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La derecha en Barakaldo (1923-1931)

La derecha en Barakaldo (1923-1931)

La Dictadura de Primo de Rivera.

El golpe de Estado de Primo de Rivera cerraba de manera autoritaria la descomposición polí­tica y social de la Restauración. En 1923, el desmantelamiento del Estado liberal parecí­a para buena parte de las clases dominantes en España un paso previo para establecer una nueva dinámica capaz a la vez de regenerar la vida polí­tica al forjar un nuevo consenso conservador y de frenar o reconducir las reivindicaciones populares que cuestionaban su dominio. Sin embargo, este acuerdo básico distaba mucho de ser ampliado a aspectos fundamentales como la duración de las medidas excepcionales, el sentido y concreción de la regeneración y, especialmente, los sectores polí­ticos y sociales que se iban a ver favorecidos por la nueva situación.

Las dificultades para alcanzar una solución estable eran grandes, especialmente a la hora de solucionar el encaje de las reivindicaciones autonomistas o nacionalistas.

En el Paí­s Vasco bastó la supresión de las libertades y el cierre de los batzokis para desactivar al nacionalismo vasco. Sin posibilidad de movilización electoral y sin tejido asociativo, un movimiento desde fuera del sistema como era el nacionalismo vasco no podí­a hacer gran cosa, a no ser que optara por la insurgencia, estrategia que ni los aberrianos estaban dispuestos a desarrollar.

2.1.- Las derechas locales tras el Golpe de Estado.

En Barakaldo, la Tercera Asamblea de Cooperadores Salesiana, presidida por el cura párroco, dirigí­a un escrito al ayuntamiento en febrero de 1924 que no dejaba lugar a dudas sobre su pretensión de aprovechar el giro autoritario introducido por la Dictadura, muy positivamente valorado, para imponer sus objetivos. Así­, “persuadidos de que habremos cumplido con un sacratí­simo deber de ciudadaní­a, é interpretando los grandes anhelos de nuestros gobernantes que afortunadamente hoy nos rigen, anhelos que empiezan ya a cristalizar con la realidad de los hechos hacia la consecución de una verdadera regeneración social,” las autoridades eclesiásticas locales exponí­an al Ayuntamiento sus conclusiones sobre la moral pública para que éste las hiciera cumplir “poniendo en práctica los admirables resortes que las leyes ponen a su alcance“. Las medidas propuestas se referí­an a la blasfemia y las publicaciones contrarias a la moral católica. El ayuntamiento, por su parte, respondí­a a esta petición de “poner coto y mordaza, si preciso fuera, á esos entes irracionales que se empeñan en invertir los órganos de sus ser” asumiendo por unanimidad las conclusiones de la asamblea y dando orden a la guardia municipal “de que dedique especial atención á los fines a que dichos acuerdos se refieren”.

Los halagos de las autoridades locales barakaldesas a las pretensiones católicas se mantuvieron durante toda la Dictadura. En mayo de 1926 se acordada otorgar un donativo de 1000 pesetas para la reconstrucción de la iglesia de Amorebieta destruida por un incendio y, en noviembre del mismo año, se elevaba a 250 pesetas la aportación del ayuntamiento al monumento del Corazón de Jesús de Bilbao “considerando que es exigua la cantidad de cincuenta pesetas que se propone, dada la importancia de este pueblo”. Obviamente, la corporación asistió al año siguiente a la inauguración del monumento. Otras medidas que ilustran la buena relación de los consistorios dictatoriales con la Iglesia eran el adelanto de 4000 pesetas al párroco del Regato para efectuar reparaciones en la iglesia o la subvención a las funciones de beneficencia de las Damas Catequistas. Por otro lado, el cura párroco estuvo presente en todas las reuniones de fuerzas vivas convocadas para los distintos actos y fue abundante la presencia católica en la comisión de homenaje a Primo de Rivera.

También en el Paí­s Vasco sufrió el nacionalismo la represión bajo la Dictadura. Según Ciprino Ramos, el sector de la Comunión mantuvo su existencia legal, aunque sin apenas actividad, de la misma manera que su diario, Euzkadi, continuó apareciendo con normalidad bajo la estrecha supervisión de la censura militar. Este letargo fue imposible para el sector aberriano. Ni el ideario ni la combatividad de los aberrianos les permití­an escapar al Decreto sobre el separatismo. Así­, el 22 de septiembre dejó de aparecer Aberri y el 28 de octubre, en aplicación del Decreto contra el separatismo, todos los locales y sociedades del PNV fueron registrados y clausurados. En Barakaldo, donde la totalidad de las sociedades nacionalistas existentes se habí­an adherido al PNV esto supuso la desaparición institucional del nacionalismo.

2.2.- Estabilidad versus inestabilidad

Los ayuntamientos eran una pieza clave para el programa de saneamiento de la administración pública y descuaje del caciquismo del Dictador, ya que eran núcleos en los que convergí­an las redes caciquiles. Acabar con las antiguas corporaciones, substituyéndolos por rectos administradores desvinculados de la vieja polí­tica habrí­a de producir el doble efecto beneficioso de sanear la administración pública a la vez que privaba a los caciques de su base de actuación. Así­, un decreto fechado el 30 de septiembre de 1923 disolví­a los ayuntamientos y los substituí­a por los vocales asociados.

