La vida social en la zona minera vizcaína (siglos XIX-XX) (I)

Introducción

Merced a una serie de estudios que denominaremos clásicos, el conocimiento sobre la minería del hierro en Vizcaya ha descollado sobre otros aspectos de la historia contemporánea vasca. Aquellos estudios se centraron en la historia económica y empresarial, en las infraestructuras para la explotación, en las condiciones de vida y trabajo, en la conflictividad laboral y en la política. Posteriormente se les sumaron otras aportaciones desde la demografía  histórica y la historia del género. En general, se trata de estudios que han abordado, dentro de sus preocupaciones, el ámbito espacial de la Ría del Nervión en su especialización urbana e industrial. Por sí mismas o deslindadas, esas aportaciones, que conforman un sólido corpus historiográfico, podrían constituir una historia contemporánea de la zona minera, que sin embargo no se ha acometido como proyecto específico.

Consideramos que podía resultar de interés a la comunidad científica un estado de la cuestión que insertase a las mujeres en la vida social general de la comarca. Sobre ese propósito hemos planteado algunos avances y detectado algunas lagunas. A tal fin planteamos la colaboración entre una especialista en demografía histórica y otro en historia social clásica, aprovechando las respectivas fuentes y metodologías. Partíamos de la necesidad de avanzar en el conocimiento de la vida social más allá de la comprobación del aumento de población por reclamo de la actividad extractora, de las duras condiciones de vida y trabajo de la población minera y de la permanencia del conflicto socio-laboral en la comarca.

Cuando ya se habla de la necesidad de un giro local en la historiografía europea, su aplicación a la zona minera vizcaína requiere un acercamiento dual como mínimo. Además de los municipios donde se enclavaban los principales yacimientos, requieren tratamiento otros municipios periféricos, en los que la actividad minera no constituyó monocultivo.

Nos referimos a Galdames, Sopuerta, Güeñes y algunos barrios de Bilbao, Basauri y Baracaldo. En lo cronológico, se demandan perspectivas de largo plazo que aún no estamos en condiciones de atender. La mayor parte de los estudios se han emprendido sobre el período de máxima explotación, el transcurrido entre el final de la segunda guerra carlista y la primera guerra mundial. Desconocemos buena parte de la vida social posterior, la que coincide con la consolidación de unas ciertas condiciones benignas de vida y de trabajo y por otra parte con el progresivo agotamiento de las vetas. Especialmente llamativo es el desconocimiento sobre los años republicanos y la guerra civil, comparado con otros puntos. La falta de estudios referidos al franquismo, por el contrario, es la norma, sobre todo para el País Vasco.

En esas asimetrías temáticas, geográficas y cronológicas han tenido mucho que ver las fuentes, tanto en sí mismas como por el uso que se ha hecho de ellas. Es muy habitual que la prensa o las fuentes patronales se hayan utilizado sólo para atestiguar el control de los propietarios sobre la actividad, la implantación de las izquierdas, las condiciones de trabajo y digamos la necesidad de que los trabajadores se rebelasen. Entendemos que se han dejado de lado otras preguntas también interesantes para las que las fuentes habituales tenían algunas respuestas.

Desgraciadamente fuentes que en su momento eran de fácil acceso, y en concreto las conservadas por la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, no se encuentran disponibles desde hace años. Ahí se incluyen las actas y expedientes de las organizaciones patronales mineras.

Los archivos municipales no se han trabajado tanto como podría parecer. Sobre los padrones municipales se ha desarrollado en cambio un magnífico trabajo de campo y de interpretación, que rentabilizamos en este estudio. Hemos incorporado fuentes poco tratadas, como las eclesiásticas. Asimismo, aprovechamos algunos fondos de historia oral.

En definitiva, a pesar y a la vez gracias a los estudios históricos realizados, quedan cuestiones pendientes de análisis en la vida social contemporánea de la zona minera. En este artículo planteamos algunas, e intentamos ofrecer respuestas inevitablemente provisionales.

