeses la que suscitaba las iras de Llaneza. Indignado ante «gentes desaprensivas y que contraviniendo estas elementales normas de ciudadaní­a e higiene, se despojan de sus chaquetas y en camisa o camiseta, desenfadadamente, circulan por los lugares públicos» se prohibí­a aparecer en lugares públicos en mangas de camisa, advirtiendo que esa forma de vestir «nada tiene que ver con las prendas y uniformes de la Unificación».

Estas conductas masculinas eran sancionables por ir en contra la moral y las buenas costumbres; pero las conductas femeninas cuestionaban valores mucho más importantes. Atentaban además contra la religión católica, el Nuevo Estado y la memoria de los Mártires: «La nota de buen tono y distinción, justo es consignarlo, en nuestra vida social siempre ha corrido a cargo de la mujer, que como prendas muy preciadas han sabido conservarlas cuidadosamente, pero desgraciadamente en los dí­as que corremos y quizás contaminadas también por las corrientes de desenfado e impudor que invadieron a España con anterioridad a nuestra Gloriosa Cruzada, muchas de ellas se conducen públicamente en formas poco correctas y decorosas en sus vestido y ademanes, so pretexto de recrearse en las playas, haciendo como digo gala en calles y plazas a las idas y regreso de estos lugares de su escandalosa desenvoltura y desvergí¼enza, exhibiendo sus piernas sin recato de sus medias y simulando ir vestidas.

Considerando que el sacrificio de nuestros Mártires en la pasada Cruzada lo fue con la mira puesta en la redención de nuestra España Católica libre de toda perniciosa influencia extranjera que vaya en contra de esta tradicional honestidad de nuestras costumbres, honrando la memoria de estos nuestros gloriosos Mártires vengo en prohibir tales desenfados y deshonestidades callejeras anunciando severas sanciones para las infractoras».

Existí­a, pues, para Llaneza una lógica de la victoria que conducí­a a los comportamientos femeninos. De ahí­, la cruzada de la guardia municipal contra las mujeres que, por pobreza o calor, se pintaban la raya «simulando ir vestidas» y la persecución a que sometió a las sardineras de Santurce que tení­an que ponerse las medias al entrar en el término municipal. Se trata, sin duda, de la fuente de anécdotas más conocida popularmente de Llaneza. Todo ello se comenta jocosamente en la  actualidad, pero no deja de ser revelador del integrismo autoritario que Llaneza impuso que sea el principal elemento que ha quedado en la memoria colectiva de su largo mandato.

Pero la ideologí­a polí­tica de Llaneza no se agotaba en esa mezcla de integrismo religioso y españolismo que precipitó en el nacional-catolicismo. Sin que eso cuestionara un ápice su autoritarismo, Llaneza siempre mantuvo una actitud paternalista hacia Barakaldo y, especialmente, hacia las masas obreras que lo componí­an en su mayorí­a. De ahí­ que el obrerismo fuera el tercer elemento de su polí­tica.

A los cuatro meses de la entrada de los nacionales, El Correo publicaba un reportaje sobre la situación en Barakaldo de tono propagandí­stico en el que se describí­a cómo el mercado rebosaba de productos a los mismos precios anteriores a la guerra. El jefe local de los Sindicatos Verticales daba cuenta de que contaban con tres mil afiliados y 600 mujeres en el de industrias quí­micas, cifras de las que el articulista deducí­a que los obreros barakaldeses habí­an comprendido que los nuevos sindicatos eran la verdadera organización defensiva de sus intereses. Las declaraciones de Llaneza sobre la penuria económica que azotaba a la localidad suponí­an el contrapunto al triunfalismo del periodista. El alcalde se mostraba preocupado por el paro obrero a causa de la falta de materias primas, una situación que preveí­a que empeorase cuando retornaran todos los hombres movilizados o penados. Destacaba Llaneza el pacto alcanzado con las empresas locales para que ningún obrero trabajara más de 48 horas semanales y cifraba las comidas que diariamente repartí­an los comedores municipales en unas 2.300. En 1940 la situación no habí­a mejorado en exceso. En un informe solicitado por el Gobierno Civil, Llaneza comunicaba que los comedores del Auxilio Social seguí­an atendiendo a unas ochocientas personas y establecí­a el paro local en cuatrocientos obreros. Preveí­a además que la situación se agravarí­a en el invierno al paralizar su producción algunas de las empresas locales por falta de materias primas, extremo en el que insistí­an todas las declaraciones individuales de las empresas. Preocupaba especialmente al alcalde la situación de las fábricas de calzado de goma y cordelerí­a, las más afectadas e indignadas por los problemas de suministro de materias primas, «pues  así­ como el personal masculino se podrí­a llegar quizá a un esfuerzo proporcionándoles trabajo en nuevas obras publicas que se pueden emprender, no ocurrirí­a lo propio con la mano de obra femenina, que solamente puede tener colocación en las referidas empresas». Reclamaba además Llaneza una mejora en el abastecimiento de productos de primera necesidad argumentando que el rendimiento de la población obrera necesitaba de una alimentación sana, evitando «que la Capital se la coloque en mejor plano que el pueblo como ha ocurrido hasta la fecha prodigándose en aquella en su racionamientos». Finalmente, insistí­a en la necesidad de cambiar la polí­tica de colocación para evitar la sustitución de la mano de obra local.

El jefe de los sindicatos locales ya habí­a hecho referencia a este problema en 1937 en el artí­culo mencionado anteriormente. En octubre de 1939, el propio delegado provincial de la CNS, Julio Serrano, daba cuenta a sus superiores de que «la mayorí­a de las grandes entidades sustituyeron personal por jóvenes más baratos» y los problemas que eso podí­a generar tras la desmovilización.

En este sentido, Llaneza dirigí­a en 1940 un escrito al respecto al gobernador para alertarle de una situación que «encierra un grave peligro para la tranquilidad social y serios trastornos. […] Se está dando el caso paradógico que mientras en el pueblo existen naturales y vecinos con largos años de residencia que por efectos lógicos de la contienda pasada bien sea por haber pasado por campos de concentración o batallones de trabajadores u otras causas perdiendo su antigua colocación a su vuelta al pueblo de origen se encuentran en paro forzoso no logando ningún puesto de trabajo y en cambio van cubriendose estos puestos de trabajo por combatientes o personas que sin reunir esta condición proceden de otras provincia y pueblos de España donde tení­an su medio y forma de vida».

Esta preocupación por la suerte laboral de los trabajadores locales represaliados, incluso en perjuicio de los excombatientes foráneos, puede resultar paradójica en un hombre que habí­a dirigido con duros criterios la depuración municipal. Sin embargo, constituye una muestra del paternalismo con que Llaneza ejercí­a su autoridad. Al igual que no tení­a pudor en adoctrinar a las familias que acudí­an al Auxilio Social «por desgracia por ésta condición de menesterosas, un poco tibios en práctica religiosa» para que fueran «amoldándose a esta buenas costumbres de nuestra madre la Iglesia Católica y a guardar la veneración y respeto debido a sus digní­simos representantes», como ya se indicó, tampoco lo tení­a en censurar a los recién llegados que «halagados por dejar su pueblo y faenas del campo abandonan estas labores agricolas tan necesarias para la prosperidad de España». Frente a ellos se imponí­a el orgullo local de unos trabajadores especializados, formados y relativamente bien pagados que, a pesar de todo, eran barakaldeses. En todo caso, su comportamiento futuro era una competencia de su autoridad.

Esta actitud paternalista de Llaneza se enmarcaba en las vagas elaboraciones del catolicismo de preguerra que mantení­an la bondad del obrero corrompida por agitadores depravados. En este sentido, la intervención de Llaneza en el mencionado Congreso Eucarí­stico de 1944, incluí­a, además de una apelación al cumplimiento del deber por el bien de la Patria, «un recuerdo para los obreros, pidiendo a Jesús Sacramentado que los atraiga con su dulzura y su amor».

Esta apelación obrerista estuvo siempre presente en la retórica de Llaneza junto al integrismo católico y el españolismo. Con ello no entraba en conflicto con los intereses del nuevo régimen. Por el contrario, dadas sus caracterí­sticas de ciudad eminentemente obrera e industrial, Barakaldo se convertí­a en un escenario privilegiado para que el régimen mostrara también su cara obrerista.

En septiembre de 1937, el jefe provincial José Marí­a de Oriol acudí­a al teatro España, antigua Casa del Pueblo, para dirigir un discurso a los obreros sobre «Lo que es el comunismo». Los recursos retóricos para recabar la adhesión obrera de este miembro de la plutocracia bilbaí­na eran bastante limitados. El primero de ellos era el antisemitismo. El comunismo para Oriol era básicamente el fruto de una conspiración internacional judí­a para dominar el mundo. Frente a las pretensiones de esa «raza maldita por Dios», las democracias burguesas resultaban débiles. De ahí­ que la lucha anticomunista necesitase de la eliminación del régimen burgués sustituyéndolo por formas de sindicación nacional como en Alemania, Italia y España. Incluso la autonomí­a era un concepto explotado por los judí­os. Por ello «nosotros españoles, tenemos que hincharnos de gozo, respirar a pulmón pleno y recordar aquel siglo de oro glorioso de España, en que, adelantándonos en 400 años a las civilizaciones de los demás paí­ses, hubo unos Reyes Católicos que, propugnaron la expulsión de los judí­os y consiguieron que de España saliera esa raza maldita y España emprendiese rumbos heroicos». Este planteamiento no era privativo de Oriol. Poco después el mismo Pí­o Baroja publicaba un artí­culo en la primera página de El Correo insistiendo en la misma idea56 y, de hecho, diferentes artí­culos de la prensa de Bilbao proclamaban sin ambajes su simpatí­a por el antisemitismo que recorrí­a Europa57. Que el antisemitismo no haya sido considerado como un rasgo definitorio del franquismo, e incluso que haya sido esgrimido por algunos análisis como elemento clave para diferenciarlo de los fascismos, no significa que no formara parte de la ideologí­a de la derecha española. Cuestión aparte es que fuera poco rentable como elemento cohexionador y legitimador de la comunidad nacional y que no se tradujera en medidas concretas, entre otras cosas porque, como anunciaban satisfechos los corifeos del régimen, en España no quedaban judí­os.

Para apuntalar su argumentación anticomunista, el jefe provincial añadí­a al antisemitismo cifras sobre la miseria que acarreaba el comunismo (de las que tení­a pruebas ciertas) como que el obrero ruso gastaba en comida el 75% de su jornal y, a pesar de ello, comí­a la mitad que el español. No olvidaba tampoco los valores que encarnaban la Falange y el tradicionalismo unidos «para una cruzada que significa espiritualidad, religiosidad, sentimiento de raza, de historia, que significa España, por España, para España y siempre España». Sin embargo, poco decí­a en concreto sobre los proyectos sociales de la nueva España, aparte de insistir en el tópico del catolicismo social acerca de la corrupción externa del obrero haciendo ver a su audiencia «cómo han tratado de engañaros y de torceros lo sano que tiene el hombre dentro de sí­, que es su fe en Dios y su amor a la Patria, fundamento sobre el que hay que construir el nuevo Estado».

Este último era el mensaje que Llaneza preferí­a frente a la modernidad antisemita del resto del discurso del jefe provincial. La voluntad de retomar este discurso obrerista del catolicismo local de preguerra a través de la emotiva figura de un hijo de obreros barakaldeses encumbrado estaba clara en la última misiva que Llaneza dirigió al obispo de Pamplona con motivo del frustrado homenaje: «dignificando en la figura nobilí­sima de nuestro prelado a la de todos aquellos hijos de Baracaldo de humilde condición obrera y honrados y que por sus propios medio llegan a copar los más altos escalafones de nuestra sociedad, no avergonzándose de esta humilde cuna sino muy al contrario haciendo gala de ello como a mi memoria llega en estos momentos la de un acto público celebrado en esa misma localidad de fecha de inolvidables recuerdos en el cual su Ilma. con su autorizada palabra y proverbial elocuencia, recordó que debajo de sus investiduras de obispo se encontraban los hábitos de un salesiano y más abajo la blusa de un trabajador. El enaltecimiento pues de la noble figura de un trabajador es lo que ha movido a este Ayuntamiento al adoptar estos acuerdos…»

La negativa del prelado no hizo desistir a Llaneza en su empeño de retomar el obrerismo católico de preguerra. Con motivo de la visita pastoral de 1938, se organizó un acto especí­ficamente obrerista en el que Lauzurica dirigió un discurso a los trabajadores que concluyó con vivas a Cristo Rey, a España y al Caudillo.