Esta fórmula de substitución reforzaba la imagen administrativista y regeneracionista del Directorio. Por un lado, el automatismo situaba la designación de los nuevos concejales al margen de la voluntad gubernamental, con lo que las nuevas corporaciones se constituí­an por encima de criterios partidistas. Por otro lado, la extracción de los corporativos de entre los mayores contribuyentes garantizaba el carácter genéricamente de orden de los nuevos consistorios, aunque eventualmente la designación recayera sobre algún nacionalista, republicano o socialista. La fórmula de los vocales entroncaba con una larga tradición de corporativismo administrativista que reservaba el gobierno municipal a los pretendidamente apolí­ticos representantes de las clases vivas de la población.

En Barakaldo, el automatismo establecido en el Decreto no se cumplió. Manifestaba la autoridad militar en la sesión de constitución del nuevo ayuntamiento que, al no poseer ninguno de los vocales asociados tí­tulo profesional ni ejercer industria técnica o privilegiada,” habí­a designado a los señores presentes a este acto y que quedan relacionados […] a fin de ejercer los cargos de Concejales del Ayuntamiento de esta

Anteigleisa, esperando de su acendrado patriotismo que aceptaran la designación”.

Los nuevos concejales procedieron a la elección por unanimidad del nuevo equipo de gobierno. Este estaba presidido por Gregorio de Arana y Olaso, abogado, propietario y juez municipal en años anteriores. Lo completaban un propietario en la primera tenencia de alcaldí­a, un abogado y juez municipal en la segunda, un comerciante  en la tercera y otro propietario en la cuarta, quedando la sindicatura en manos de un comerciante.

De la mano de la Dictadura, pues, la clases altas retornaban al gobierno local tras su desplazamiento en los años de intensa politización. Concretamente, suponí­an el 42% de los nuevos concejales. Junto ellos, el otro gran grupo social presente en el ayuntamiento eran las clases independientes, comerciantes e industriales, que constituí­an un 47%. Esta composición interrumpí­a el proceso de popularización señalado en el apartado anterior, pero además, dejaba fuera del consistorio al grupo más importante durante el periodo de lucha polí­tica: los empleados. En 1923 este grupo sólo suponí­a el 10% de los concejales, una participación mí­nima en comparación con el 19.3% conseguido en el periodo 1918-1923 y su peso en la localidad (7.2%). Esta nueva composición apuntaba a una reinstauración corporativa de los grupos acomodados barakaldeses alejados del mundo fabril: comerciantes, médicos, propietarios y abogados.

La intervención gubernamental en la designación del consistorio no alteró, por tanto, su carácter claramente corporativo, aunque introdujo un sesgo notoriamente favorable a la derecha de Altos Hornos. No parece casual que ningún nacionalista o filonacionalista entrara en la corporación, mientras que esto sí­ sucedí­a en otras localidades donde el automatismo se respetó. Se trataba, sin embargo, de un sesgo de carácter más preventivo que activo. Se impidió la entrada de nacionalistas por la ví­a corporativa y se tendió a favorecer a los monárquicos, pero no se otorgó el poder al grupo monárquico que vení­a actuando en el ayuntamiento los años anteriores, como era de esperar en atención a las retórica primoriverista que denigraba a los viejos polí­ticos.

Aunque cinco de los dieciocho nuevos concejales lo habí­an sido durante la Restauración, su paso por el ayuntamiento se remontaba a fechas lejanas. El más cercano en el tiempo era el ex-republicano de la Unión Comercial que habí­a participado en 1917-1922, otros dos pertenecí­an al periodo 1913-1917, uno al de 1910-13, y el último habí­a participado en el ayuntamiento en fecha tan lejana como 1901. Figuraba también entre los nuevos concejales, Francisco Tierra, diputado provincial monárquico en 1913, además de dos candidatos conservadores a elecciones municipales. No habí­a por tanto, una continuidad directa de los monárquicos de los últimos años, pero las pocas filiaciones polí­ticas conocidas muestran la presencia de los grupos que se habí­an alineado con la fábrica.

Concretamente, cuatro conservadores, dos tradicionalistas, un católico y el republicano de la Unión Comercial. A ello se añadí­a el hecho de que el primer teniente de alcalde fuera hijo de un alcalde conservador de 1910.

El 8 de abril de 1924 se produjo una remodelación de la corporación para adecuarla a las directrices contenidas en el Estatuto Municipal que no introdujo novedades relevantes en su composición. Abandonaba el consistorio un concejal por incompatibilidad y se nombraban nuevos regidores hasta completar el número de 24. Como representación popular fueron designados un comerciante y un industrial, ambos mayores contribuyentes sin filiación polí­tica conocida. El cupo corporativo daba entrada a representantes de la Cámara de la Propiedad Urbana, la Unión Comercial, el Sindicato Agrí­cola de Retuerto y la Cooperativa Obrera de Altos Hornos.

El equipo anterior fue confirmado por aclamación sin que se realizase votación alguna. La nueva polí­tica municipal parecí­a funcionar sin problemas ni discusiones sobre la base de esta mezcla de dirigismo polí­tico monárquico y corporativismo. Con esta remodelación quedó asentado el grueso del personal municipal barakaldés de la Dictadura. Este se caracterizó por su estabilidad como muestra la media de permanencia en los cargos que fue de 5,5 años para el consistorio de 1923 y de 5,7 para el de 1924. Prácticamente, el 60% del personal polí­tico de la Dictadura se incorporó en estos primeros siete meses.