1. Explotación y poblamiento mineros

La última guerra carlista finalizó el invierno de 1876. La zona minera vizcaína, que había sido campo de batalla, conoció desde esos días un acelerado cambio de actividad, aunque la extracción venía creciendo desde tiempo atrás. En menos de veinte años tras 1876 la intensidad de la acción extractiva alcanzó baremos insospechados y transformó la vida social de la comarca durante un siglo largo. La demanda de ocupación en las minas atrajo hacia la comarca a contingentes de inmigrantes que dispararon la población y alteraron el poblamiento. En el decenio 1877-1887 las localidades de la zona minera alcanzaron las mayores tasas de crecimiento demográfico de su historia, por ejemplo el 17,35% de San Salvador del Valle. En su crónica sobre las Encartaciones, publicada en 1887, Antonio Trueba se refería a la reciente evolución de Santa Juliana de Abanto, antes Abanto de Suso, uno de los antiguos cuatro concejos[1] de Somorrostro: “La transformación de esta humilde feligresía de dieciséis años a esta parte es asombrosa. En el barrio de Gallarta, que yo conocí con sólo dos casas, se ha formado una gran población con hermosa iglesia parroquial, a la que se ha dado la advocación de San Antonio de Padua, casa de Ayuntamiento, escuelas y un gran hospital para la población minera. El municipio de Abanto y Ciérvana, que en el censo de 1877 contaba 2.075 almas, debe haberse cuadruplicado”.

El cálculo del cronista era acertado, y extensible al resto de municipios mineros. En las zonas altas de los montes de Triano surgieron poblados mineros antes de que en la década de 1880 se resolviese, en medio de conflictos jurisdiccionales, el reparto del proindiviso y la definición administrativa de la zona. En los orígenes no estuvo clara la jerarquía de poblados, que se despejó en los últimos años del siglo XIX. Todos, incluidos los que llegaron a ser núcleos de referencia (La Arboleda, Gallarta, Las Carreras, Ortuella), se construyeron en medio de penurias y rivalidades con las barriadas bajas. La dispersión ha sido una constante en el poblamiento de la comarca.

Sobre el asentamiento de las compañías, su marco de negocio y su rotundo control de la actividad y del espacio se ha escrito suficientemente.

La expansión de la minería de hierro vizcaína se inició con intensidad en la segunda mitad de la década de 1870 y se aceleró en las dos décadas siguientes, sobre todo en el decenio de 1881-1890. La exportación fue su destino principal. La máxima producción de mineral de hierro se alcanzó en el último quinquenio del siglo, con un máximo de 6,5 millones de toneladas en 1899.

A lo largo del siglo XX se configuró un cartel, acentuado durante el franquismo, en cuyo seno la actividad minera se supeditó al abastecimiento de la siderurgia. En paralelo se asistió a un continuo declive en la producción minera, con sucesivos picos. Durante la guerra civil la militarización de la minería atrajo mano de obra (libre y prisionera), garantizó el orden y el abastecimiento a la siderurgia y facilitó divisas a través de la exportación. En 1938 trabajaron 718 prisioneros en los campos de concentración de Gallarta, La Arboleda y Galdames. El Museo de la Minería del País Vasco conserva copia, procedente del Archivo General Militar de Ávila, de las normas de trabajo aprobadas en Bilbao en septiembre de 1937. «Sólo el 20% del personal actual tiene la edad conveniente para estos trabajos», señalaban.

Tras la guerra la actividad minera se redujo progresivamente y cerraron más de la tercera parte de las minas entre 1938 y 1943. La estabilidad volvió en la década de 1960 con 1,5 millones de toneladas anuales. A finales de la década dentro del grupo empresarial Altos Hornos de Vizcaya se reorganizaron las filiales, y entre ellas las mineras. Con la suma de las filiales mineras del hierro a escala española, se creó en 1968 Agrupación Minera S.A. (AGRUMINSA). En ella se integraron compañías históricas vizcaínas como Orconera y Franco-Belga. Las explotaciones mineras de fuera de Vizcaya fueron cerrándose y la actividad minera se concentró en las minas de Gallarta y Bodovalle. A partir de 1980 comenzó la crisis definitiva hasta la desaparición total de la explotación minera en 1993.

El paisaje agrario experimentó cambios relacionados con la marea humana que abasteció de mano de obra a la zona minera. Desde luego los adelantos tecnológicos deben verse enmarcados en el proceso histórico, desde el punto de vista de la capacidad de inversión. El punto de partida eran los cestos, los mulos y los carros de bueyes trasladando venas a pequeños muelles (Poveña, Galindo, Ugarte). Allí se cargaban manualmente gabarras que trasladaban la mercancía hasta los fondeaderos donde aguardaban los buques.

