La vida social en la zona minera vizcaína (siglos XIX-XX) (II)
- Las pervivencias de población autóctona y/o labradora
La transformación acelerada que experimentó la zona minera desde el final de la segunda guerra carlista con motivo del incremento de la escala de la extracción afectó también a la población previamente asentada, o autóctona. No era una población numéricamente importante. El Censo de 1877 enuncia 1.033 habitantes en San Salvador del Valle, 2.260 en Abanto y Ciérvana, 1.484 en Ortuella (sin contar los más de mil de Santurce) y 1.152 en Galdames. Desde luego, era una población familiarizada con el laboreo a pequeña escala, que formaba parte de lo que denominamos su economía agraria compleja. Por su asentamiento en la comarca, estaba en condiciones de aprovechar mejor que los recién llegados los recursos que las compañías invirtieron. Contaban con un bien escaso, la vivienda, y sin duda arrancaron beneficios a la propiedad rústica para los nuevos usos. Se apreciará que el conocimiento de ese proceso es todavía bastante precario, y bebe de hipótesis.
La población autóctona se disolvió en dos o tres décadas en el monocultivo de la actividad minera. Pero durante ese último cuarto del siglo XIX se pusieron de manifiesto algunas resistencias a la situación, que no se percibiría aún como irreversible. El carlismo había gozado de predicamento en la comarca entre y durante las guerras carlistas, con la influencia de notables como Cástor de Andéchaga y Juan de Murrieta. En su ofensiva iniciada en la segunda mitad de la década de 1860, los tradicionalistas se hicieron eco del muy poco conocido movimiento de protesta de mediados de la década anterior contra las demarcaciones que permitían la explotación a foráneos. En otro lugar se ha advertido contra la tentación de trasladar, como hicieron exitosamente los protagonistas, el diagnóstico político de la década de ruptura 1865-1875 a la anterior.
En su ofensiva en la comarca los tradicionalistas simultanearon aquella actitud local-fuerista con la oposición a la desagregación, también tachada de antiforal, de los cuatro y sobre todo los tres concejos de Somorrostro. Para ello contaron con el apoyo de la Diputación carlista en el poder hasta 1870. La junta general de los siete concejos, denominación que además de superponerse en la actividad de la de los tres concejos delata su filiación carlista, comisionó en 1869 al padre de provincia y correligionario marqués de Villarías para que Triano sea de libre aprovechamiento de los vecinos y naturales de estos Siete Concejos como lo era antes de haber dado aplicación a las diferentes leyes de minas (…) formándose demarcaciones y quedando en poder de unos pocos no vecinos ni naturales de estos concejos.
Tras la guerra se mantendría un tradicionalismo más de mentalidades que político. Un argumento pesó en la definición socio-económica comarcal como había pesado antes, el hecho de que la actividad minera distraía de la considerada imprescindible actividad agrícola, la única que garantizaría la alimentación. El planteamiento se sustentaba sobre intereses y posiciones preindustriales.
Algunos propietarios de caserías de las Encartaciones se proponen ponerle remedio prohibiendo a sus inquilinos en absoluto, o al menos cuando no estén satisfechas todas las necesidades de la labranza, dedicarse al carreteo y aún al trabajo a jornal en las minas. A nosotros nos parece muy acertado este propósito, porque pensamos como aquellos propietarios que es un mal gravísimo para la propiedad rural en general, y en particular para las familias labradoras, el que éstas presten trabajo y atención secundarias a la agricultura y la ganadería, íntimamente relacionada con ella, para prestarlos principalmente a la minería.
En el fragmento se plasman dos teorías de gran calado y debate historiográficos, el freno a la modernización por parte de la agricultura y la liberación de mano de obra que facilita la industrialización. A nosotros nos interesa un aspecto complementario que también plantea el artículo periodístico, y que concierne al papel de las mujeres en las economías agrarias complejas como las de la zona minera y en definitiva a las estrategias familiares a las que nos referiremos más adelante.