2.3.- Los hombres de la Unión Patriótica.

En 1926 la Dictadura habí­a renunciado a su provisionalidad y avanzaba tentativamente hacia la instauración de un nuevo sistema polí­tico. Esta evolución implicaba un salto cualitativo en el tipo de consenso que hasta el momento habí­a demandado la Dictadura. Ya no bastaba con aceptar pasivamente la polí­tica de excepcionalidad del Directorio Militar; se reclamaba un apoyo activo al proyecto instaurador. Este apoyo activo vení­a encauzándose desde 1924 a través de la Unión Patriótica, que en consonancia con la evolución de la Dictadura irí­a adquiriendo progresivamente una mayor presencia polí­tica.

En Vizcaya, la remodelación de la Diputación constituyó un hito en este proceso de acceso al poder de los hombres de la Unión Patriótica.. Entre febrero y marzo de 1926 se desarrolló un pulso entre la Liga de Acción Monárquica, el gobierno y la Unión Patriótica por el control de la Diputación que se resolvió con la destitución de los diputados monárquicos y su substitución por upetistas34. El alcalde de Barakaldo, Gregorio de Arana, fue uno de estos nuevos diputados nombrados para cubrir las vacantes provocadas por las primeras dimisiones monárquicas. Ello le alineaba claramente con el sector oficialista ante el fraccionamiento del consenso monárquico.

Con la dimisión del alcalde por incompatibilidad entre los dos cargos y la aceptación de las planteadas por otros concejales, en mayo de 1926 eran cuatro las vacantes en el consistorio, entre ellas las de alcalde y primer teniente de alcalde. La provisión de estas vacantes reprodujo el proceso general de promoción de hombres fieles al gobierno en las instituciones locales. Abandonando el criterio más o menos corporativo seguido hasta el momento, hombre nuevos, tanto por su vinculación anterior a la polí­tica barakaldesa como por su extracción social ajena a las clases altas tradicionales, se hací­an con el poder local. Eran los hombres de la Unión Patriótica.

Sólo uno de los cuatro nuevos concejales era propietario; del resto dos eran empleados y uno maestro. El contenido polí­tico de estos nombramientos quedaba subrayado por la promoción directa de estos recién nombrados a tres primeras tenencias de alcaldí­a, mientras el anterior primer teniente de alcalde, el propietario Sebastián de Begoña, se hací­a cargo de la alcaldí­a. Se trataba, en definitiva, de un relevo en la cúspide que el resto de los concejales se limitaba a sancionar, con la excepción del republicano Primitivo Fernández que hací­a constar en acta “que el voto emitido en blanco lo ha sido por él porque conociendo todos de antemano el resultado de esta votación no ha querido hacerlo en el sentido en que lo han hecho los demás concejales puesto que es de la opinión que para aquellos cargos ha debido designarse a individuos que pertenecen a la corporación antes que los Sr. Viguri y Zaballa por tener más práctica y conocer mejor los asuntos municipales…”. Esta promoción de los hombres de la Dictadura se veí­a completada en octubre con la incorporación del jefe del Somatén y presidente de la Unión Patriótica, Pedro Elí­as Suárez, y de su secretario, Cipriano Saiz Membribe.

La imposición del criterio polí­tico de fidelidad al gobierno frente al corporativista implicó una notable mutación de la composición social del consistorio.

Con la remodelación de 1926, los empleados recuperaban su tradicional presencia en el consistorio, en torno al 25%, en detrimento de las clases altas barakaldesas que descendí­an hasta situarse en torno al 30%, peso que mantendrí­an hasta el fin de Dictadura.

Ví­ctor Viguri, inspector maquinista de Altos Hornos, serí­a la estrella ascendente de esta nueva promoción. En 1928 era ya primer teniente de alcalde, ocupando la segunda el representante de la Cámara de la Propiedad Urbana. La licencia por enfermedad ilimitada del alcalde Sebastián de Begoña, le convirtió en alcalde interino desde esta fecha hasta el fin de la Dictadura.

2.4.- El consenso de la Dictadura

La nueva dirección polí­tica de Barakaldo transcendió el administrativismo que habí­a caracterizado Dictadura hasta el momento y se encargó de encauzar las demandas de consenso activo del nuevo régimen intentando movilizar a sus bases de apoyo a través de diferentes actos.

Ya en 1925 se habí­a desplazado a Madrid el alcalde Gregorio de Arana y un representante del ayuntamiento para asistir a un homenaje a la Corona. Este primer acto de adhesión ilustraba el carácter oficialista que habí­an de tener las movilizaciones de apoyo a la Dictadura en Barakaldo. Según un estadillo oficial, el homenaje en la localidad fue pobre, puesto que no se celebraron actos ni se envió ninguna delegación de la Unión Patriótica. Aún así­, nueve personas se trasladaron con carácter particular a Madrid con motivo del homenaje.