Los cambios se implantaron progresiva y desigualmente. Los tranvías aéreos, los ferrocarriles, la carga mecánica, los muelles de la navegación de vapor se impusieron. Conocemos mejor esa primera época, que podemos datar hasta 1914, que la posterior, con la aparición de la electricidad y los camiones, por más que el uso de la tracción animal pervivió en las zonas altas hasta el final de la explotación minera en la década de 1960.

Desde principios de la década de 1890 se extendió el lavado de mineral para el aprovechamiento de las escombreras. Esa tarea suscitó quejas como la del ayuntamiento de Musques desde muy pronto, pues los lavaderos enturbiaban los cauces de los ríos. Tras una inspección el verano de 1900 se redactó un reglamento e incluso se ordenó a miñones y guardias civiles que prohibieran las operaciones de lavado. El Círculo Minero protestó y mostró sus capacidades de presión ante los gobiernos. No está claro si los vertidos se recondujeron desde principios del siglo XX. Los lavaderos siguieron funcionando hasta el declive de la minería. Cabe la distinción entre las minas con balsa de decantación propia, donde quedaba lo más pesado, y las que vertían directamente a los ríos.

El déficit de vivienda acompañó a la zona minera como a todas las áreas concernidas por la segunda industrialización. Los patronos lo solucionaron con barracones, después conocidos como albergues, obligatorios hasta que la presión obrera-socialista consiguió su voluntariedad a principios del siglo XX. Otra variante de esa fórmula fueron las casas cedidas por las compañías a los capataces casados, y volveremos sobre las implicaciones de este hecho familiar, para que las subarrendaran a otros trabajadores. Otro factor condicionó en el largo plazo el problema de la vivienda en la zona minera. Nos referimos a la afluencia de temporeros, al parecer denominados popularmente pibis (avefrías) porque como éstas aparecían en octubre y marchaban a sus localidades de origen hacia abril.

En ellos primaba el calendario agrario. Las fórmulas residenciales patronales o semipatronales no tenían aplicación a esta mano de obra estacional, cuyo volumen dependía de las coyunturas productivas. Los temporeros encontraron alojamiento entre el común de las familias de la comarca. El hecho estuvo generalizado durante un siglo.

La supeditación de toda la vida social a la extracción alcanzó drásticamente a la vivienda y el alojamiento. Las compañías se habían reservado la propiedad y con ella la decisión última sobre el uso de todo suelo. Cuando las vetas se internaban bajo las barriadas y los cálculos de rentabilidad mostraban su designio, la explotación se priorizó por encima de cualquier consideración.

«Cuando las explotaciones mineras llegaban a los lindes de las huertas, los explotadores pagaban las labores ejecutadas por los colonos a razón de cinco y seis reales el estado», criticaba en 1898 la ruptura de ese acuerdo tácito por parte de la compañía Franco-Belga el corresponsal socialista en Gallarta. El caso más espectacular y más reciente lo constituyó el núcleo primitivo de aquella localidad, engullido y trasladado a la nueva y actual Gallarta. Por supuesto esa prioridad replanteó el problema de la vivienda, que las autoridades tardofranquistas enfrentaron con intervención pública.

Aparte de que la iniciativa privada alienta las nuevas construcciones, el Ministerio de la Vivienda tiene a punto de terminar, sobre terrenos cedidos por la Franco Belga y por ella urbanizados, 306 viviendas, en 17 bloques, destinados a albergar a quienes tienen que abandonar sus hogares, en el corazón de Gallarta, como consecuencia de las necesidades de explotación minera. En una segunda fase se construirán otras 180 viviendas, en 10 bloques.

Rafael Ruzafa Ortega y Rocío García Abad

 

 

[1] Los cuatro concejos eran Ciérvana, Abanto de Yuso (San Pedro), Abanto de Suso (Santa Juliana) y Múzquiz o Musques. Desde mediados del siglo XIX se dividió en dos municipios, Abanto y Ciérvana por un lado y Múzquiz por otro. La otra unidad administrativa tradicional eran los tres concejos de Santurce, Sestao y San Salvador del Valle, que desde la misma época, por iniciativa del primero, se desagregaron.