Sin embargo, no hubo de esperar mucho Llaneza para ver cumplida su intención de realizar un gran acto obrerista y, además, con un protagonista de excepción: el propio Franco. El Caudillo visitó Vizcaya en junio de 1939 y eligió Barakaldo para publicitar el carácter social de su régimen en un baño de multitudes. Ante 20.000 obreros concentrados en Altos Hornos, Franco requirió la colaboración interclasista en la tarea de reconstrucción: «Se inicia el resurgimiento de España, después de las heridas que causaron en su cuerpo sagrado los que hicieron traición al mandato de su sangre y de su historia. Esa obra de reconstrucción se realizará con la aportación de todos y cada uno de los españoles, unidos en afanes idénticos y estrechados por recios ví­nculos de hermandad para la más eficaz colaboración: empresarios, técnicos y obreros, los productores todos han de hacer la gran labor común».

Proseguí­a su alocución Franco denostando a los polí­ticos de la etapa anterior a los que acusaba de manipuladores que sólo buscaban el beneficio personal.

«La edificación de una España grande no es palabra hueca de contenido. Es un propósito inexorable que ha de encontrar la culminación feliz de verse lograda por entero. No es lí­cito a nadie que sienta la responsabilidad de las tareas de gobierno prender los fuegos fatuos de promesas vanas y fáciles que ni se piensa ni se puede cumplir. Eso lo hicieron siempre aquellos que os empujaban y arrastraban, para su medro personal, a la miseria y a la muerte. Aquellos que os mintieron fingidas gallardí­as. ¿dónde están hoy?…Los millares de obreros prorrumpen en una ovación estruendosa.»

Teniendo en cuenta la intensidad represiva del momento, la alusión final a la desaparición de los dirigentes izquierdistas constituí­a todo un ejercicio de cinismo por parte de Franco, pero además suponí­a una apelación a los sentimientos de frustración de muchos vencidos que sufrí­an la nueva situación, mientas muchos de sus dirigentes habí­an conseguido exiliarse. Tras esta descalificación de los lí­deres del pasado, el Caudillo ofrecí­a a los obreros una España de trabajo y orden: «Por eso, afirma el Caudillo, que nunca prometió nada que no tuviera la seguridad de poder cumplir. Os prometí­ la Victoria y ha llegado. Hoy os prometo que tendréis una España libre y grande. Os prometo una España en que el odio destructor de otros tiempos esté desplazado por el amor, constructivo y fecundo.

Quiero por ello, ser siempre parco en promesas; pero sabed que habrá trabajo para todos y orden sobre las tierras de España …»

La crónica del vespertino Hierro añadí­a la conocida promesa de «que no haya un hogar sin lumbre ni un español sin pan».

En 1942 era el ministro de trabajo, Girón, quien visitaba la localidad. La primera jornada de la visita estaba dedicada a los servicios asistenciales de Altos Hornos y concluí­a con la inauguración de la Escuela de Orientación Profesional y de Aprendizaje que la empresa habí­a erigido en Sestao, «de la que se esperan resultados espléndidos para el perfeccionamiento del obrero y capacitación en el gran porvenir que la Empresa les depara, preparándoles el camino con renovados estí­mulos para que lleguen al grado de encargados y maestros de talleres». Ante los aprendices puestos en pie al lado de sus máquinas de trabajo, un directivo de la empresa desglosó la polí­tica asistencial de Altos Hornos recordando las viviendas, las escuelas, los economatos, el sanatorio, las pensiones de inutilidad y fallecimiento, la iglesia, y finalmente la nueva escuela, destinada a «formar ciudadanos ejemplares, aptos, sanos de cuerpo, de conciencia recta, con ideales que tengan la máxima satisfacción en ser orgullo de su familia y de su Patria,  con el espí­ritu de servicio y sacrificio que predicaba José Antonio, como lo hicieron los selectos, los caí­dos, y tal como aspiran a formarlos la falange y el caudillo». A este discurso respondí­a Girón estableciendo que la formación técnica no era suficiente «para los grandes pueblos nacidos para misiones supremas» y reclamando la formación nacional-sindicalista: «Al lado de la capacitación técnica debe estar la educación moral y la educación nacional sindicalista, porque en nuestro sentido de entender la vida no cabe el olvido de la espiritualidad […] De esta escuela  profesional inaugurada hoy tienen que salir trabajadores preparados y nacionalsocialistas resueltos».

No es fácil evaluar el calado que podí­a tener esta mí­stica polí­tica, pero lo que sí­ debí­an de tener presente los aprendices barakaldeses era la importancia de entrar en Altos Hornos en un contexto de miseria generalizada como la de la postguerra.

Cuando en 1944 Franco realizó su segunda visita a Barakaldo con motivo de las Fiestas de la Liberación, todos los elementos que el régimen movilizaba para recabar la adhesión estaban ya perfectamente sintetizados. Esta visita tuvo un tono menos obrerista que la primera, pero no por ello dejaba de hacer propaganda de las realizaciones del régimen en materia social. La nueva Escuela de Orientación y Formación Profesional que Franco inauguraba constituí­a una importante realización del régimen en materia social, pues suponí­a una ví­a de promoción más abierta que las escuelas de Altos Hornos. Franco visitó además la empresa Badcock & Wilcox, que concedió una paga extraordinaria con motivo de la visita, y entregó al alcalde cincuenta cartillas de la Caja Postal con cien pesetas para ser distribuidas entre las familias más humildes de la localidad.

Posteriormente Franco inauguró el nuevo edificio de Correos, otra de las realizaciones del régimen en la localidad y presenció un desfile del Frente de Juventudes y los niños del Auxilio Social. Todos estos elementos legitimadores se completaban con la apropiación por parte de Franco de la tradición que encarnaban los viejos combatientes carlistas a los que saludó efusivamente. Y no era la única tradición que invocaba. Todos los actos estuvieron amenizados por conjuntos de hilanderas y espatadanzaris. De hecho, Llaneza habí­a convocado a trece grupos folklóricos de la jurisdicción para identificar con el régimen las caracterí­sticas diferenciales vascas y su carga emotiva.

Finalmente, la religión no perdí­a protagonismo en este programa de actos. Los obispos de Vitoria y Pamplona participaron en los actos y, tras la salida de Franco, concelebraron un solemne Te Deum y colocaron la primera piedra de la iglesia del Buen Pastor en Luchana. Tras haberlo hecho con la primera autoridad, Olaechea pasaba a legitimar a su representante local presidiendo al acto de homenaje a Llaneza en el que se le nombraba hijo adoptivo de Barakaldo.

Y es que a estas alturas Llaneza ya no era sólo el organizador de actos, sino que él mismo se habí­a hecho acreedor de homenajes. En 1943 el gobierno le concedió la Cruz de Alfonso X el Sabio por sus servicios a la cultura. Sus allegados decidieron ensalzar la figura del alcalde y jefe local y decidieron recabar la adhesión popular Para ello se constituyó una comisión presidida por el primer teniente de alcalde encargada de abrir una suscripción para la compra de las insignias y de instar el nombramiento de hijo adoptivo. Como miembros honorarios formaban parte de la comisión el obispo de Pamplona, Antonio de Iturmendi Bañales, subsecretario de Gobernación, ambos hijos predilectos, y el cura párroco de San Vicente. En bando público la comisión recordaba en agosto que «el vecindario de Baracaldo, principal favorecido por los Centros de cultura e instrucción promovidos por el celo del señor Llaneza, debe ser agradecido y reconocer de una manera pública y tangible cuanto debe a la diligencia de su actual Alcalde».

Con el paso de los años se fue produciendo un cierto reequilibrio en los elementos que Llaneza explotaba para legitimar al régimen. A finales de los cuarenta la religión empezaba a perder terreno ante este obrerismo apoyado en las realizaciones sociales del régimen. En 1948 Llaneza habí­a decidido crear la Medalla de Oro de Barakaldo y concedérsela al Caudillo en atención a sus desvelos por los trabajadores. La imposición hubo de esperar a una nueva visita de Franco en 1950. En el discurso solemne de entrega, Llaneza, se presentaba «como productor y como alcalde de este pueblo de trabajadores» y repasaba en su discurso las realizaciones del régimen: los cuatro templos parroquiales (uno en construcción), los dos grupos escolares (uno en proyecto), la Escuela de Trabajo, las tres escuelas profesionales para la mujer (regentadas por la Sección Femenina, las Hijas de la Cruz y las salesianas), los dos colegios de segunda enseñanza, dirigidos por Paules y Dominicas, el edificio de Correos, diferentes obras de urbanización, y, sobre todo, las viviendas de promoción pública, para maestros y funcionarios, 438 para productores y 800 proyectadas. Ante este balance, Llaneza oponí­a la nueva realidad a la situación de preguerra: «los trabajadores de Baracaldo, todos sus vecinos, uniendo sus voces y su gratitud a las de toda la nación, os proclaman su bienhechor, al mismo tiempo que recuerdan y comparan. Recuerdan aquellas larguí­simas huelgas económicas, que después de haber llevado a la miseria los hogares obreros, la ruina al comercio, perjuicios enormes a las industrias y daño irreparable a la economí­a nacional, como única compensación por tantas pérdidas, sólo obtení­an, y no todas las veces, para aquellos obreros unos mí­seros céntimos de aumento en sus jornales. Y comparan con aquellas pobres y en ocasiones sangrientas conquistas de la clase trabajadora la realizaciones sociales, con que vos y el nuevo Estado español espontáneamente habéis protegido al trabajo y los trabajadores.»

Recordaba Llaneza el Fuero del Trabajo, el descanso dominical y las vacaciones, el prestigio a la familia exigido por la Iglesia y los Papas y conseguido gracias al subsidio familiar y el plus de cargas familiares, además del seguro de enfermedad, el subsidio de vejez, las reglamentaciones de trabajo… Con todo ello, «habéis probado que en vuestro corazón de Caudillo cristiano y de padre hay un amor y una preocupación obsesionantes por las clases trabajadoras, para cuyo mejoramiento no encontráis otro obstáculo que los supremos intereses de la Religión y de España».

Al discurso de Llaneza respondí­a Franco entroncando todas sus realizaciones con la tradición y Iglesia. Un viejo requeté que le habí­a abordado en la calle le serví­a para subrayar la continuidad entre el tradicionalismo y su régimen: «su espí­ritu remozado inspira en nuestro Movimiento a la generación nueva». La alusión a la tradición le daba pie a postular su conocida interpretación esencialista y reaccionaria de la historia de España: «El siglo XIX, que nosotros hubiéramos querido borrar de nuestra Historia, es la negación del espí­ritu español, la inconsecuencia con nuestra Fe, la negación de nuestra unidad, la desaparición de nuestro Impero, todas las negaciones de nuestro ser, algo extranjero que nos dividí­a y nos enfrentaba entre hermanos y que destruí­a la unidad armoniosa que Dios habí­a puesto sobre nuestra tierra» .

Continuaba el Caudillo con otra de las constantes de su discurso: «Nuestra victoria carecerí­a de alas, si no hubiéramos abolido para siempre esta lucha de clases destructora, inhumana, anticatólica, aniquiladora de los bienes espirituales y destructora de las fuentes de producción». Sin embargo, en lugar de ensalzar las mejoras materiales que para los trabajadores esta supresión de la lucha de clases habí­a supuesto, Franco daba prioridad a la espiritualidad derivando hacia una mí­stica obrerista: «nuestra existencia sobre la tierra, no tienen un fin materialista y grosero, sino fines mucho más altos; los de la salvación o de la perdición eterna. Y no es que por eso tengamos que sacrificar las aspiraciones, o los derechos y las necesidades materiales del trabajador, pero nosotros no valoramos al trabajador con un concepto miserable de céntimos; le supervaloramos como dice nuestro Movimiento al considerarle como portador de valores eternos, a quien le debemos lo que a nosotros mismos, que está muy por encima de lo que los groseros materialistas europeos quieren hacer con los hombres«.

Esta visita del Caudillo que cerraba los duros años cuarenta revela que la realizaciones sociales del régimen constituí­an ya el principal recurso de legitimación del régimen en la localidad frente al protagonismo de otros elementos como el españolismo y, sobre todo, la religión en sus primeros momentos. La cimentación del consenso entre los diferentes sectores de la derecha no preocupaba a Llaneza, y mucho menos la integración del nacionalismo. Su prioridad era la legitimación del régimen ante las masas de trabajadores que se engrosaban con la llegada de inmigrantes. No en vano, su mandato respondí­a a la lógica de una victoria polí­tica que buscaba ampliar su calado social.