Mayor proyección pública tuvo el plebiscito nacional de apoyo al gobierno convocado por la Unión Patriótica a finales de 1926, celebrado ya bajo la nueva dirección polí­tica. En bando dirigido a la población, el alcalde Sebastián de Begoña apelaba a esa opinión pública en la que la Dictadura pretendí­a basarse ante la falta de apoyo de las fuerzas polí­ticas tradicionales. Confiaba el alcalde en que “no quedará un barakaldés que deje de emitir su voto en este plebiscito para que prosiga en España la labor de saneamiento y tonificación hace tres años comenzada, ya que sin la asistencia de la opinión pública no puede haber estí­mulo para que el gobernante de buena fe se imponga los sacrificios que tan alta e importante misión exige”. Si bien las 4408 firmas recogidas no eran un apoyo despreciable (25.36% del censo de 1932), la adhesión baracaldesa estaba lejos del 54% alcanzado en la provincia.

El escaso entusiasmo que la Dictadura suscitaba quedaba ilustrado en la suscripción de diciembre de 1926 con el fin de erigir un monumento a Primo de Rivera.

La abrí­a el ayuntamiento con 300 pesetas y se ofrecieron al público contribuciones únicas de 0.5 pts. A pesar de la modestia de esta cantidad, sólo se consiguieron 53 suscriptores. Un análisis de estos suscriptores ilustra el carácter oficialista del apoyo activo a la Dictadura. Entre los 53 suscriptores se encontraban el alcalde y su hermano, así­ como un 26% de empleados municipales más sus familias (el secretario del ayuntamiento aportaba a sus cinco hijos) y dos guardias municipales. En realidad, la suscripción parecí­a vincular más a los empleados del municipio que a los cargos corporativos. Ningún concejal contribuí­a con la excepción del alcalde y el presidente y secretario de la UP. Pero más significativo aún que la ausencia de los concejales, era la del mundo conservador tradicional. Entre los suscriptores no habí­a conservadores, tradicionalistas o católicos conocidos; simplemente la contribución corporativa del secretario de la Cámara de la Propiedad Urbana y del presidente del Sindicato Agrí­cola de Retuerto.

Similar apatí­a caracterizó el homenaje al Ejército convocado en octubre de 1927 con motivo de la resolución del conflicto africano. Para organizar los actos se creó una comisión compuesta por el cura párroco, el juez municipal, el jefe local de la UP, el cabo del Somatén, el capitán de la Guardia Civil y dos concejales. Los actos preveí­an una misa y un tedéum por los fallecidos en la campaña precedida de una comitiva, un concierto de la banda municipal y un banquete ofrecido por el ayuntamiento a los trescientos ocho licenciados del Ejército de ífrica residentes en Barakaldo. El programa se completaba con una romerí­a por la tarde.

Las adhesiones fueron más bien escasas. Al margen de la destacada aportación de la Cámara de la Propiedad Urbana y la de la sociedad de casas baratas El Hogar Propio, el resto redundaba en el carácter oficialista ya detectado en la anterior suscripción: el alcalde, el primer teniente de alcalde, el secretario del ayuntamiento y un empleado municipal. De hecho, los actos no contaron con aportaciones ni de los propios integrantes de la Comisión organizadora. Consiguieron, sin embargo, la adhesión del director del Orféon Barakaldés que se encargó de la parte musical de la función religiosa. Dada la mí­nima cuantí­a de las aportaciones, casi 5.000 pesetas corrieron a cargo de las arcas municipales.

El procedimiento de organización de este tipo de actos se reprodujo en 1928 en el Homenaje Nacional a Primo de Rivera con motivo del quinto aniversario del golpe de estado. Se convocó una reunión con “una nutrida representación de las fuerzas vivas de la localidad”, que constituyeron “dentro del mayor entusiasmo” un Comité local presidido por el alcalde interino39. Puede constatarse en él la importante presencia del mundo católico, que, sin embargo, no se detectaba en la suscripción. El alcalde interino exhortaba a los barakaldeses a participar en el desfile ante el Gobierno Civil en Bilbao, en el que la corporación habí­a de participar con su bandera y la banda de música, recordando que “el milagro del restablecimiento del orden público y por consecuencia la mitigación de nuestros males, que parecí­an incurables, y el florecimiento de la Patria, solo a él y a sus fieles colaboradores debemos atribuirlo”.

Aunque la participación en la suscripción fue la mayor del periodo, resultaba social y polí­ticamente muy poco representativa. Al igual que el mundo católico que no estaba representado ni por los mismos integrantes de la Comisión, destacaba la ausencia de los conservadores tradicionales, de la clase polí­tica anterior y de las entidades polí­ticas y sociales. Concretamente, la Unión Comercial declinaba la invitación a colaborar alegando que se lo prohibí­an sus estatutos, pero dejaba libertad a los sus afiliados. La participación del entramado asociativo local se limitaba al presidente y secretario del Sindicato Agrí­cola de Retuerto y al secretario de la Cámara Oficial de Inquilinos.

Por otro lado, sólo participaban siete concejales y el anterior alcalde. A estas alturas estaba claro que existí­an dos tipos de concejales en Barakaldo. Aquéllos que participaban de la lí­nea polí­tica del régimen, básicamente situados en el equipo de gobierno, y el resto, que se limitaba a ejercer las funciones administrativas propias de su cargo. De hecho, todos las actuaciones consideradas lesivas por la Comisión Revisora constituida durante la República, es decir, aquéllas que tení­an un componente claramente polí­tico, fueron acordadas en la Comisión Permanente o por decreto de la Alcaldí­a.

Si polí­ticamente la lista resultaba poco relevante, tampoco en el terreno social parecí­a perfilarse un apoyo social delimitado al margen de los dependientes del Estado.