Todavía continúa siendo la minería un verdadero mal para la clase labradora del Oeste de Vizcaya y particularmente de los pueblos inmediatos a la zona minera, porque la agricultura se confía casi exclusivamente a las mujeres, que naturalmente no pueden reemplazar en ella a los hombres más que en parte secundarísima, y los hombres se emplean y emplean sus yuntas de bueyes casi constantemente en las veneras.
La adaptación de la población autóctona a la invasión de inmigrantes con sus usos generó otros roces que más intuimos que documentamos. Disponemos de algunos testimonios periodísticos de peleas entre castellanos y vascongados. Las formas culturales, en sentido amplio, sin duda provocaron choques que en el caso de las clases populares resultan de difícil acceso. De acuerdo con un imaginario que ha llegado a nuestros días en el País Vasco envuelto en rifirrafes políticos, la población autóctona, por su carácter austero y morigerado, ejerció el papel de guardiana de la moral y la fe. Por el contrario, la población inmigrante sería portadora de formas de vida disipadas, inmorales y hasta criminales. El redactor atribuía a la inmigración que «forma contraste en Vizcaya lo numeroso de la criminalidad correspondiente a la zona minera y pueblos cercanos a ella con la exigüidad relativa de la del resto del Señorío, aun incluyendo en este resto a Bilbao». Por descontado, se trata de construcciones socio-culturales.
En las romerías, una de las formas de ocio más extendidas, se asistió a alguno de esos choques en los que se distinguía entre músicas y bailes del país y forasteros. Un agente social tan significado como el clero vino a alentar, en el marco de sus preocupaciones, las diferencias. Contamos con los testimonios de la correspondencia 1862-1950 dirigida al obispado de Vitoria. Algunos mencionan el uso del euskera, como el que ante misiones en Gallarta en 1886 exponía que «los sermones un día en castellano y otro en bascuence, porque la tercera parte de mis feligreses son bascongados». Suponemos que la diferencia lingüística formaba parte de la general que apuntaba el párroco de San Salvador del Valle en 1891.
Como la población mayor de esta parroquia está en los barrios de Matamoros, Arboleda, Reyneta y Parcocha por cuanto lo que restan no son más que la pequeña población antigua, y dichos barrios por razón de la Iglesia ayuda están, digámoslo así, separados y casi emancipados de la Iglesia parroquial contribuyendo a ello el miserable antagonismo que existe entre la población nueva y la antigua, se sigue que es muy poca la gente que afluye a la parroquia los días festivos.
Los replanteamientos de la cuestión desde el primer tercio del siglo XX son menos conocidos. Los datos de población activa de 15-59 años en el período 1920-1935 indican que sólo un 0,8% de los activos inmigrantes aparecen clasificados como labradores, frente a un 6,4% de los nativos. En todo caso conforme empezó a caer la actividad minera la comarca asistió a nuevos movimientos migratorios. La mayoría de los desplazamientos detectados se produjeron dentro de los propios municipios mineros, en el marco de la movilidad laboral, siguiendo la oferta de trabajo y la nueva contrata. En segundo lugar, se produjo una movilidad desde la zona minera a las fábricas de la Ría del Nervión. Disponemos de muestras micro que explican esa fuga de población minera desde la década de 1920.
El corte socio-económico que significó la guerra civil 1936-1939 ahondó en la fuga, aunque los testimonios orales inciden en la persistencia de la afluencia de temporeros e inmigrantes en general. Aquí se plantea una cuestión interesante apenas abordada por la historiografía. Irreversible en la década de 1960 la caída de la actividad minera, y casi detenido el crecimiento demográfico en vivo contraste con la vecina zona fabril, se presentó una encrucijada. La población del tiempo del desarrollismo tendría clara la apuesta por la reindustrialización, con el símbolo de la refinería de petróleo en la vega de Somorrostro. Pero la otra opción, indeseada, la de la ruralización, también hizo acto de presencia. Su inclusión dentro de políticas ambientalistas características de sociedades tercerizadas nos acerca demasiado al presente.
Rafael Ruzafa Ortega y Rocío García Abad
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