El referéndum de 1947

El referéndum sobre la Ley de Sucesión de 1947 se enmarcaba en el hostil contexto internacional surgido tras la derrota de los fascismos y suponí­a el primer intento del régimen de obtener una legitimidad no derivada de la victoria bélica. Ante el aislamiento internacional Franco consiguió un cierre de filas de los diversos sectores sociales y polí­ticos que habí­an colaborado en la victoria ofreciéndoles una institucionalización de su régimen de hecho. Dadas la condiciones imperantes y teniendo en cuenta que tanto el voto afirmativo como el negativo implicaban la continuidad de Franco, no parecí­a previsible un rechazo importante a través del no. El verdadero peligro para el régimen radicaba en que este rechazo se expresase a través de una abstención masiva. Por ello, entre los mecanismos arbitrados para asegurar una victoria aplastante, la intimidación de los posibles abstencionistas constituyó un elemento determinante.

Una vez en el colegio electoral, el voto negativo o en blanco suponí­a un rechazo activo mucho más peligroso que previsiblemente pocos estarí­an dispuestos a llevar a cabo. A. Cazorla recoge además las instrucciones para el fraude abierto si estas medidas preventivas no funcionaban.

El miedo debió de constituir el factor decisivo en la votación de amplias capas de la población. Y es que nadie, y menos las personas significadas como hostiles, querí­a arriesgarse a que se les atribuyeran los posibles votos negativos o nulos.

No se ha encontrado un informe similar para el caso de Barakaldo. Se dispone, sin embargo, de un informe de los nacionalistas vascos sobre Vizcaya. Según los nacionalistas, tras una actitud inicial un tanto frí­a, la prensa se volcó en la propaganda. Los recortes de prensa que adjuntaban al informe contienen apelaciones al patriotismo contra la injerencia extranjera y al anticomunismo, pero la propaganda que centraba la atención indignada del informe nacionalista era la realizada por la Iglesia.

Las jerarquí­as católicas cerraron filas en torno al régimen y la campaña adquirió un marcado tono religioso destinado a movilizar a las masas católicas. La Gaceta del Norte subrayaba la sí­ntesis nacional-católica al afirmar que el voto positivo «es defender a la Religión, a la Iglesia, a España y a Franco», mientras que el negativo «es negar a España y entregar a la Iglesia en manos de los asesinos de sacerdotes y creyentes y de los incendiarios de templos». Sin embargo, más que a una justificación del voto positivo, la propaganda dirigida a los católicos tení­a como prioridad evitar la abstención. Para ello se recurrió con insistencia a la normas de la Iglesia y a la autoridad del Papa. La Gaceta del Norte utilizaba la foto del pontí­fice para establecer la «voz de la Iglesia» e Hierro consignaba que «votar es un deber sagrado.

Obliga en conciencia, obliga ante Dios». Denunciaban los nacionalistas que el clero llegó a calificar la abstención de pecado mortal, idea que Hierro reproducí­a. La conclusión de un artí­culo de Miguel de Larrañaga sintetizaba toda esta argumentación: «Por eso usted no puede opinar lo que le parezca sin errar, ni votar lo que se le antoje sin pecar. Usted, criatura de Dios, hecho por Dios para Dios, está usted, quiera que no, al servicio de Dios. Por lo tanto, usted no votará lo que quiere, sino lo que debe, a sabiendas además, de que si deserta de este deber, ha de responder ante Dios de su voto»

Para los sectores refractarios a la propaganda se reservaban otra serie de medidas disuasorias. Según los nacionalistas, se hizo correr el bulo de que los abstencionistas no verí­an renovadas sus cartillas de racionamiento, perderí­an las prestaciones sociales, etc. En este sentido, La Gaceta del Norte publicaba un aviso el 5 de julio recordando la necesidad de solicitar el certificado de votación «por cuanto será éste un documento del que pueden tener frecuente necesidad, ya que les será exigido por los Organismo Oficiales en todo caso en que tuviesen necesidad de solventar cuestiones en ellos». Contra estas amenazas de represalias de alcance indefinido poca efectividad tení­an las consignas que hací­an circular los nacionalistas recordando que según el decreto de 1907 sólo podí­a sancionarse a contribuyentes y funcionarios». Concluí­an los nacionalistas que el régimen no se atreverí­a a aplicar ni siquiera las sanciones previstas legalmente, pues constituirí­a un reconocimiento de su fracaso. El argumento parecí­a plausible, pero requerí­a que la abstención fuera realmente considerable. Y eso era lo que el régimen pretendí­a evitar movilizando todos sus recursos.

El gobernador y jefe provincial Genaro Riestra convocaba mediante carta a los afiliados para que estuvieran a disposición del partido pues, aunque «la Falange, minorí­a selecta, repudia como el primer dí­a la teorí­a del mejor criterio de la mitad más uno», el deber marcaba que «hay que votar y hacer votar«. También convocó a diferentes asociaciones patronales y comerciales para asegurarse el voto de sus empleados y afiliados.

Se emplearon también estrategias tendentes a formar colas en los colegios que hicieran ver a los abstencionistas que una hipotética acción colectiva abstencionista habí­a fracasado. Para ello, según los nacionalistas, se llegó a ralentizar la votación hasta consumir más de cinco minutos por votante. Denunciaban también los  nacionalistas otras irregularidades en la votación. El hermano del presidente de las Cortes, Hilario Bilbao, que presidí­a una mesa en la capital, desdoblaba las papeletas de los votantes antes de introducirlas en las urnas. Varias personas fueron conducidas a votar por la policí­a y miembros de la Falange. En Alonsótegui, en el término municipal de Barakaldo, varias mujeres, de las que daban nombre y apellidos, fueron obligadas a votar en lugar de sus maridos y familiares, y un nacionalista que hací­a su presentación por estar en libertad vigilada fue conducido al colegio por la Guardia Civil y obligado a votar por su hermano, pues no tení­a derecho de voto. La casuí­stica del informe nacionalista da cuenta de varios incidentes protagonizados por sacerdotes que no compartí­an el criterio de las jerarquí­as. En Busturia el coadjutor solicitó una papeleta en blanco y se le negó, ante lo cual se retiró sin votar; en Arrigorriaga la mesa abrió la papeleta de un sacerdote que iba a votar negativamente y en Valmaseda el jefe local obligó a un sacerdote y a varios nacionalistas que le acompañaban a abandonar las inmediaciones de los colegios electorales y recluirse en sus casas.

Como era de esperar a la luz de lo expuesto el sí­ resultó abrumador. Casi un diez por ciento de los votantes barakaldeses votó no a pesar de todas las irregularidades y presiones. El acta oficial de Barakaldo no garantiza la correspondencia de los resultados consignados con el voto realmente emitido. Su falsificación es más que probable.

5.3.- Los cincuenta: la institucionalización del poder local.

Las elecciones municipales de 1948 cerraron la primera etapa del poder local bajo el franquismo. Con su aplicación el régimen avanzaba en su institucionalización iniciada con la creación de las Cortes en 1942 y ratificada por la Ley de Sucesión de 1947. Con ello, el franquismo pretendí­a lavar su imagen de dictadura de hecho, para convertirse en un sistema de derecho corporativo. Los innumerables filtros que la democracia orgánica aplicaba a la expresión de la voluntad popular le alejaban notablemente de cualquier concepción democrática del Estado, pero no impedí­a teóricamente un cierto tipo de representatividad, concretamente aquélla que muchos sectores conservadores y especialmente católicos vení­an reclamando desde finales del siglo XIX y más aún desde los años treinta. Frente a los temores de una restauración democrática, el nuevo sistema podrí­a haber abierto un amplio juego para la representación de los intereses conservadores e, incluso, la ví­a para una evolución del régimen. Sin embargo, esto no fue así­, pues toda la operación era básicamente cosmética. El régimen no estuvo dispuesto a dotarse de reglas, ni siquiera en su versión más restrictiva, que permitieran una cierta representatividad. Por el contario, el franquismo nunca renunció a ser una dictadura de hecho, cuyo motor evolutivo se encontraba en situaciones y equilibrios de hecho bastante alejadas de todo el andamiaje institucional.

Ni siquiera en el modesto ámbito local permitió el régimen un cierto juego representativo. Todo el sistema de elección estaba diseñado para evitar una pérdida de control y permití­a la intervención directa de las autoridades. Sólo las elecciones al tercio familiar abrí­an un resquicio a la representatividad, pero era meramente teórico, pues las autoridades se reservaban el filtrado de los candidatos y conferí­an pocas garantí­as al proceso electoral. Más controlada estaba todaví­a la elección del tercio sindical, en dos grados, y más aún el corporativo que añadí­a el filtro de los concejales no renovados. En realidad, esta última elección tení­a la apariencia de un mecanismo para acabar de amañar  la elección en caso de que algo hubiera fallado en las dos anteriores.

Sin embargo, el nuevo sistema cerraba una etapa del poder local. Hasta el momento la composición del ayuntamiento habí­a sido una cuestión de nombramiento directo desde las instancias superiores que habí­a dado lugar a fuertes tensiones. A partir de 1948 el régimen ofrecí­a unos mecanismos reglados de selección del personal local. Que estos mecanismos estuvieran continuamente interceptados por el gobernador y el alcalde no significaba que no supusieran un cambio cualitativo frente al nombramiento directo del periodo anterior.

En Barakaldo inauguraron un cierto juego polí­tico basado en la competencia que ofrecí­a mecanismos de selección del personal polí­tico relativamente independientes de la voluntad del jefe local y alcalde. Seguramente, ésta fue la consecuencia más trascendente del nuevo sistema a escala local. Ya no era posible el enquistamiento de grupos de afinidad, polí­ticos o de intereses en las instituciones locales. El debate sobre si el viejo caciquismo siguió actuando o no bajo el franquismo debe partir de la premisa de este cambio trascendental.

Paradójicamente, lejos de aportar representatividad, el nuevo sistema ampliaba el poder de las instancias centrales del Estado sobre las élites locales. A pesar de su inmenso poder en los años cuarenta, los gobernadores civiles habí­an tenido que negociar con los grupos locales la composición del ayuntamiento aunque sólo fuera porque eran esos grupos los que filtraban su percepción de la realidad local. A partir de 1948, el gobernador ya no tení­a que intervenir en los ceses y nombramientos, ni entrar en el juego de presiones que implicaban; éstos se producí­an cada seis años por ley. Sólo el alcalde estaba al margen de esta renovación. Ciertamente, tení­a todaví­a más poder que antes, puesto que ahora era él de hecho quien seleccionaba al personal, pero era mucho más dependiente del poder central que le nombraba y destituí­a. Evidentemente, podí­a seguir seleccionando el personal en función de sus intereses de bando, polí­ticos o económicos; pero no lo podí­a mantener. Ello obligaba al alcalde a buscar continuamente reequilibrios que le fueran favorables o simplemente a renunciar a contar con un grupo permanente de fieles como habí­a ocurrido en el periodo anterior. Y es que el régimen franquista no estaba dispuesto a que la acción central fuese continuamente filtrada por bandos y élites locales, una novedad que le diferenciaba radicalmente del pretendido centralismo de la Restauración.

Las primeras elecciones municipales

En Barakaldo existí­a un grupo amplio de simpatizantes de la ultraderecha sobre la que era posible poner en funcionamiento los nuevos mecanismos de selección. En 1948 se proclamaron quince candidatos para las cinco vacantes del tercio familiar. Nueve de ellos aparecen calificados de carlistas, uno de falangista y otro genéricamente de derechas; de cuatro no se tienen datos. La hegemoní­a carlista entre los candidatos queda confirmada por los datos de preguerra: ocho de ellos, incluido el secretario local de FET-JONS que los informes calificaban de falangista, aparecen en el listado de socios de la Sociedad Tradicionalista de 1933 o en sus juntas.

Entre los candidatos destacaban dos figuras. Leopoldo Castro, carlista y muy activo en el asociacionismo católico, habí­a sido segundo teniente de alcalde en 1937 y primero desde 1938 hasta 1944, fecha en que dimitió. Los informes lo definí­an como un partidario de Fal Conde en cuya obediencia no se podí­a confiar. Silverio Jaúregui era el secretario de FET-JONS y concejal desde 1937 y, a pesar de su antigua militancia carlista, ejercí­a de camisa vieja como ya se apuntó. Ambos obtuvieron las votaciones más altas.