Los empleados del municipio suponí­an casi el 40% de los suscriptores de los que se tienen datos. Más revelador que este dato resulta que estos mismos dependientes municipales supusieran un 28.75% del total de los suscriptores superiores a una peseta.

Junto a esta hegemoní­a de los empleados públicos, se detectan significativas sobrerrepresentaciones de colectivos locales concretos. En primer lugar, doce labradores, todos ellos de Retuerto, cuya participación podí­a responder tanto a su vinculación al Sindicato Agrí­cola, integrado en la dinámica corporativa de la Dictadura, como a la influencia más tradicional de propietarios como Tierra, Begoña o Arana, todos ellos fieles a la Dictadura. Esta movilización de las pequeñas redes caciquiles aparece ilustrada con mayor claridad por la participación de los cobradores y conductores de tranví­as en la suscripción, participando la compañí­a en el Comité Organizador del homenaje.

La documentación de la Comisión Revisora del periodo republicano permite analizar la actividad polí­tica de estos consistorios41. Los ayuntamientos de la Dictadura, sobre todo los de esta segunda etapa, dedicaron parte de sus recursos a la promoción y cumplimentación de la Familia Real, como el viaje a Madrid de 1925, la compra y colocación de placas, los funerales por la Reina Madre y la suscripción abierta para erigirle un monumento.

Mayor cuantí­a se destinó, sin embargo, a actuaciones directamente vinculadas con la promoción y consolidación de la polí­tica del Dictador. En este apartado destacaba el viaje de la banda municipal a Madrid en 1928 para conmemorar el golpe de estado, las 5000 pesetas invertidas en el Homenaje a Primo de Rivera de 1928, la asistencia a los distintos homenajes al gobernador promovidos por la UP, más las subvenciones establecidas para el Somatén y la UP.

Finalmente, no se olvidaron estos ayuntamientos de dar publicidad a propia gestión, pieza clave del discurso regeneracionista de la Dictadura. Así­, destinaron cantidades a la aparición de reportajes sobre Barakaldo en publicaciones como la Unión Patriótica y La Nación.

Sin embargo, a la vista de las suscripciones y homenajes, estas actuaciones no consiguieron cimentar un amplio apoyo activo a la Dictadura. Si bien el criterio corporativo otorgó inicialmente a las clases altas barakaldesas el control del Ayuntamiento, no parecí­a establecerse un apoyo activo al régimen por parte de este estrato social. De hecho, la politización del ayuntamiento corrió paralela a su declive.

No nos encontramos en Barakaldo, por tanto, ante una situación como la de Valencia, donde las clases altas controlaron la UP. En realidad, ningún grupo social definido mostró una especial propensión a integrarse en el grupo de hombres justos y sanos que reclamaba el Dictador para aplicar su polí­tica. Las bases de la Dictadura en Barakaldo estaban constituidas por hombres que por diferentes motivos se alienaron con la polí­tica del Dictador más los empleados públicos. Por ello, puede aplicarse al consenso activo barakaldés a la Dictadura la caracterización de Ignacio de Arana para la Unión Patriótica: “más bien da la impresión de ser una agrupación a la que, como instrumento de la Dictadura, debí­an pertenecer todos aquellos que desempeñasen cargos o trabajos relacionados directamente con la Administración, al menos en el ámbito local y provincial”.

Sin embargo, a pesar del poco entusiasmo que despertaba la Dictadura, las instituciones locales vascas no se vieron afectadas por la inestabilidad que caracteriza el caso catalán. Esta constatación parece apuntar a la existencia en el Paí­s Vasco de un consenso pasivo mucho más amplio que en Cataluña. La relativa marginalidad en las redes de poder local de los nacionalistas es sin duda la clave para entender esta situación.

La continuidad era mucho mayor y, en consecuencia, la propia acción administrativa. En este sentido, es importante destacar para el caso de Barakaldo este carácter administrativista para entender el consenso pasivo a los gobiernos locales promovidos por la Dictadura. La Comisión Revisora, instituida en la República para revisar la actuación de estos consistorios, hubo de limitar sus denuncias al terreno polí­tico y religioso, sin poder constatar irregularidades administrativas. De hecho, una memoria municipal de la época republicana reconoce la buena labor hacendí­stica de estos consistorios. Igualmente, son innegables las realizaciones e inversiones a las que hací­a mención La Nación. Esta gestión, en la que se subrayaba la baja presión fiscal y la falta de endeudamiento, habí­a de contentar a los comerciantes y otras capas de la población.

2.5.- El fin de la Dictadura.

Tras la caí­da de Primo de Rivera el 30 de enero de 1930, el gobierno del general Berenguer inició una serie de inciertas tentativas para el retorno a la situación constitucional. Una de las piezas claves en la normalización institucional fue la disolución de las corporaciones locales de la Dictadura. Para su substitución se optó por una fórmula mixta que combinaba concejales electos con anterioridad a 1923 y mayores contribuyentes, según el Decreto de 6 de febrero de 1930. De nuevo, como en 1923 el gobierno intentaba una fórmula de designación que, por su automatismo, resolviera la situación excepcional sin su intervención directa.

