Intervención patronal y estatal en la vivienda
Lo cierto es que procurarse un hogar ha sido desde siempre una de las principales necesidades humanas. Sin embargo, muy pocas veces, salvo en el caso de los grupos económico-sociales poderosos, se ha disfrutado de un alojamiento que contase con unas condiciones de habitabilidad óptimas. Más aún, el desarrollo industrial y la consiguiente concentración fabril y humana contribuyeron a agravar la situación, amontonando a la población obrera en reducidos espacios, generalmente hacinados e insalubres. Pero pese a todo, la carencia de viviendas dignas no conllevó la gestación de una conciencia colectiva que denunciase esta dramática realidad hasta el siglo XIX. Fue entonces cuando la burguesía, hasta ese momento impasible, comprendió que había que prestar una atención vital al alojamiento obrero.
A lo largo de la centuria decimonónica algunos empresarios europeos y estatales se preocuparon por propiciar viviendas a sus trabajadores. Este interés se englobaba dentro de una amplia política paternalista que trataba de abarcar, y controla r, todas las esferas de la vida obrera. En los centros productivos el salario directo, los reglamentos y las circulares fueron los mecanismos empleados para someter a la población trabajadora. Fuera de las fábricas, en el tiempo de ocio, los patronos se introdujeron como «socios honorarios» en las colectividades obreras de solidaridad y lucha, disimulando sus intenciones con el velo de la financiación benévola y la dirección magnánima. Igualmente, promocionaron la creación de sindicatos católicos y se valieron del clero y su influencia para trasladar desde la fábrica a la calle una serie de valores como la armonía social, la integridad moral, la honestidad, la disciplina, la lealtad, el ahorro,… Sus tentáculos alcanzaron también al hogar obre ro mediante la intervención, directa o indirecta, en la construcción de alojamientos y el despliegue de todo un programa ideológico basado en la moralidad y la religión católica.
La vivienda, un bien caro e insuficiente para la población obrera, podía provocar situaciones de inestabilidad residencial y laboral, colocando en el umbral de la pobreza a muchas familias. Su edificación cercana a las instalaciones industriales, la convertía en un mecanismo capaz de aunar control obrero e incremento de la productividad. Evitando el abandono del entorno fabril se lograba hacer crecer en el interior de cada operario una dependencia exclusiva hacia la fábrica, eliminando la práctica de una serie de hábitos preindustriales como el absentismo laboral, la pérdida de tiempo, el San Lunes o los sabotajes. Al mismo tiempo, construyendo alojamientos dignos se conseguía mejorar las condiciones de vida de la población obrera, disminuyendo la incidencia de las enfermedades infecciosas y en consecuencia el índice de mortalidad. Aunque, no siempre, esta intervención en materia de vivienda respondió a intereses económicos o sanitarios, sino también a motivaciones reformistas burguesas más altruistas, que buscaban el mejoramiento general de las clases obreras.
Por su parte, diferentes estados europeos como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungria, Bélgica, Dinamarca o Italia se habían lanzado durante el siglo XIX, con distinta intensidad e incidencia y con desiguales consecuencias, hacia una política destinada a suplir sus necesidades en materia de alojamiento obrero. En España, tras varios intentos fallidos, el primer acercamiento serio a la cuestión se producía a lo largo del primer tercio del siglo XX de la mano de las denominadas Leyes de Casas Baratas. Empapadas del Reformismo Social que entonces recorría toda Europa, su objetivo final fue acercar en propiedad una vivienda al obrero, así como mejorar las condiciones de vida de aquél, haciendo coincidir moral, higiene y orden social con felicidad, honradez y laboriosidad. De esta forma, previsión, ahorro y fomento de la propiedad debían convertirse en las prácticas a promover entre los trabajadores, puesto que permitirían alcanzar el bienestar de ese sector de la población, logrando, al mismo tiempo, fomentar la paz social, tan ansiada por la burguesía.
No obstante, pese a todo, este corpus legislativo en cualquiera de sus promulgaciones (1911, 1921 y 1924) y la extensión de sus ayudas a la clase media o funcionarial (en 1925 y 1927) no obtuvieron los resultados esperados. A pesar de todas las ayudas económicas, de las condonaciones tributarias y del esfuerzo institucional por aproximarse a las comunidades a través de las Juntas Locales de Fomento y Mejora de Habitaciones Baratas no lograron solventar la acuciante carencia de viviendas obreras. Como tampoco lo hicieron las actuaciones aisladas de determinados industriales. Valga de ejemplo la limitada incidencia de las construcciones realizadas por Altos Hornos de Vizcaya, la mayor empresa de Barakaldo y Sestao.
Domingo Hernández, Mª del Mar
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