Sin embargo, la ortodoxia polí­tica de los candidatos no supuso que se permitiera que el cuerpo electoral decidiera entre ellos, pues las elecciones no fueron limpias. En las actas de escrutinio constan multitud de irregularidades entre las que destaca el pucherazo de Retuerto. Las actas de las secciones cuarta y quinta de San Vicente – Retuerto desaparecieron y fueron entregadas fuera de plazo por uno de los candidatos, Ismael Vitoria. La falsificación de las actas, además, no podí­a ser más burda. Estas secciones eran las únicas de Barakaldo en las que sólo cinco de los candidatos obtení­an votos. Se otorgó unas decenas de votos a Castro y Jaúregui, que iban en cabeza en todas las secciones, y 200 y 260 en cada sección a tres candidatos que gracias a ello se aseguraron la elección: el propio Vitoria y dos carlistas más. El resto de los candidatos se quedó con cero votos. Las protestas muestran que tras la maniobra de Vitoria estaban el propietario carlista Vicente Bardeci, teniente de alcalde desde 1937, y el abogado David de Santurtún, presidente de la Juventud Vasca en 1920 y de la Junta Municipal nacionalista en 1921, pero con buenas relaciones con las nuevas autoridades y que formaba parte de la sociedad de Caza y Pesca que, como se vio, agrupaba a miembros de dos familias nacionalistas cercanas al régimen.

Tanto si la falsificación fue orden de Llaneza como si fue la acción autónoma de un grupo de fuerzas vivas de Retuerto, la cuestión es que el nuevo sistema inauguraba una competencia entre los fieles al régimen. Resulta significativo que también Castro hiciera constar su protesta por la irregularidad y que, finalmente, incluso Jaúregui, el secretario local del partido, se viera obligado a hacerlo.

También en el tercio sindical hubo competencia. Los compromisarios fueron unánimes en su voto a Lorenzo Lahuerta, un prototí­pico representante de la derecha católica que habí­a constituido Acción Popular, de la que fue vicepresidente, pero para el resto de los ocho candidatos el voto se dispersaba. En los últimos puestos quedaron el falangista Rodrigo Alvarez, concejal desde 1937, y el primer teniente de alcalde Bardeci.

La perturbación introducida por el nuevo sistema hubo de ser compensada en el tercio corporativo donde se consiguió la proclamación de Daniel Vilar, derrotado en el tercio familiar, y del propio Bardeci, que aún así­ resultó el menos votado.

Frente al monopolio del poder local por parte del grupo de carlistas nombrado en 1937 bajo el liderazgo de Llaneza, el nuevo sistema instauraba una competencia limitada básicamente a los carlistas, pero no por ello menos real.

La renovación del personal polí­tico

Las elecciones de 1948 supusieron una renovación importante del personal polí­tico local. En Barakaldo el personal polí­tico del ayuntamiento se mostró mucho más resistente a entrar en esta rueda de renovación permanente. En el momento de las elecciones, la mitad del consistorio llevaba en sus cargos desde 1937, es decir, 11 años. Este grupo continuó constituyendo un cuarto del consistorio en 1949 y 1952, lo que significa que en el momento de su cese llevaba en el ayuntamiento nada menos que 18 años. Todaví­a en 1955 sobreviví­a un concejal de este grupo.

Durante casi dos décadas Llaneza se resistió a prescindir de sus colaboradores del primer momento. La extinción de este grupo no implicó que el veterano alcalde estuviera dispuesto a someterse a la rotación que pretendí­an las autoridades. La renovación de 1949 introdujo un nuevo grupo de concejales que tomó el relevo y se mostró también bastante reticente a desaparecer. En 1955, fecha en que teóricamente debí­an haber cesado, constituí­an el 20% de la corporación, y uno de ellos llegó hasta la corporación de 1961. Llaneza parecí­a haber encontrado en los nuevos concejales de 1949 su segunda remesa de colaboradores de confianza. Por contraste, los concejales de 1946, que se habí­an nombrado para cubrir las bajas del grupo inicial, no tuvieron  ninguna trascendencia.

Esta continuidad de dos grupos básicos durante el mandato de Llaneza se aprecia con mayor claridad si se atiende a la renovación de los tenientes de alcalde.

La renovación de 1946 no afectó al equipo de gobierno y este grupo continuó acaparando la mitad de las tenencias de alcaldí­a hasta 1955. En esta fecha, todaví­a Vicente Bardeci, propietario carlista de Retuerto, se mantení­a en la primera tenencia de alcaldí­a, cargo que ocupaba desde 1949.

En la década de los cincuenta fueron hombres nombrados en 1949 los que se convirtieron en depositarios de la confianza de Llaneza. Uno de ellos se mantení­a todaví­a en el equipo de gobierno 1961.

Un análisis de la composición de los equipos de gobierno de Llaneza revela la importancia de cuatro hombres; dos nombrados en 1937 y dos en 1949. Muestra además que Llaneza mantení­a el escalafón de antigí¼edad y que la promoción hacia los primero puestos de confianza era paulatina. Del primer grupo, además del mencionado Bardeci, destaca el maestro carlista Ireneo Diez, dirigente de los sindicatos libres en Vizcaya. El relevo de Bardeci fue el joven abogado Luí­s Ingunza. Con sólo 27 años cuando entró en el ayuntamiento, Ingunza era claramente un hombre del aparato del Movimiento, concretamente de los sindicatos para los que trabajaba. En 1948 era el Delegado Comarcal de la CNS y no se le conoce militancia previa a la guerra, aunque algunos informes le atribuí­an simpatí­as por el tradicionalismo. En 1955 Ingunza era ya segundo  teniente de alcalde y a partir de 1958 el primero. Su carrera culminó, como se verá, en la alcaldí­a tras la retirada de Llaneza. Antonio Fernández, en ascenso permanente en el equipo hasta 1958, era un empleado de Altos Hornos de filiación tradicionalista, aunque no se tiene constancia de su actividad polí­tica anterior a la guerra. Habí­a sido uno de los beneficiados por el pucherazo de Retuerto en 1948.

El nuevo personal polí­tico

Si bien, como se ha venido exponiendo, las elecciones de 1948 abrieron una nueva etapa en cuanto a la permanencia del personal polí­tico, los nuevos mecanismos de selección no afectaron al modelo de funcionamiento polí­tico en ninguna de las dos localidades.

En Barakaldo, el carlismo mantuvo la hegemoní­a que vení­a ostentando desde 1937. Las elecciones de 1948 supusieron incluso un reforzamiento de su presencia. Durante todos los cincuenta y los primeros años de los sesenta, el carlismo de preguerra proveyó en torno al 50% del personal polí­tico barakaldés. Todaví­a en 1964, es decir, 27 años después de acabada la guerra, suponí­a casi el 20% del consistorio Su declive en esta fecha y su práctica desaparición posterior coincidí­a con la salida de Llaneza. En contraste con esta permanencia carlista, la derecha no tradicionalista de preguerra fue perdiendo posiciones a los largo de la década de los cincuenta hasta su desaparición en 1961. Los falangistas, por su parte, mantuvieron constante su participación cercana al 20% en el consistorio, aunque este grupo precisa de algunas puntualizaciones. En realidad, se trata de un grupo definido por exclusión, ya que se considera falangista a todo aquel militante FET-JONS no carlista o del que no se tienen datos de otra actividad polí­tica de preguerra. Falangistas de preguerra sólo se tiene constancia de dos: el excombatiente Vicente Valcabado, medalla de la vieja guardia, concejal de 1945 a 1949 y de 1955 a 1961, aunque sobrino de carlista, y Silverio Jaúregui, secretario del partido durante los cuarenta y parte de los cincuenta, que, sin embargo, tení­a un pasado tradicionalista.

La gestión municipal

La tarea de Llaneza al frente del consistorio barakaldés fue bastante complicada. Aunque fue procurador en Cortes en los años cuarenta y se valió del barakaldés Iturmendi Bañales, director general de Administración Local, subsecretario de la Gobernación y posteriormente ministro de Justicia, para tener una ví­a de acceso al lejano Estado franquista, Llaneza nunca ejerció de puente entre las fuerzas vivas locales y el Estado. Las grandes empresas de la localidad no necesitaban de sus gestiones, ya que tení­an canales mucho más fluí­dos de relación que el alcalde y jefe local.

Por otro lado, los problemas de gestión a los que habí­a de enfrentarse la corporación presidida por Llaneza eran serios. En Barakaldo habí­a que dar respuesta a los problemas planteados por una avalancha migratoria que prácticamente dobló la población en la década de los cincuenta. En los treinta la población habí­a crecido en torno a un 6% y en los cuarenta habí­a superado el 10%. En los años cincuenta se dispara en Barakaldo situándose por encima del 80%. Esto supone que en diez años Barakaldo casi dobló su población. En 1960 hací­a tiempo que Barakaldo habiá duplicado su población con respecto a 1940. En 1970 la triplica. La causa radica en la buena marcha de la siderurgia vizcaí­na bajo la autarquí­a.

Las limitaciones impuestas por la polí­tica económica del primer franquismo y las graves dificultades que atravesaba la economí­a española son ampliamente conocidas, pero no por ello dejaba de reservar el mercado español para la siderurgia vizcaí­na. La reactivación de los cincuenta, por limitada que fuera, tuvo efectos multiplicadores en las industrias barakaldeses y de la margen izquierda en general. Esta situación, unida a las precarias condiciones de vida  de sus lugares de origen, atraí­a anualmente a miles inmigrantes de Castilla, Galicia y Extremadura. Unas 27.000 personas, el equivalente a tres cuartas partes de la población de 1950, llegaron a Barakaldo entre esta fecha y 1960.

Esta avalancha humana desbordaba a las autoridades locales y todaví­a más a la mentalidad de Llaneza. Ya se señaló como en 1940 Llaneza contemplaba el fenómeno migratorio como la deserción de su lugar patriótico de unos campesinos «halagados por dejar su pueblo y faenas del campo» y reclamaba medidas para regular su llegada. En 1957 se dirigí­a al ministro de Gobernación para reclamar medidas que regulasen «estos desplazamientos en masa, continuos y un tanto alegremente y por tanto poco meditados» y evitase que los recién llegados «se compliquen y nos compliquen la vida en un peregrinar en demanda de trabajo y vivienda». Se quejaba el alcalde de que «de un tiempo a esta parte la afluencia enorme e incesante de familias enteras desplazadas con este fin sin tener previamente resuelto el problema aludido de alojamiento, sino también el mismo de trabajo a que aspiran» planteaba multitud de problemas entre los que, consciente de a quien se dirigí­a, destacaba el de control polí­tico: «al no disponer más que con medios muy limitados de policí­a de seguridad y vigilancia y no poder controlar debidamente las filiaciones polí­ticas de nuestros vecinos, poder constituir un grave peligro en caso de una alteración del orden público»

Como en 1940, las peticiones de Llaneza no fueron atendidas. Sólo obtuvo repuesta del director general de Trabajo que establecí­a que «dicho movimiento migratorio no plantea una situación de paro, ya que la demanda de mano es claramente superior a la demanda de colocación» y se desentendí­a del resto de los problemas planteados por Llaneza: «En cuanto a otros problemas que se plantearon como son la escasez de viviendas de í­ndole sanitaria y moral, etc tampoco podemos entrar en ellos por no ser de la competencia de este Ministerio».

No cabí­a esperar, pues, que el Estado limitara las corrientes migratorias y evitara al ayuntamiento tener que enfrentarse a los problemas que el crecimiento vertiginoso de la población planteaba, máxime cuando actuaban sobre una localidad tradicionalmente mal dotada de infraestructuras. En este sentido, ya en los primeros cuarenta la gestión de Llaneza se habí­a dirigido a la construcción de infraestructuras como el edificio de Correos y la escuela de formación profesional. En 1954 el ayuntamiento habí­a realizado inversiones por valor de 35 millones de pesetas y esta inversión se disparó en el resto de la década. En 1962 el ayuntamiento habí­a invertido 233 millones en obras municipales.

El 60% de la inversión municipal se habí­a dirigido a la construcción de viviendas que era el problema más acuciante. En 1962 el ayuntamiento habí­a construido 2.358 nuevas viviendas. Pero la inversión municipal no era suficiente, pues sólo suponí­a una vivienda por cada 17 nuevos habitantes. A partir de 1955, las regulaciones estatales ratificaban el tradicional paternalismo social de las grandes empresas barakaldesas obligando a la construcción de viviendas en función de su plantilla. En 1962 Euskalduna habí­a construido en Barakaldo 700 viviendas, Altos Hornos 507 y la Sefanitro 120. Pero ni siquiera estas intervenciones empresariales satisfací­an las necesidades. Estas eran de tal magnitud que incluso de las asociaciones locales partieron  iniciativas de construcción Así­, el Centro Gallego construyó 320 viviendas, el Cí­rculo Burgalés 110 y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos 194.