En Barakaldo esta institucionalización automática no habí­a de resultar fácil dada la oposición de gran parte de las fuerzas polí­ticas. La sesión de constitución de este primer ayuntamiento postdictatorial, el 26 de febrero de 1930, abrí­a una cadena de dimisiones que dilatarí­a la conformación del consistorio hasta bien entrado el mes de abril. Los mayores contribuyentes no se mostraban demasiado interesados en participar en estos consistorios e intentaban acogerse a la cláusula de dimisión por imposibilidad fí­sica. En Barakaldo, cinco de ellos dimitieron en diferentes fechas. Sin embargo, la fuente principal de inestabilidad fue la negativa de republicanos y nacionalistas a aceptar los puestos que se les ofrecí­an, “aduciendo la forma en que sido hecha su designación contraria a los derechos de ciudadaní­a y las tradiciones democráticas de este pueblo, protestando contra la disposición gubernativa en que se fundan sus nombramientos”.

La firmeza de nacionalistas y republicanos hizo retrotraer la designación hasta los concejales electos en 1915.

La presencia de concejales de elección hubo de limitarse, en consecuencia, al resto de las fuerzas polí­ticas: monárquicos, tradicionalistas y socialistas. El lí­der histórico de los socialistas, Evaristo Fernández Palacios justificaba su aceptación del cargo alegando que “debí­endose a un partido obrero y polí­tico lo acepta por mandato imperativo del mismo y en honor a la disciplina que le caracteriza; pero que se consigne su protesta en nombre del partido a que pertenece y de la Unión General de Trabajadores en la forma en que se han llevado a cabo los nombramientos y por no haberse dado a la última colectividad una representación adecuada en los ayuntamientos”. El pragmatismo seguí­a inspirando, por tanto, la actuación polí­tica del socialismo barakaldés.

A finales de marzo se nombraba el primer equipo de gobierno por Real Orden. Lo presidí­a como alcalde Rodolfo de Loizaga, alcalde de 1920 a 1923 y, aunque autodenominado católico, hombre fuerte de la derecha barakaldesa no nacionalista. Para la primera tenencia se designaba al único mayor contribuyente del equipo, Rafael de Basaldua, presidente de la Cámara de Propiedad Urbana. Completaban el equipo un maurista, un tradicionalista y el socialista Evaristo Fernández. La aceptación de este cargo de designación gubernativa debió de parecerle una implicación excesiva y renunció, aunque manifestaba su voluntad de seguir colaborando en el ayuntamiento.

Este equipo, continuador directo de la derecha de Altos Hornos, se mantuvo al frente del ayuntamiento hasta la proclamación de la República. El Real Decreto de 20 de enero de 1931 que establecí­a la elección de los tenientes de alcalde no afectó a su continuidad. Con la excepción de los socialistas, los corporativos confirmaron a los tenientes de alcalde ya actuantes, incluido el socialista. Con las reservas socialistas que protestaban por la no extensión de la elección a la alcaldí­a, se aprobó por aclamación un voto de confianza para el alcalde.

2.6.- La recomposición de las fuerzas polí­ticas

El paulatino restablecimiento de la legalidad constitucional permití­a el retorno a la actividad polí­tica pública de las diferentes fuerzas. Sin embargo, la Dictadura habí­a afectado de manera muy desigual a los tres vértices del triángulo polí­tico en ambas localidades.

En Barakaldo, la represión contra los nacionalistas habí­a reducido el asociacionismo polí­tico a cuatro entidades: un Cí­rculo Monárquico con 153 socios del que no se encuentran referencias de actividades, la Sociedad Tradicionalista con 165 afiliados, el PSOE con 68 y el Cí­rculo Republicano con 168. Para el PSOE y la UGT, sus años de colaboración con la Dictadura fueron años de consolidación y expansión. A la caí­da de Primo, los socialistas barakaldeses conservaban intactas sus estructuras organizativas, aunque, a diferencia de la tónica nacional, no habí­an aumentado sus efectivos polí­ticos. Igualmente los republicanos, aunque en oposición al Dictador, habí­an mantenido su centro de sociabilidad y contaban con más militantes que los socialistas. Para la izquierda no revolucionaria, la Dictadura habí­a sido un paréntesis en su libre actividad polí­tica.

En lo que respecta a la derecha no nacionalista, la Dictadura supuso el colapso de los tradicionales partidos dinásticos. En consecuencia, la derecha monárquica encaraba la nueva situación desorientada y fragmentada en diversos grupúsculos. Sin embargo, la organización de esta derecha siempre habí­a sido lasa en Vizcaya y más aún en Barakaldo. Al margen del tradicionalismo, la derecha liderada por Altos Hornos nunca habí­a tenido una estructura organizativa explí­cita similar a la de otros partidos.

Era un conglomerado de intereses y de personalidades cuyo poder era independiente de la movilización polí­tica de sus bases electorales. En este sentido, y más allá de las reelaboraciones doctrinales, su situación no habí­a variado estructuralmente. Contaba con el apoyo del poder económico y el Estado, como revelaba el hecho de que fuera directamente restaurada en el poder local tras la caí­da de Primo. Contaba también, en consecuencia, con las tradicionales redes de patronazgo como mostraba la carta enviada por la Liga de Acción Monárquica al alcalde Loizaga en julio de 1930 solicitando “nombres de seis amigos de ésa que deseen cubrir vacante de peones camineros eventuales de esta Diputación”. Su problema era hasta qué punto estos mecanismos tradicionales seguí­an siendo efectivos ante la movilización del resto de las fuerzas polí­ticas.

