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Minerí­a en El Regato (IX)

Minerí­a en El Regato (IX)

Los poblados mineros

El desarrollo industrial y la demanda de jornaleros sin especial capacitación para trabajar en obras de infraestructuras y en la minerí­a atrajeron, en primer lugar, a muchos vizcaí­nos de lugares donde, una vez desaparecidas las industrial tradicionales (carboneo, ferrerí­as), se produjo un exce­dente de mano de obra: Gordejuela, Zalla, Gí¼eñes, Carranza, Orozko, etc., pueblos que, en 1887, tení­an menos habitantes que treinta años atrás. También hubo una importante inmigración del valle de Ayala y otras comarcas alavesas, así­ como de jorna­leros de Mena donde, en 1885, ya faltaban brazos para la agricultura.

No todos estos hombres abandonaban sus pueblos definitivamente; un buen porcentaje regresaba a sus casas familiares en las épocas de cosecha y de siembra. Eran los llamados temporeros.

En algunos municipios la mayorí­a de la población se ocupaba en las minas, pero en Barakaldo apenas suponla un pequeño por­centaje radicado, sobre todo, en Luchana, Retuerto, El Regato y Alonsotegi. Su número fluctuaba de un año a otro, dependiendo de las empresas que trabajaran y de la situa­ción del sector. En 1903, por ejemplo, de los 11.411 mineros de la provincia, 897 residí­an en la anteiglesia; cinco años después, según la estadí­stica de Inspección de Trabajo, las sociedades empleadoras eran Luchana Mining, Orconera, Franco-Belga y Eugenio Solano (contratista de Anton), sumando entre las cuatro 824 trabajadores, lo que suponla casi un 22 por ciento de los 3.797 asalariados de Barakaldo, porcentaje que descenderí­a paulatinamente.

En nuestro pueblo tan solo el lugar de Arnabal del valle de El Regato reuní­a las condiciones de un barrio minero. En 1887, sus 273 habitantes (82 por ciento varones), la mayorí­a transeúntes, viví­an en tres edifi­cios de una planta, probablemente barra­cones de madera o cuarteles, muy próxi­mos a los tajos, de modo que apenas tarda­ran en llegar a su puesto de trabajo. En estos barracones en manos de las empresas, de contratistas o de simples capataces se obligaba a los mineros a alojarse en condi­ciones increí­bles de hacinamiento e insalu­bridad.

Las chabolas, sin apenas ventilación, carecí­an de cualquier mobiliario, a excep­ción de un buen número de camastros; tam­poco disponí­an de agua, lavabos y retretes. Ni las ordenanzas municipales de construc­ción, ni el Reglamento de policí­a e higiene que debe regir en la zona minera o fabril de los muni­cipios de Baracaldo, Sestao… (1886), propuesto por la Junta Provincial de Sanidad y la Comisión de Patronos Mineros, ni el llama-do “pacto de Loma” (1890), ni las ocasiona­les inspecciones de sanidad, se cumplí­an demasiado.

Todaví­a en 1896, La Lucha de Clases publi­caba un informe del inspector de sanidad en el que se denunciaba que: «Los cuarteles del señor (Tomas) Santurtún necesitan modificaciones; en el departamento de las 14 camas, hay que disminuirlas a diez y aumentarse la ventilación; en el de doce camas, reducirlas a siete aumentando también la ventilación; en el departamento en que hay tres camas, prohibición absoluta de que duerma nadie, así­ como también en el que hay trece camas, reducirlas a seis, por no reunir las condiciones higiénicas necesarias.

Ahora bien, en 1903, los cuarteles, cha­bolas, cuevas y barracones eran casi una excepción. Luchana Mining disponí­a enton­ces de varias casas de una, dos y tres plantas para albergue de sus obreros en Luchana, Arnabal y El Regato (Casanueva). Ahora bien, si tenemos en cuenta que alojaban a muchos de ellos y a sus familias, no solucionaron el hacinamiento As)”, los diez edificios del enclave de Arnabal cobijaban en 1910 a 271 personas.