Un sólo dato ilustra el crecimiento desmesurado de Barakaldo en estos años: entre 1937 y 1962 se construyeron el doble de las viviendas existentes al acabar la guerra. Así­, el ayuntamiento podí­a presumir de que el número de personas por viviendas en la localidad habí­a descendido de los 5,42 de 1937 a los 3,93 de1962, «a pesar de cuantas miserias se escriben sobre las condiciones lamentables en que viene muchos vecinos de Baracaldo».

Mas la vivienda no era la única necesidad que la inmigración planteaba. Para atender a la demanda educativa se construyeron tres nuevos grupos escolares en Larrea, Alonsótegui y Luchana, además de la Escuela de Maestrí­a. Sin embargo, esta inversión era insuficiente. Sólo el 43% de la matrí­cula de primaria correspondí­a a las escuelas públicas. El resto se dividí­a entre las escuelas de Altos Hornos con un 11,9% y los diferentes centros privados que captaban el 43% de la matrí­cula. Las escuelas religiosas que vení­an a cubrir las deficiencias de la inversión pública en educación se convertí­an en hegemónicas en la enseñanza media. No habí­a instituto en Barakaldo y sólo en el colegio de los Padres Paúles, fundado significativamente en 1944, podí­an 600 alumnos estudiar bachillerato. De hecho, la insuficiencia de la inversión pública planteaba tales posibilidades de expansión a la enseñanza religiosa que en 1961 estaba previsto que comenzaran a funcionar próximamente un grupo escolar de los Padres Páules con capacidad para 1500 alumnos y otro de las Misioneras Seculares de Jesús Obrero para 600. Aún así­, la media de alumnos por profesor era de 47, mientras que en 1937 habí­a sido de 36.

Esta edad de oro de las escuelas religiosas no era fruto de las limitaciones presupuestarias que impedí­an el desarrollo de la escuela pública, sino de un orden de prioridades. Y en el de Llaneza la Iglesia ocupaba el primer lugar. Que la prestación de servicios religiosos a la población era más importante que la de servicios educativos queda ilustrado por el gasto municipal en templos. Hasta 1962, el ayuntamiento habí­a invertido 14 millones en cuatro iglesias y el convento y escuelas de las Hijas de la Cruz. Era el doble de lo que habí­an costado los tres nuevos grupos escolares. Si se cuenta la escuela de maestrí­a, el ayuntamiento habí­a gastado lo mismo en templos que en infraestructuras educativas. Incluso el Cí­rculo Cultural Recreativo habí­a costado tanto como las escuelas.

Toda esta inversión habí­a multiplicado los presupuestos municipales. Sin embargo, todos ellos se cerraron con superávit. Llaneza no se dejaba desbordar por las nuevas necesidades y hací­a gala del realismo: «de lo que nunca se nos podrá acusar es de no haber realizado, al redactar cada presupuesto, un detenido y concienzudo estudio de las posibilidades económicas reales con que podí­amos contar».

A pesar de las importantes inversiones realizadas a lo largo de los cincuenta, las necesidades que el crecimiento de la población planteaba estaban lejos de cubrirse. Se necesitaban más viviendas, la mayorí­a de las calles estaban sin urbanizar y existí­an serios problemas con el suministro de agua. Todas estas deficiencias no harí­an más que agravarse cuando alcaldes menos paternalistas que Llaneza tomaran el mando en los años sesenta.

Los desafí­os.

En Barakaldo, Llaneza tení­a pocas dificultades para mantener su dominio. El nacionalismo vasco era un proyecto abiertamente polí­tico. La cuestión cultural nunca habí­a alcanzado la dimensión polí­tica que tení­a en Cataluña y el vasquismo no era exclusivo de los nacionalistas. También los carlistas actuaban en ese terreno. De hecho, el propio Llaneza hací­a uso de hilanderas y espatadantzaris en cada acto público sin que tales manifestaciones supusieran tensión alguna con su acendrado españolismo. Por otro lado, y precisamente por ello, el arraigo a la tradición y los valores culturales particulares no habí­a cimentado un compromiso de la Iglesia vasca con el nacionalismo vasco similar al de la Iglesia catalana con el catalanismo, en la versión que fuera. El carlismo seguí­a siendo un puente entre vasquismo, tradicionalismo y españolismo. Tampoco las fuerzas vivas locales y los grupos burgueses en general habí­an establecido un lazo con el nacionalismo vasco.

Finalmente, el nacionalismo se habí­a aliado explí­citamente con el bando republicano, lo que permití­a proscribirlo sin dificultad. Todo ello hací­a que la ruptura con las tradiciones de preguerra fuese radical  y que Llaneza pudiera mantener un estricto control sobre la sociabilidad local que condenaba al entorno nacionalista prácticamente a las redes de conocimiento personal. Los nacionalistas barakaldeses no habí­an creado sociedades al margen de los batzokis en las que pudieran encontrarse después de la guerra en función de intereses sociales o culturales. En Barakaldo la presencia de sociedades meramente recreativas o culturales no alineadas polí­ticamente habí­a sido mí­nima. Una  vez clausurados los batzokis y la Casa del Pueblo, prácticamente no quedaba espacio para la actuación de las sensibilidades polí­ticas y culturales de preguerra.

El Cí­rculo Cultural Recreativo, fundado en 1957, no dejaba de ser una creación oficial, que albergaba básicamente al nuevo personal polí­tico crecido al amparo de las organizaciones del Movimiento. No en vano Llaneza invirtió casi seis millones de pesetas en su creación. Su disolución para convertir el edificio en equipamientos culturales era una de las medidas con que el tardo-franquismo intentaba congraciarse con la ciudadaní­a movilizada en 1974.

A pesar de este férreo control sobre la sociabilidad local, a lo largo de los cincuenta ésta comenzó a renacer bajo diferentes fórmulas. Una de ellas era la del asociacionismo deportivo, básicamente equipos de futbol. En 1962 existí­an cinco clubs de futbol, aparte del Baracaldo Altos Hornos. Pero la respuesta más espectacular al páramo societario de los años cuarenta eran los centros regionales. Estos centros no eran una novedad en Barakaldo, donde la inmigración era un fenómeno tradicional. El Centro Gallego se habí­a fundado en 1901, la Colonia Burgalesa en 1905 y el Centro Asturiano en 1906. En 1928 existí­an también el Centro Montañés y el Centro Leonés, además de tres asociaciones de burgaleses. A finales de los cincuenta la lista de completó con nueve centros regionales nuevos, elevándose a un total de 13 los existentes en la localidad.

Estas sociedades respondí­an a las necesidades de los recién llegados. En los años veinte los centros más veteranos aparecí­an como sociedades de socorros mutuos y, en realidad, eso era lo que hací­an las nuevas casas regionales: ofrecí­an refugio frente al desarraigo y sobre todo redes de apoyo y solidaridad para la inserción en la sociedad barakaldesa de sus afiliados. Ya se indicó que los más veteranos, como el Gallego y el Burgalés, llegaron a edificar viviendas para sus socios. Sin embargo, esta red de centros regionales ofrecí­a unas potencialidades que el régimen aprovecharí­a crecientemente en la década siguiente. Las autoridades locales siempre mantuvieron buenas relaciones con estas casas regionales que subrayaban el «crisol nacional» o «España en miniatura», como gustaba denominarlo el régimen, en que se habí­a convertido Barakaldo y este componente serí­a explotado posteriormente en el alarde nacional, festival folklórico que reafirmaba la identidad española frente al renacer de los grupos vasquistas. Pero además  de esta proyección simbólica, los centros regionales acabaron configurándose en el tardofranquismo como uno de los ámbitos de extracción del personal polí­tico local.

Evidentemente quedaba un tercer ámbito de sociabilidad además del deportivo y el regional: el religioso amparado por la Iglesia católica. Como se señaló, la Iglesia local y las asociaciones religiosas locales se habí­an entregado con entusiasmo en los cuarenta al nacional-catolicismo. Y no era de extrañar, pues carlistas y hombres de la derecha no nacionalista habí­an tenido mucho más protagonismo en las asociaciones católicas que los nacionalistas. La sustitución al frente de la tradicional parroquia de San Vicente de Pablo de Guezala por José Marí­a de Baena, euskaldún de Bermeo y antiguo capellán de gudaris, empezó a cambiar las cosas. La Schola Cantorum, fundada en 1940, ofreció espacios de sociabilidad al mundo nacionalista. Llaneza intentó fundir esta sociedad con el Orfeón barakaldés, pero la Schola se resistió, lo que le valió la marginación de las ayudas oficiales. También en San Vicente se fundó en 1949 el Grupo de Danzas Laguntzaguna y siguiendo su estela el grupo Amaya en Luchana en 1955. Los intentos de Llaneza de fusión y la marginación de estas sociedades de las ayudas oficiales apunta a que también en Barakaldo la cultura tradicional suponí­a un desafí­o para el poder establecido. Pero estas manifestaciones no estaban tan politizadas en un sentido nacionalista. En ellas participaban personas procedentes de otras tradiciones polí­ticas. El nacionalismo vasco siempre habí­a sido discurso un abiertamente polí­tico en el que las cuestiones culturales no tení­an la trascendencia polí­tica que tení­an para el catalanismo. De las conversaciones con nacionalistas se desprende más bien la sensación de que tanto en la Dictadura de Primo como en el franquismo este tipo de sociedades suponí­an actuaciones de los nacionalistas, pero no actuaciones nacionalistas. Esta sutil diferencia cualitativa se percibe incluso en los dirigentes nacionalistas que señalan la importancia de estas sociedades como continuadoras de una tradición en un contexto hostil, pero que están lejos de otorgarles el carácter resistencial. Las contemplan más bien desde una perspectiva defensiva como espacios de sociabilidad arañados al régimen tras la reclusión en la privacidad que se habí­a impuesto tras la guerra, no como plataformas de actuación nacionalistas. En este sentido, la recuperación de la sociabilidad nacionalista no requerí­a necesariamente de asociaciones vinculadas a la temática vasca. En un barrio de arraigo nacionalista como San Vicente bastaba la creación de nuevas sociedades como el club de futbol Arbuyo o el Club Elejalde en 1961 para que los nacionalistas pudieran volver a establecer redes de sociabilidad más allá del ámbito de las redes familiares o de amistad.

Fuera del casco, las comisiones de fiestas ligadas a las parroquias constituyeron también espacios de sociabilidad autónomos. De nuevo, más que en el mantenimiento de tradiciones como romerí­as o danzas, la trascendencia de estas comisiones radicaba en la posibilidad que ofrecí­an a la gente de los barrios de participar en la vida pública al margen del estrecho mundo societario impuesto por el régimen. A pesar de la vinculación a la Iglesia, ofrecí­an espacios donde interactuar y eso en el Barakaldo de Llaneza ya era mucho.

Pero no iban a ser los grupos amparados por la Iglesia los protagonistas de los primeros desafí­os al nacional-catolicismo de Llaneza.  Fueron los sacerdotes los que plantearon abiertamente los desafí­os. En 1959, el coadjutor de Cruces habí­a protestado porque se tocara el himno nacional durante la Misa Mayor de las Fiestas de Burceña. En 1961 el mismo sacerdote increpó a la banda musical y se enfrentó a la corporación por el mismo motivo en Retuerto. Que un sacerdote atacara la sí­ntesis nacional-católica encarnada en la misa con la corporación y el himno era un desafí­o abierto, pero que además se atreviera a increpar a la corporación era poco menos que inconcebible para Llaneza que inmediatamente puso los sucesos en conocimiento del gobernador civil. Pero el rechazo al himno y a la misma corporación no fue un hecho aislado. Un mes después los incidentes se repetí­an con motivo de las fiestas de Burceña. Al no haber recibido invitación para la Misa Mayor, Llaneza envió al Oficial Mayor a hablar con el párroco para subsanar el olvido, pero Javier Echevarren le contestó que «ni la ha enviado ni la enviarí­a», como tampoco lo hací­a la parroquia de Cruces. Poco después llegaba al ayuntamiento la noticia de que la misa se habí­a adelantado media hora sobre el programa oficial aprobado por la autoridad local. A pesar de que no habí­a sido invitada y de que era evidente que se pretendí­a que no estuviera presente, la corporación se presentó en la misa, donde nadie la recibió. Echevarren inició su sermón sin mención alguna a las jerarquí­as de la Iglesia ni a las autoridades con un sencillo «queridos hijos de Burceña». Además, prohibió que se tocara el himno nacional y cerró las puertas para que no se oyese desde el exterior, interrumpiendo la consagración. Finalmente, cuando Llaneza acudió a despedirse del párroco, éste se negó a darle la mano pues «no le habí­a dejado dar la misa a gusto». Los sucesos eran un ataque en toda regla contra la lí­nea de flotación del nacional-catolicismo y su identificación entre religión y franquismo. Y así­ lo lamentaba Llaneza, que en la correspondiente denuncia ante el gobernador civil, concluí­a que «estos hechos no responden a la debida conducta para las Autoridades que rigen los designios de la Patria, ni para los ideales por los que tanta sangre se ha vertido«.