En 1930 el nacionalismo barakaldés llevaba siete años silenciado y desorganizado institucionalmente por la represión estatal. Clausurados los batzokis, la continuidad de la actividad nacionalista local se habí­a desarrollado en dos frentes: el sindical y el deportivo.

Ya en marzo de 1927 se publicaba en El Obrero Vasco la noticia de que se trataba de constituir una agrupación de SOV60, pero no fue hasta mayo de 1929 que se constituyó una Agrupación de Obreros Vascos en San Vicente, y se anunciaba la preparación de otra en Burceña, de la que no se tiene noticia. También en el terreno social, a finales de 1927 se inauguraron los nuevos locales de la cooperativa vasca Bide Onera.

La expansión del asociacionismo deportivo caracterizó la década de los veinte en Barakaldo. En 1930 existí­an en la localidad 22 de estas asociaciones. Algunas de ellas estaban estrechamente relacionadas con tradiciones polí­ticas, como el Oriamendi Sport vinculada a los jóvenes tradicionalistas, pero fueron los nacionalistas quiénes descollaron en este terreno. Concretamente, seis sociedades deportivas estaban dirigidas en 1930 por jóvenes nacionalistas. Estas sociedades, repartidas por los diferentes barrios, ofrecí­an continuidad a la sociabilidad nacionalista que en otro tiempo habí­an mantenido los batzokis, pero introducí­an un significativo sesgo: acentuaban el protagonismo de los jóvenes.

Sin embargo no se produjo una restauración rápida y automática del movimiento nacionalista anterior al golpe de Estado. Ya se indicó que la estrategia deportiva otorgaba el protagonismo en la actividad nacionalista a los jóvenes. Esta circunstancia ayuda a entender que la primera asociación nacionalista reconstituida en Barakaldo fuera la Juventud Vasca. El 7 de diciembre de 1930, bajo la presidencia del veterano solidario Antonio de Villanueva, 60 socios ratificaban por unanimidad el reglamento aprobado por el gobernador civil y nombraban su junta directiva. Presidí­a esta Junta el secretario de la Junta Municipal del PNV de 1921 y se integraban como vocales dos presidentes de sociedades deportivas. La presencia de Villanueva y el hecho de que esta Juventud Vasca fuera posteriormente el bastión de ANV en Barakaldo permite establecer una lí­nea bastante directa entre el Partido Nacional Vasco de 1923 y este nuevo partido. En torno a la Juventud se agrupaban aquéllos que, en palabras de Elorza, creí­an necesario “reconocer el fracaso del nacionalismo tradicional, de su aislamiento en la polí­tica española, y, en consecuencia, habí­a que sumarse a las fuerzas de izquierda españolas para garantizar de acuerdo con ellas el logro de las reivindicaciones nacionales vascas”. Eran, en definitiva, los defensores de la tercera lí­nea de desarrollo del movimiento nacionalista que, tras su irrupción en 1923, reaparecí­an con fuerza en 1930.

La reconstrucción del entramado asociativo del nacionalismo que permaneció fiel a la ortodoxia sancionada en Vergara con la unificación del PNV y la Comunión fue mucho más lenta y parcial. Se conoce una junta del Batzoki de Alonsótegui de principios de diciembre de 1930 y el dí­a 24 el mismo mes el Gobierno Militar autorizaba la reconstitución del batzoki de Burceña. Mas aquí­ se acababa el impulso organizativo.

Aunque Euzkadi publicara en febrero de 1931 la existencia de batzokis en Barakaldo, Burceña, Lutxana y El Regato y juventudes Vascas en Alonsótegui y Retuerto, lo cierto era que en la primavera de 1931 el nacionalismo vasco ortodoxo contaba en Barakaldo con dos batzokis a lo sumo, ambos fuera del núcleo de la población. Su implantación se limitaba, pues, al distrito de Burceña que tradicionalmente habí­a sido el bastión del nacionalismo barakaldés. De hecho, dos años después, el propio Euzkadi rebajaba esta implantación a un solo batzoki. La reconstrucción del nacionalismo tradicional se enfrentaba a serias limitaciones que emergieron con claridad con motivo de las elecciones.

En Barakaldo, los hombres de la Juventud Vasca pactaron con socialistas y republicanos su participación en el bloque electoral antimonárquico bajo las siglas de ANV, aún antes de su constitución formal en la localidad. A finales de marzo las negociaciones electorales estaban prácticamente concluidas. El acuerdo se limitarí­a a ANV, socialistas y republicanos, tras la negativa del PNV a participar en las candidaturas. Entre el 27 y el 28 de marzo cada formación polí­tica procedió a la designación de sus candidatos, quedando pendiente de negociación la pretensión de ANV de contar con cinco candidatos en lugar de los cuatro que socialistas y republicanos les concedí­an.

La ratificación del pacto no se realizó sin que se levantara alguna voz en contra en el seno de la Juventud Vasca. Uno de los socios argumentaba contra la alianza electoral señalando que “tanto los socialistas como los republicanos presentan candidatos que actuaron como concejales en tiempo de la Dictadura”. Sin embargo, la mayorí­a se ratificó en la voluntad de aliarse con la izquierda, a pesar de esta crí­tica y de no haber obtenido los cinco candidatos.