Estos pequeños poblados estaban situa­dos en pleno monte, en parajes inhóspitos y aislados, deshabitados hasta entonces: Matamoros, La Arboleda, Saratxo (Gí¼eñes), Arnabal, Burzako, La Felicidad, Elvira (Galdames), etc., no tení­an más comunica­ción con los núcleos de Barakaldo, Trapagaran, Galdames o Gí¼eñes, que los propios trenes mineros y algunas sendas y caminos.

Aunque la prosperidad vizcaí­na fuera deudora de la explotación minera, la comar­ca apenas sacaba partido de su riqueza. Y, a pesar de los ingresos que reportaban a las arcas provinciales las elevadas tarifas del tren de Triano, y a las finanzas municipales los arbitrios sobre el consumo de los mine­ros, a las autoridades «no se les acomoda invertir ninguna cantidad para atender las imperiosas necesidades de estas poblaciones nacientes» (Goenaga, 1883: pp. 54-55).Muchas veces se llegaba al extremo que refleja la siguiente petición de los vecinos de Arnabal al Ayuntamiento en la primera década del siglo XX:

Los subscritos se ven en la imprescindible necesidad cuando tienen que conducir un cadáver al cementerio del Regato, de pedir permiso a la Luchana Mining Company para bajarle por los pianos incli­nados, teniendo por lo tanto que suspen­der dicha compañí­a todo movimiento de los mismos.

Por otro lado, los patronos mineros es posible que temieran la temporalidad y brevedad de las explotaciones, como señalaba Lazurtegui. No era el caso, desde luego, de las grandes empresas, Orconera o Franco­Belga, con contratos de arrendamiento de larga duración. Pero lo cierto es que las pri­meras inversiones de carácter social tardaron en llegar, y se dirigieron hacia aquellos servicios que podí­an apartar a los pobres e “inocentes trabajadores” de las malas influen­cias, protegiéndoles de quienes rechazaban el orden establecido.

 

 

Pionera, en este aspecto, seria la donación de Orconera de las campanas para San Ignacio de Retuerto en 1879. Más tarde, en el espacio minero propiamente dicho, proli­feraron pequeñas ermitas, restauradas o construidas por empresas y mineros: San Sebastian (Saratxo), Santa Quiteria (Sa­munde), San Bernabé (Castaños), San Antolí­n (Irauregi), San Martí­n (Alonsótegi), Santa Lucia (El Regato), La Magdalena (Galdames), etc. De todos modos, fueron los pro­pios pueblos quienes aportaron mayores recursos en la erección de las parroquias de El Regato (1887) y La Arboleda. Pero el anti­clericalismo y la irreligiosidad entre los habi­tantes de la cuenca minera siguió siendo común, provocando en múltiples ocasiones actos violentos contra lo sagrado, sus sí­mbo­los y representantes.

 

Los hombres

Las mí­seras condiciones de vida de los mineros, la carencia de servicios que aten­dieran sus necesidades y la imposibilidad de mejorar por si mismos su situación por la desmedida ambición patronal, tan solo inte­resada en incrementar sus beneficios, les animó  a asociarse en sindicatos y fundar agrupaciones de resistencia y socialistas. Una de las primeras asociaciones de este tipo se constituyó en La Arboleda en 1888, formada exclusivamente por jornaleros de las minas.

El relativo éxito obtenido por los traba­jadores en la huelga general de 1890, esti­muló la creación de una agrupación en El Regato al ario siguiente. Pero el pago de cuotas, la temporalidad de la mayorí­a de los jornaleros, el despido de los afiliados a sociedades de clase y la crisis de 1894/95 impidieron un funcionamiento estable, si bien parecí­a resucitar de vez en cuando para coordinar una petición laboral concreta, desapareciendo inmediata­mente después.

La patronal ne­gaba cualquier re­presentatividad a las sociedades obre­ras, porque apenas contaban con el diez por ciento de afiliación. Real­mente sus efectivos eran muy escasos, aunque en Bara­kaldo, en 1906, estaban organizados 360 trabajadores, casi el 30 por ciento del total provincial. El número afiliados sufrí­a grandes variaciones, creciendo de forma importante en épocas de conflicto.