La caí­da de Llaneza

Poco después de publicitar los avances conseguidos en los 25 años bajo el signo de Franco, Llaneza abandonaba el cargo. A principios de 1963 fue nombrado gobernador civil de ílava. Tras haber conseguido la rotación del personal polí­tico local a través del sistema de las elecciones municipales, el régimen parecí­a abordar la renovación de estos alcaldes sempiternos. Su fidelidad no estaba en duda y los servicios prestados como representantes del régimen en la localidad así­ lo demostraban. Sin embargo, esa delegación de poder en una misma persona durante tantos años amenazaba con convertirse en un obstáculo para las pretensiones de dominio absoluto del propio régimen. Este era el caso de Llaneza que llegó a considerarse más representante de los intereses de la localidad que de Altos Hornos. Ante el conflicto el régimen se decantó a favor de la empresa.

En 1962 Altos Hornos solicitaba al ayuntamiento permiso para construir trenes de laminación de bandas en caliente y frí­o en la Vega de Ansio. Esta pretensión chocaba con los planes de futuro del ayuntamiento que habí­a intentado planificar el desarrollo urbaní­stico de la localidad en el Plan General de 1956. La pretensión de Altos Hornos superaba con mucho la capacidad industrial prevista para la zona, requerí­a la recalificación de los terrenos y, en definitiva, atentaba contra una de las lí­neas básicas del Plan. Así­ lo hací­a constar en octubre el arquitecto municipal en su informe, sin duda sin ser desalentado por Llaneza. Más rotundo era un segundo informe de noviembre firmado junto al ingeniero municipal. Recordaban los técnicos municipales que según el Plan de 1956 «la Vega de Ansio constituye el núcleo esperanzador del nuevo Baracaldo, en condiciones óptimas en cuanto a soleamiento y protección de vientos dominantes y con posibilidad de crear una moderna ciudad de tipo abierto, provista de los suficientes espacios verdes y de mas comunicaciones amplias y lógicas, de que se carece en el actual núcleo urbano», y tras enumerar los perjuicios que acarrearí­a la aceptación del proyecto de Altos Hornos concluí­an: «por otra parte, vemos que ninguna ventaja reportarí­a la transformación solicitada a Baracaldo, ni siquiera de tipo recaudatorio, dada la categorí­a de la industria». El 7 de noviembre la Comisión Municipal Permanente ratificaba el permiso para las instalaciones de laminado en frí­o, pero se negaba a permitir la instalación del tren de laminado en caliente, ya que «ello supondrí­a ir en contra del plan de ordenación urbana de Baracaldo aprobado por los organismos competentes (…) sin interposición de reclamaciones en su periodo de exposición ni por particulares ni empresas, con un plazo de vigencia no transcurrido y que no cataloga como zona industrial la de la Vega de Ansio».

Altos Hornos presentó un recurso de reposición, pero disponí­a de mecanismos más efectivos para hacer rectificar al ayuntamiento. A principios de marzo de 1963 Llaneza era nombrado gobernador civil de ílava. El primer teniente de alcalde, Luis Ingunza, se hací­a cargo accidentalmente de la alcaldí­a. Ya en octubre de 1962 Ingunza,  desde la Comisión de Fomento que presidí­a, habí­a hecho poco menos que suya la argumentación de la empresa y establecí­a que la petición «merece su estudio con todo cariño por parte de la Corporación». Ingunza no esperó a ser nombrado alcalde, ni siquiera a que Llaneza abandonara la localidad, para mostrar este cariño suyo a la empresa. El 13 de marzo la comisión de fomento aceptaba la propuesta de Altos Hornos y las compensaciones en terrenos que ofrecí­a. El dí­a 14 de marzo, Llaneza presidió su última comisión municipal permanente y su último pleno, que ratificaron por unanimidad el acuerdo de la Comisión de Fomento. Si la corporación, incluido el mismo Llaneza, habí­an cambiado de opinión, no era extraño que el arquitecto municipal pasara a ver ventajas donde pocos meses antes no veí­a más que inconvenientes.

En el Pleno del dí­a 14, Llaneza se despedí­a del ayuntamiento que habí­a dirigido con mano férrea durante 25 años. Era una despedida amarga. Reservó las palabras de agradecimiento y cariño para los funcionarios municipales que habí­an esperado pacientemente que acabara la Permanente y se limitó a enumerar en el Pleno el estado de los principales asuntos municipales pendientes.

El cese hacia arriba de Llaneza cerraba un largo periodo de la historia del poder local en Barakaldo: el de los vencedores polí­ticos de la guerra. Sin Llaneza la estrella de los carlistas locales declinó súbitamente y aparecí­a un nuevo personal polí­tico mucho más vinculado a las organizaciones del Movimiento y los cambios sociales y económicos que viví­a la sociedad barakaldesa que a una tradición polí­tica de preguerra.

5.4.- La inercia tecnocrática

Los años sesenta se caracterizaron en el ámbito polí­tico local por la desaparición de las adscripciones de preguerra. El tiempo trascurrido desde el final de la guerra dejaba paso a un nuevo personal polí­tico formado bajo el franquismo. Pero no era sólo una cuestión de tiempo. Los profundos cambios sociales que acompañaban al desarrollismo perfilaban una sociedad en la que las viejas adscripciones polí­ticas y de bando habí­an perdido parte de su sentido, máxime cuando el régimen habí­a sustituido su agresivo discurso polí­tico de los cuarenta por la tecnocracia que elevaba el desarrollo económico al rango de ideologí­a oficial.

El personal polí­tico del desarrollismo

En Barakaldo, la competencia entre candidatos siguió presidiendo las elecciones municipales hasta el final del franquismo. Incluso podrí­a afirmarse que el periodo que siguió a caí­da de Llaneza supuso una revitalización del sistema. En 1963 eran 12 los candidatos que competí­an por el tercio familiar y 11 los del sindical. Igualmente la participación en algunos años indica que el sistema habí­a conseguido despertar un cierto interés entre los barakaldeses. Que todos los candidatos fueran cuidadosamente seleccionados, no implica que el régimen consiguiera que la elección de sus preferidos.

De hecho, en ninguno de los casos en los que se ha encontrado orden de idoneidad, éste se mantuvo.

En Barakaldo hubo un cierto juego polí­tico entre los adictos al régimen que no derivó en tensiones y enfrentamientos abiertos porque ni el gobernador civil ni el alcalde forzaban la elección de sus preferidos. A partir de 1964, los hombres del carlismo de preguerra, hegemónicos en el ayuntamiento bajo el mandato de Llaneza, iniciaban un drástico y rápido declive polí­tico. En su lugar se hací­an con el consistorio personas formadas en las organizaciones del Movimiento o apolí­ticos.

Ya en el último consistorio de Llaneza se apreciaba la relajación de sus estrictos criterios exclusivistas de la victoria polí­tica. En 1961 accedí­a al ayuntamiento Gervasio Fernandez Torrontegui, presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, que habí­a estado vinculado al Sindicato Agrí­cola de Retuerto antes de la guerra. En este sentido, era un representante tí­pico de las fuerzas vivas de Retuerto. En realidad, Fernandez Torrontegui tomaba el relevo de Vicente Bardeci que vení­a siendo la vinculación con este sector desde 1937. Sin embargo, el nuevo concejal no podí­a esgrimir el pasado ortodoxo del carlista Bardeci, sino que habí­a estado cercano a la Juventud Vasca de Retuerto en el periodo republicano. Igualmente, en 1964 era elegido concejal el dentista Orencio de Santurtún, miembro de una de las pocas familias nacionalistas a las que se habí­a permitido actividad societaria en los cuarenta a través de la Sociedad de Caza y Pesca, como ya se indicó. Pero estas incorporaciones no deben entenderse como un acercamiento o una cooptación del nacionalismo vasco moderado. Eran simplemente el resultado de la relajación de la férrea intransigencia polí­tica mantenida hasta el momento. El agotamiento de esta polí­tica dejaba paso entre el personal polí­tico a una representación de diferentes sectores sociales y económicos al margen de la ortodoxia de su pasado. Muestra de este cambio era la entrada en el ayuntamiento, también en 1961, de Gustavo López Saiz en representación de la Unión Mercantil, a pesar de que su pasado familiar era republicano.

La edad del nuevo personal polí­tico ilustra este cambio en los criterios de selección. La hegemoní­a de los carlistas de preguerra se tradujo en el envejecimiento  progresivo desde 1937. En 1955 la media de edad del personal polí­tico barakaldés superaba los cincuenta años. La renovación del personal polí­tico de los sesenta rompió con esta tendencia y a lo largo de la década se constata un continuo proceso de rejuvenecimiento. El perfil social no se modificó sustancialmente con respecto a los cincuenta. Los sectores mesocráticos del desarrollismo se expandí­an a lo largo de la década y constituí­an, junto a los profesionales liberales, el grueso del consistorio. Sin embargo, esta evolución no suponí­a una apertura social del consistorio, pues no actuaba en contra de propietarios e industriales, sino en contra de la presencia obrera que Llaneza habí­a mantenido durante los cincuenta.

Los problemas del desarrollismo.

El Plan de Estabilización tuvo un efecto ralentizador sobre el crecimiento de la población en Barakaldo. No por ello se detuvo una inmigración que se añadí­a ahora a unas tasas de crecimiento natural elevadas. En 1970 la población de Barakaldo se habí­a incrementado en un 50% con respecto a 1960. La situación, por tanto, parecí­a menos dramática que durante el periodo de Llaneza. Sin embargo, a mediados de la década se afirmaba una nueva realidad que establecí­a nuevas reglas para la actuación de las autoridades locales. La sociedad de los sesenta no era ya la sociedad atemorizada y férreamente controlada del periodo anterior. El régimen, sin abandonar nunca los mecanismos represivos, buscaba el consenso a partir del desarrollo económico. Esta voluntad de ganarse a la opinión pública implicaba una cierta apertura a la crí­tica y un cierto margen de actuación para la prensa. Este era el sentido de la Ley de Prensa de 1966.

El ámbito local se perfilaba como una pieza clave en esta apertura. Era, de hecho, el ámbito del régimen cuya desprotección ofrecí­a los mayores beneficios con menores costos. Por un lado, la gestión municipal ofrecí­a un amplio espacio para la crí­tica que no tení­a por qué cuestionar los principios básicos del régimen y, llegado el caso, las autoridades locales podí­an ser sacrificadas sin que el asunto tuviera mayor trascendencia. Por otro lado, las cuestiones que se desprotegí­an relativamente no eran ni mucho menos una cuestión secundaria: constituí­an la desastrosa realidad cotidiana más cercana a los ciudadanos. No hací­a falta criticar, bastaba con poder nombrar esa realidad para poner en serios aprietos a las autoridades locales. Si a eso se añadí­a, como en el caso de Barakaldo, la ineptitud en la gestión y la torpeza en el trato con la prensa, el descrédito alcanzaba cotas alarmantes para el propio régimen.

Si al nuevo papel de la prensa se añade la evolución que viví­a la Iglesia, y especialmente la vasca, con la aparición de sacerdotes que planteaban desafí­os abiertos al régimen se obtiene un coctel letal para la alcaldí­a del sucesor de Llaneza, el abogado de los sindicatos verticales Luis Ingunza. El 10 de enero de 1965 J.M. Portell publicaba en La Gaceta la noticia de que un grupo de estudiantes, buscaba locales para dar clases voluntariamente a los niños del municipio sin escolarizar, siguiendo el ejemplo del coadjutor de Santa Teresa, Pedro de Solabarrí­a, que atendí­a a cuarenta alumnos en un sótano. La noticia provocó que el dí­a 22 la Junta Municipal de Enseñanza abordara la situación escolar y pusiera en marcha precipitadamente un censo escolar con el fin de evaluar las necesidades y ofrecer soluciones. La reunión dejaba claro que las autoridades locales ni sabí­an cuántos niños estaban sin escolarizar, ni se habí­an planteado encarar el problema hasta la publicación de la noticia. Su nerviosismo quedaba ilustrado por la advertencia del inspector que «llamó la atención a los asistentes sobre cierta campaña que apoyándose en una realidad de la insuficiencia de escuelas – que ningún organismo oculta – airean este tema delicado».

Los temores del inspector no iban desencaminados. El 25 de enero, el coadjuntor de Santa Teresa, Pedro de Solabarrí­a, planteaba el problema escolar de Barakaldo en una carta abierta publicada en la Hoja Oficial del Lunes. La carta cifraba en 2000 los niños sin escolarizar en Barakaldo y describí­a el reguero de despropósitos en materia educativa de las autoridades municipales. Ese mismo curso se habí­a inaugurado el grupo escolar de Bagaza y se habí­a nombrado a los maestros, pero no se contaba con mobiliario para comenzar las clases. 400 niños matriculados no habí­an comenzado el curso y los dos grados que habí­an comenzado el 10 de diciembre no tení­an calefacción, ni electricidad, ni limpieza. Además, desde noviembre estaban sin clases los alumnos de un grado del grupo viejo que habí­a tenido que ser cerrado por peligro de derrumbamiento. Añadí­a el coadjutor que el alcalde se habí­a desentendido del proyecto de maestros voluntarios negándose a recibirles en tres ocasiones.

La reacción del gobernador civil ante la carta muestra el autoritarismo instintivo que seguí­a presidiendo el régimen. A pesar de que los informes policiales confirmaban el malestar entre las familias de la localidad5, cerró filas en defensa de la corporación y atacó a los denunciantes. En este sentido, dirigió un escrito al obispo de Bilbao en el que concluí­a que «la crí­tica sana y constructiva es muy respetable y hasta digna de agradecer. La crí­tica destructiva y disolvente, como la que se encierra en la «˜Carta abierta’ en cuestión, lo único que merece es la repulsa de todo el mundo, sobre todo cuando lo que persigue es simplemente poner en evidencia la actuación de la Autoridad». La negativa del Obispado de Bilbao a permitir el acceso a su archivo impide evaluar si la voluntad represiva del gobernador tuvo algún efecto sobre el denunciante. Sí­ que es posible establecer que las autoridades centrales no pensaban sancionar ni al sacerdote, ni al periódico. Por el contrario, no sólo desprotegí­an a sus representantes locales, sino que además hací­an recaer sobre ellos toda la responsabilidad en el asunto.

La Dirección General de Enseñanza Primaria comunicaba que era perfectamente consciente de la situación y evaluaba el déficit de aulas en 111, además de la necesidad de renovar otras 10 ya existentes. Pero añadí­a que en diferentes ocasiones «se ha dirigido al Ayuntamiento haciendole presente la gravedad del problema escolar» y recordaba al gobernador que el Ministerio de Educación corrí­a con el 80% de los gastos de edificación de nuevas escuelas y que incluso existí­an fórmulas para financiar el exiguo 20% que debí­a sufragar el ayuntamiento. El Ministerio de la Gobernación, por su parte, advertí­a al gobernador «si el contenido de dicha carta responde en absoluto a la realidad, la actuación del Sr. Alcalde de Baracaldo ha de constituir para V.E. un motivo de seria preocupación».

Mientras tanto, un Caballero Mutilado escribí­a al propio Franco denunciando la incuria del alcalde y la prensa publicaba testimonios como el de un padre al que el ayuntamiento respondí­a que se considera afortunado si después de cinco meses no habí­a tenido respuesta a su solicitud de plaza escolar porque «el hijo de una señora que conozco tiene 13 años y todaví­a sigue esperando». Ante la situación, el 26 de febrero el gobernador pedí­a el cese del alcalde al ministerio.

Sin embargo, Ingunza no fue cesado, todaví­a. Incluso concedí­a en enero del año siguiente una entrevista a Portell. Posiblemente el alcalde esperaba reparar su deteriorada imagen pública, pero la publicación de la entrevista bajo el tí­tulo de «El alcalde de Baracaldo se defiende» con un listado de acusaciones en letras de molde no debió de ayudar demasiado a sus pretensiones. Y no era sólo una cuestión de tendenciosidad del periodista. Durante toda la entrevista Ingunza se batí­a a la defensiva ante los temas que se le planteaban. Reconocí­a sin pudor que se habí­a desechado el proyecto de una importante ví­a de comunicación por la oposición de los propietarios afectados y, cuando Portell le planteaba el conflicto entre el interés general y el particular, contestaba que «el Ayuntamiento parte de que no es el Ayuntamiento el que hace el pueblo, sino el propio pueblo el que se hace a sí­ mismo». Seguramente no serí­a fácil encontrar una frase que sintetizara mejor la postura de las autoridades locales franquistas ante las necesidades planteadas por el desarrollismo.

Y efectivamente, como reconocí­a Ingunza, Barakaldo se iba haciendo a sí­ mismo al margen de los planes y ordenanzas urbaní­sticas. Aludiendo a la tolerancia municipal ante este crecimiento anárquico, Portell volví­a a criticar en mayo de 1966 al ayuntamiento y concluí­a con la frase «algo va mal en Baracaldo». El instinto autoritario de la clase polí­tica se disparó automáticamente y se redactaron varias versiones de carta de protesta en la que con la descalificación de Portell se pretendí­a dar por cerrado el tema. Finalmente, se envió una versión de la carta firmada por los 17 concejales en la que, dolidos y ofendidos, apoyaban al alcalde y exigí­an explicaciones. La carta fue publicada, pero dentro de un artí­culo titulado «Insistimos: Algo anda mal en Baracaldo»en el que Portell daba cuenta detallada de varias irregularidades urbaní­sticas y de la, como mí­nimo, desidia de las autoridades locales. El artí­culo provocó que inmediatamente el gobernador requiriese al alcalde una explicación sobre los puntos denunciados.

En septiembre, el diario del Movimiento Hierro acudí­a en ayuda de la corporación ensalzando los logros del ayuntamiento barakaldés e informando de los proyectos del alcalde de construcción de un instituto de bachillerato, dos grupos escolares y un complejo deportivo con piscinas. Pero el esfuerzo del periodista de Hierro, a la sazón requeté de acción y excombatiente, por presentar una corporación dinámica y entusiasta «llena de moceriles brios» fracasaban cuando poco después LaGaceta del Norte se hací­a eco de otra de las graves deficiencias de la localidad: el suministro de agua.

A pesar de la propaganda sobre las obras de construcción de pantanos, los cortes de agua vení­an siendo frecuentes desde finales de los cincuenta. El 3 de octubre La Gaceta del Norte publicaba fotos de las largas colas de mujeres y niños abasteciéndose con baldes, cubos y calderas ante las fuentes públicas instaladas al efecto y daba cuenta de que muchos vecinos llevaban más de dos meses sin agua. Añadí­a además vagas insinuaciones sobre desigualdades en el reparto por barrios16. Las autoridades barakaldesas habí­an aprendido poco de sus descalabros anteriores con Portell y cayeron en la trampa contra-atacando arrogantemente en defensa de la equidad en el suministro.

Ciertamente, la nota remitida por el ayuntamiento dejaba «suficientemente aclarado que las desigualdades en el abastecimiento de aguas de las distintas zonas de Baracaldo no suponen discriminación alguna por parte de de este Servicio», tal como pretendí­a el ayudante de Obras Públicas que la firmaba17, pero dejaba más claro todaví­a que la situación descrita por La Gaceta era absolutamente real, que los barrios sólo disponí­an de cinco horas de agua en dí­as alternos y que la única solución del ayuntamiento, de la que además parecí­a orgulloso, habí­a sido instalar 18 fuentes públicas para casi 100.000 habitantes.

El tardofranquismo barakaldés mantiene importantes paralelismos con lo expuesto para Vilanova, aunque la magnitud de los problemas y la presión social dibujan una evolución polí­tica mucho menos estable.

La relajación de los criterios polí­ticos desde principios de los sesenta en Barakaldo planteaba un interrogante sobre la continuidad del sistema de selección del personal polí­tico. La implantación carlista habí­a permitido un cierto juego polí­tico al margen de la voluntad del jefe local sobre el que se basada todo el sistema de elecciones municipales.

Desde mediados de los sesenta, el franquismo barakaldés empezó a abrirse al nuevo mundo societario que se habí­a desarrollando. La Cámara de Propiedad Urbana, la Unión Mercantil, la Escuela de Maestrí­a, el Orfeón Barakaldés, el Centro Cultural Recreativo y, en menor medida, la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos y el FC Baracaldo se erigieron en los centros de extracción del personal polí­tico del tardofranquismo, junto a los sindicatos y las organizaciones del partido. Esas entidades aseguraron el funcionamiento del tercio corporativo, pero la imbricación del mundo societario en el sistema electoral no se redujo a este ámbito. Las sociedades locales empezaron a suministrar desde mediados de los sesenta el personal necesario para que el sistema de las elecciones por cabezas de familia siguiera funcionando. En este ámbito, la novedad más destacada del tardofranquismo fue la aparición de candidatos vinculados a la red de centros regionales.

Ya en 1961 formaba parte del ayuntamiento un concejal que en 1966 serí­a presidente honorario de Centro Cultural Manchego. Entre los candidatos al tercio familiar de 1963 figuraban un miembro de la comisión organizadora del Centro Cultural Manchego en 1959 y el vocal de viviendas del Cí­rculo Burgalés de 1965. Este candidato consiguió ser elegido en 1966 junto al que serí­a presidente del Casa Palentina; en 1970 lo era el que serí­a presidente honorario en 1979 del Centro Salmantino. También en 1970 era candidato el relaciones públicas del Centro Gallego y en 1973 el secretario y ex-presidente del Centro Zamorano y el presidente del Centro Segoviano y presidente de la coordinadora de centros regionales. También en 1973 los centros regionales participaban por el tercio de entidades, por el que consiguió su reelección el presidente del Casa Palentina y por el que fue candidato el secretario del Cí­rculo Burgalés.

Desde luego, los centros regionales no eran las únicas sociedades locales que participaban en las elecciones locales. Hubo también candidatos de las nuevas sociedades como la Schola Cantorum, la Asociación de Familias de Arteagabeitia o la Sociedad Cultural Recreativa de Luchana, que a la vez era directivo del Cí­rculo Burgalés. Sin embargo, la vinculación entre centros regionales como el Burgalés y Palentino y la clase polí­tica del tardofranquismo fue estrecha. Sus presidentes fueron tenientes de alcalde en los dos últimos consistorios y consejeros locales en los 70. Los centros regionales se perfilaban, pues, como una ví­a de renovación del consenso franquista o, como mí­nimo, como una cantera de nuevos dirigentes. Superaba así­ el tardofranquismo local las limitaciones de penetración social del partido y sus organizaciones y de los núcleos de sociabilidad de la clase polí­tica local como el Cí­rculo Cultural Recreativo o el Orfeón Barakaldés. Cuestión aparte serí­a establecer si este carácter de plataforma polí­tica local de los centros regionales respondí­a a la identificación con el régimen de los sectores sociales que agrupaban o, más bien, a una

pragmática voluntad de protegerse tras personas bien relacionadas con el poder polí­tico local, como parece indicar la presencia de presidentes honorarios entre este personal ligado a los centros.

La continuidad de los mecanismos de selección no solventó, sin embargo, la cuestión del liderazgo local. Tras el cese de Ingunza, el primer teniente de alcalde, Nicolás Larburu, director de la Escuela de Maestrí­a, se hizo cargo accidentalmente de la alcaldí­a hasta enero de 1968 en que se tomó posesión Luis Dí­ez Marí­n. El nuevo alcalde era jefe de distribución de la margen izquierda de Iberduero y formaba parte de ese grupo de directivos de empresas importantes que iban tomando protagonismo en los años finales del régimen. Habí­a sido concejal de 1955 a 1962, pero no acababa ahí­ su vinculación con el ayuntamiento. Era hijo del maestro carlista y dirigente de los sindicatos libres, Irí­neo Diez Arroyo, nombrado concejal en 1937 y teniente de alcalde desde 1938 hasta la entrada de su hijo en 1955. Se adscribí­a, por tanto, a la tradición carlista que habí­a inspirado el mandato de Llaneza. El mandato se Dí­ez Marí­n apenas alcanzó los 20 meses y tras su rápida destitución, como tras la de Llaneza, se vislumbra

la larga mano de Altos Hornos.