Posiblemente, la conciencia de su debilidad influirla en la violencia de las huelgas. Las graves alteraciones del orden público forzaban a intervenir al Gobierno, que enviaba fuerzas del ejército para mantener el orden. Cu­riosamente la acti­tud de los mandos militares fue favo­rable a las prin­cipales demandas obreras, sobre todo, en las huelgas generales de 1890, 1903 y 1910.

A los contratistas y empresarios les parecieron injustas las resoluciones de los mandos militares, por lo que insistí­an ante Gobierno, y Diputación para que se dotara a la zona de fuerza armada suficiente, capaz de reprimir las coacciones del pequeño grupo de agitadores socialistas que provocaban las huelgas, y de garantizar el orden y la libertad de trabajo.

Por lo menos dese 1891 se vení­a planteando que algún cuerpo armado se instalara en la zona de Arnabal, punto relativamente alejado de la recién creada casa-cuartel de La Arboleda (Matamoros) costeada por Orconera Iron Ore. Pero el establecimiento del cuartel de la Guardia Civil en Arnabal no se hizo efectivo hasta 1904, cuando la compañí­a cedió al Ministerio de Gobernación un edificio para alojar varios números del cuerpo armado. Desde luego, no parece casual que el convenio se firmara poco después del protagonismo alcanzado por los trabajadores de Luchana Mining en las huelgas parciales de 1902 y en la general de 1903.

La progresiva fijeza y afianzamiento de los obreros (en 1900, sólo la tercer parte de la población de Arnabal era transeúnte) con el consiguiente incremento de las relaciones de vecindad, influyó en el desarrollo del espí­ritu colectivo, lo que se tradujo no sólo en la reivindicación de la mejora de las condiciones laborales y de aumentos salariales sino también de una cada vez mayor implicación en los asuntos públicos.

En 1899, Cristóbal Juez, presidente de la “sociedad polí­tico-económica del partido socialista obrero” de Retuerto, obtení­a permiso para reunirse los domingos en la escuela del barrio. Ese año, por primera vez en Barakaldo, un candidato de un partido obrero obtení­a acta de concejal en las elecciones municipales.

Durante un largo periodo, los únicos candidatos progresistas a la corporación barakaldesa fueron elegidos por esta circunscripción: Emeterio Vitorica (socialista), José de Garay (republicano), Mauro Ozaita (socialista), Evaristo Fernández (socialista), etc. Esta circunstancia era remarcada por el Eco de Baracaldo en un artí­culo titulado “el despertar del obrero baracaldés”, publicado tras las elecciones de 1909: «el distrito de Retuerto está probado que pertenece, de hecho y de derecho, su minorí­a, a las izquierdas».

Gracias a esta circunstancia, por primera vez, la voz de los jornaleros llegaba al Ayuntamiento. En 1898 se quejaban de que sus hijos debí­an emplear una hora para ir a la destartalada vivienda-escuela de El Regato, por lo que muchas veces ni siquiera asistí­an. Y se preguntaban qué iba a ser de aquellos niños cuando alcanzaran «diez u once años para que todos vayan a ganar el pan con el sudor de su rostro».

Algunas leyes socialistas reguladoras del trabajo infantil, aprobadas poco después, influyeron en que la empresa aceptara sus peticiones.

En la alhóndiga de Arnabal, a partir de 1901, la planta superior se dedicó a escuela de los sesenta niños de la barriada. La empresa colaborarí­a en el municipio APRA abonar el salario y las gratificaciones (educación de adultos) del maestro José Sánchez.

Desde 1915,  Laura Santamarí­a, Soledad Revuelta, Mercedes Luzar y Martí­n de Santurtun estuvieron sucesivamente al frente de esta escuela unitaria mixta hasta su cierre definitivo en 1944; no habí­a entonces actividad minera, apenas contaba con diez alumnos e incumplí­a las directrices gubernamentales sobre coeducación.

 

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