En 1969, las renovadas pretensiones de Altos Hornos sobre la Vega de Ansio, con las consecuentes modificaciones del Plan de Ordenación Urbana, merecieron el informe negativo de una comisión técnica convocada por el alcalde para estudiar la petición. Marí­n, que presidí­a una corporación en cuya composición no habí­a colaborado, no supo o no quiso imponer la férrea disciplina de unanimidades que caracterizó la corporación antes y después de su breve paso por la alcaldí­a. De hecho, el mismo primer teniente de alcalde y alcalde accidental Larburu habí­a presentado una impugnación al Plan favorable a las pretensiones de Altos Hornos. El Pleno que habí­a de decidir la cuestión levantó expectación y parte del público tuvo que seguir los debates desde el vestí­bulo ante la insuficiencia del local. Se decidió que la votación serí­a secreta y el alcalde abrió un turno de intervenciones en la que partidarios y detractores defendieron sus posturas «llegándose en algunos casos a posturas estridentes», según la crónica de Portell. La propuesta de Altos Hornos fue desestimada por doce votos contra seis. También se negó la corporación presidida por Diez Marí­n a autorizar el plan de Altos Hornos de sustituir el tradicional colegio de su propiedad por viviendas y un supermercado.

En septiembre de 1970, apenas 20 meses después de su nombramiento, Diez Marí­n era cesado. Novedades como los debates en el pleno, la aparición de las asociaciones de cabeza familia y el creciente protagonismo de la prensa asustaban al régimen que temí­a una pérdida de control. Hací­a falta un hombre enérgico capaz de  reinstaurar la unanimidad y mantener la apariencia ante la opinión pública. Este hombre fue José Luí­s Alfonso Caño, un joven ingeniero de la SICE de treinta y tres años que no tení­a experiencia polí­tica anterior. Según sus propias declaraciones, habí­a formado parte del Frente de Juventudes y del Movimiento sin participar activamente. Sin embargo, contaba con la confianza del gobernador civil Fulgencio Coll.

Diferentes indicios apuntan a que el nombramiento de Caño respondí­a a una intervención decidida de las autoridades franquistas para cambiar el rumbo de la polí­tica barakaldesa. Su nombramiento se produjo significativamente justo antes de que comenzara el proceso electoral que habí­a de renovar el consistorio. No es posible determinar hasta qué punto los nuevos concejales eran hombres de su confianza, pero su hermano, también ingeniero industrial, resultó elegido por el tercio corporativo.

Las directrices de su programa de gobierno, anunciado a principios de 1971, no dejaban lugar a dudas sobre la rectificación que pretendí­a introducir. Se instauraba el «ante-pleno», es decir, una reunión previa de los concejales con el alcalde para tratar los temas a llevar al pleno. Se pretendí­a, así­, acabar con esos plenos «vivos, discutidos y difí­ciles» cuya pérdida lamentaba Portell desde La Gaceta. Se centralizaba, además, la relación con la prensa a través del delegado de prensa del ayuntamiento.

El éxito de la rectificación polí­tica de Caño era evidente cuando en mayo se decidí­a conceder a Altos Hornos el permiso para sustituir su colegio por viviendas.

Como denunciaba escandalizado Portell, diez concejales habí­an cambiado el sentido de su voto tras la llegada de Caño. El efecto de la decisión sobre el precario estado escolar del municipio obligó al nuevo alcalde a asegurar en la prensa que no se derribarí­a el colegio hasta contar con nuevas plazas escolares, mientras que Altos Hornos hablaba de una futura y magní­fica Ciudad Educativa junto a sus instalaciones deportivas. Pero a estas alturas, incluso a Caño le iba a resultar difí­cil mantener la unanimidad de sus concejales, máxime cuando La Gaceta no perdí­a oportunidad para subrayar su cambio de actitud y las escasas garantí­as de que Altos Hornos cumpliera el compromiso de esperar a que se crearan las nuevas plazas escolares. En julio el tema volvió al Pleno que aprobó en votación secreta las pretensiones de la empresa por un estrecho margen de siete votos contra seis. Pueblo habla de «largos y a veces apasionados debates» y, sin duda, la tensión debí­a de ser grande, pues un teniente de alcalde falleció de un ataque al corazón a las pocas horas.

A pesar de no haber conseguido disciplinar absolutamente a los concejales, Caño fue el hombre del régimen en un momento en que éste se cerraba sobre sí­ mismo. Las notas confidenciales de la policí­a revelan que el desinterés y la apatí­a eran generalizados ante las elecciones municipales de 1973. En un momento en que la movilización ciudadana y la incerteza polí­tica crecí­an, Caño no podí­a permitirse ninguna apertura. Por el contrario, «tan sólo se habla hasta el momento de incluir entre los candidatos a personas de demostrada afección al Régimen, ya que se desea que no entren a formar parte de la corporación elementos disidentes que tan sólo traten de perturbar el normal funcionamiento de aquélla o de hacer una crí­tica destructiva».

Aunque los concejales del tardofranquismo no desmentí­an el perfil mesocrático dependiente caracterí­stico del ayuntamiento, se detectaba la entrada en el ayuntamiento de hombres vinculados a las empresas locales. Ya Dí­ez Marí­n, jefe de suministro de la margen izquierda de Iberduero respondí­a a este perfil. Caño y su hermano, ambos ingenieros industriales, no hací­an más que reforzarlo. Incluso Portell desde La Gaceta se preguntaba si la profesión de ingeniero estaba de moda entre los alcaldes.

También se viví­a en los setenta una cierta revitalización de la liturgia del Movimiento. De hecho, la conciencia de bunker del personal polí­tico no podí­a más que reforzarse ante la intensa movilización social que presidió esta última etapa. A la problemática general se añadí­a en Barakaldo la fuerte movilización local que provocó a partir de 1974 la pretensión de la Sefanitro de construir una nueva planta de amoniaco, una cuestión que coleó a lo largo de la transición barakaldesa. Sin embargo, Caño no estaba dispuesto a retirarse. Por el contrario, escaló puestos entre la clase polí­tica provincial del tardofranquismo. En 1973 fue nombrado subjefe provincial del Movimiento y en 1975 procurador en Cortes. Muerto Franco, pilotó la explosiva transición municipal.

6.- La transición

Uno de los rasgos definitorios de la transición española hacia la democracia fue la voluntad de sus impulsores de evitar un proceso descentralizado que amenazara con dificultar seriamente las negociaciones y escapar a su control. Ante la intensa movilización social y polí­tica de la sociedad española parecí­a aconsejable orillar una renovación de los poderes locales que hubiera dado lugar a una multiplicidad de actores en juego y proceder desde las instituciones centrales. Esto dejaba a los hombres que integraban las últimas corporaciones franquistas en una posición incómoda como receptores de la hostilidad de los sectores movilizados, mientras las autoridades centrales y provinciales negociaban con estas mismas fuerzas. El papel de la clase polí­tica local fue el de aguantar al frente de las instituciones locales mientras se iba diseñando el nuevo marco polí­tico.

El franquismo barakaldés tení­a desde 1970 en Luí­s Alfonso Caño a un hombre fiel al gobierno con capacidad de liderazgo y de maniobra. Sin embargo, la situación era bastante más compleja como muestra el tema de la construcción de la nueva planta de amoniaco de la Sefanitro. La oposición a la nueva planta generó una amplia movilización que fue encauzada por las Asociaciones de Cabezas de Familias. En la tónica de lo que habí­a sido su actuación en los últimos años, las asociaciones utilizaron la ví­a legal para paralizar el proyecto, además de convocar una gran manifestación en marzo de 1977.

Pero tras las elecciones se evidenció la disparidad de criterios entre el movimiento vecinal y los partidos polí­ticos y su pugna por arrogarse la legitimidad popular.

Las elecciones generales de 1977 supusieron una gran victoria para la izquierda en Barakaldo.  Con una participación que superaba el 80%, el PSOE se impuso como primera fuerza polí­tica con el 35% de los votos en Barakaldo.   A su izquierda, el casi 8% y 9% del PCE y Euskadiko Eskerra elevaban los resultados globales de la izquierda a más del 50%.  Frente a esta victoria, la derecha se dividí­a en tres opciones polí­ticas: las posturas nostálgicas de Alianza Popular, el pragmatismo reformista de UCD y las propuestas  nacionalistas. Alianza Popular fue la opción minoritaria. El grueso de la derecha oscilaba entre la progubernamental UCD y el PNV. Tras las elecciones, estalló un duro conflicto entre los partidos y las asociaciones de vecinos por la legitimidad popular. Uno tras otro, todos los partidos a excepción de la ORT, comenzaron a manifestarse a favor de la planta de Sefanitro. La continuidad de la plantilla y otros temas justificaban esta decisión. Las asociaciones de vecinos, por su parte, reclamaron un referéndum. En septiembre de 1977 el ayuntamiento se decantó por los partidos y autorizó la construcción de la planta. Ante el acuerdo entre las viejas autoridades locales franquistas y los nuevos polí­ticos democráticos, las asociaciones de vecinos impulsaron una comisión de control que fiscalizarí­a la actuación de la corporación. A pesar de la oposición de los partidos que se arrogaban en exclusiva la representación popular, la fuerza del movimiento vecinal llevó al gobernador a negociar con la comisión. Cuestionada y desautorizada desde todos los frentes, la corporación en pleno presentó la dimisión. Sin embargo, los concejales barakaldeses fueron obligados por el gobernador a seguir en sus puestos.

Las elecciones generales de 1979 confirmaban a grandes rasgos los resultados de 1977. La gran diferencia entre ambas convocatorias estribaba en un notable aumento de la abstención y en la pérdida de votos del partido socialista. La coalición Herri Batasuna entraba en la lucha electoral con resultados superiores a los partidos situados a la izquierda de los socialistas. A la derecha desaparecí­an las posturas nostálgicas y se mantení­a el práctico empate entre los seguidores del proyecto gubernamental y la rama nacionalista.

En Barakaldo el cabeza de la lista nacionalista, Josu Sagastagoita Monasterio, era el heredero de una saga de polí­ticos locales. Encarnaba una derecha que se presentaba libre de compromisos con el régimen. Como se vio, tras dirigir la derecha de Altos Hornos a principios de siglo, los Sagastagoitia habí­an evolucionado hacia el nacionalismo durante la República y su presencia en algunas juntas religiosas durante el franquismo respondí­a más a la significación social de la familia que a un acercamiento al régimen. La candidatura nacionalista no remití­a a personas con actividad polí­tica durante el franquismo, sino a los conocidos apellidos de la militancia de preguerra: Casal, Akasuno, Bañales Abasolo, Urcullu, etc.

La derecha no nacionalista se dividió con ocasión de las municipales. Parte de la clase polí­tica del tardofranquismo se presentó como Independientes de Barakaldo; mientras que la mayorí­a siguió bajo la adscripción de UCD. Entre ellos figuraban dos personas vinculadas a los centros regionales, concretamente, el tesorero del Centro Zamorano en los años sesenta y el secretario del Centro Segoviano y presidente de la coordinadora de centros regionales.

Las municipales no mejoraron los resultados de la derecha. Con gran diferencia con respecto a la generales, el PNV se convertí­a en la candidatura más votada y se hací­a con más de un cuarto del voto emitido. El escaso 11% de la UCD revelaba que los nacionalistas vascos habí­an ganado la batalla frente a la derecha que les habí­a desplazado de la vida pública en los últimos cuarenta años. Los socialistas continuaban su descenso y HB, cuyo lí­der Pedro de Solabarrí­a tení­a una sólida vinculación con el mundo asociativo que se habí­a opuesto al franquismo y que ahora se enfrentaba a los partidos mayoritarios, se convertí­a en la segunda fuerza de la localidad a escasa distancia del PNV.

El apoyo prestado por UCD para que el PNV se hiciera con la alcaldí­a confirmaba, tras cuarenta años de dictadura, lo que ya habí­a quedado establecido en Barakaldo a finales del periodo republicano: la derecha no nacionalista tení­a que plegarse al arraigo social y la legitimidad de los nacionalista vascos.

Antonio Fco. Canales Serrano