La cuestión de la colaboración con la Dictadura provocó también discusión en la asamblea electoral republicana. La dirección republicana incluí­a en su propuesta de candidatos a un concejal de la Dictadura que se defendí­a de las crí­ticas de las bases republicanas argumentando que participó “siendo el representante de la Unión Comercial y Escuela Laica, a las que el Gobierno tení­a concedido la representación en los Municipios […] y que el Sr. Gobernador le amenazó con llevarle a la cárcel sino aceptaba la designación de Concejal”. 78 A pesar de ello, y de haber sido la única voz discordante en la unanimidad de los ayuntamientos de la Dictadura, el candidato no fue votado por los socios del Cí­rculo Republicano.

Pero, las crí­ticas del socio de la Juventud Vasca parecí­an más dirigidas a los socialistas y, concretamente, a Evaristo Fernández que continuaba ejerciendo la cuarta tenencia de alcaldí­a. De hecho, la presencia de veteranos dirigentes entre los candidatos republicanos y socialistas no facilitaba la evolución nacionalista hacia la izquierda.

Tanto el socialista Evaristo Fernández como el republicano Simón Beltrán, ambos de 65 años, eran hombres que habí­an participado en la definición del juego de oposiciones triangular de la segunda década del siglo y que habí­an formado el frente antinacionalista con la derecha monárquica desde 1920. En el caso de Evaristo Fernández estos agravios históricos se veí­an incrementados por la colaboración de su partido con la Dictadura y por la suya propia en el ayuntamiento desde 1930. Ante esta continuidad de viejos lí­deres, no era extraño que los precursores de ANV cifraran sus esperanzas en una renovación de los dirigentes de la izquierda y subrayaran frente a las voces contrarias al pacto el papel jugado por la Juventud Socialista en la designación de candidatos.

Efectivamente, junto al lí­der histórico y presidente de la Agrupación Socialista, figuraban entre los candidatos socialistas dos presidentes de la Juventud y el presidente del Sindicato Metalúrgico.

Estas alianzas colocaban claramente a la defensiva al nacionalismo vasco. De hecho, los sectores partidarios de la alianza con las izquierdas eran los únicos referentes institucionales de estos movimientos en la localidad. Aunque la solidez del nacionalismo tradicional permitiera la reconstitución de los batzokis de Burceña y Alonsótegui, el único referente del nacionalismo a finales de 1930 en el núcleo urbano de Barakaldo era la Juventud Vasca. Más allá de la pérdida de una parte de sus efectivos, este retraso en la reconstitución formal del nacionalismo vasco revelaba una contradicción estructural. Ante los sectores más tradicionales del movimiento se presentaban dos opciones: la primera era aprovechar el desprestigio del españolismo asociado a la Dictadura para renovar el discurso nacionalista. Pero dadas las mutaciones descritas, esta apelación ya no actuaba a favor de la reafirmación del universo católico y conservador, sino que atentaba directamente contra éste núcleo ideológico. La defensa de este núcleo originario de orden social y religión apuntaba a la alianza con el resto de la derecha, a una candidatura de fuerzas vivas. Sin embargo, esta segunda opción implicaba necesariamente la desaparición o relativización de la apelación nacionalista. Buena parte del nacionalismo tradicional del casco urbano de Barakaldo optó por pagar este precio aliándose con el resto de las derechas en unas candidaturas de frente común antirepublicano. De ahí­, la lentitud con que se reconstruyó el movimiento tradicional. No se trataba de que las mutaciones les hubieran dejado sin efectivos; la cuestión era que no se consideraba oportuna tal reconstrucción.

La situación en Barakaldo era compleja. Ante la convocatoria de elecciones municipales, la base social del nacionalismo barakaldés se veí­a disputada por tres sectores: la Juventud Vasca que proponí­a un nacionalismo de izquierdas y laico, los seguidores del nuevo PNV que intentaban reorganizar el nacionalismo tradicional sobre la ortodoxia sabiniana y, finalmente, un amplio sector que, dada la incierta situación polí­tica y de los temas que se ventilaban, no consideraba prioritario afianzar el nacionalismo como una opción polí­tica excluyente y definida y apostaba por la alianza con el resto de las derechas.

En contraste con la determinación de los nacionalistas de izquierda, el nacionalismo ortodoxo barakaldés tuvo muchas más dificultades para definir su postura ante las elecciones que era, en realidad, la postura ante el gran debate al que se enfrentaba el paí­s: Monarquí­a o República. Aquéllos para los que la identidad excluyente del ideario nacionalista era prioritaria optaron por prescindir de esta dicotomí­a y presentarse en solitario bajo las siglas del refundado PNV a las elecciones reafirmando los principios tradicionales. Sin embargo, ya se ha señalado su escaso éxito en la reconstrucción del entramado asociativo nacionalista. Para buena parte de la base nacionalista tradicional, la identidad excluyente progresivamente afirmada era inseparable de contenidos substantivos muy conservadores como orden y religión. En una incierta coyuntura en que éstos se veí­an amenazados por el avance de la izquierda la defensa de estos componentes se erigí­a en prioritaria y convertí­a la reconstrucción nacionalista en una cuestión secundaria, cuando no claramente contraproducente. Para éstos sectores se imponí­a una estrategia de unidad y defensa social.

Esta última era la lí­nea que propugnaba el resto de la derecha. Ante la gravedad de la situación, los lí­deres tradicionales de la derecha no nacionalista proponí­an un retorno al tradicional conglomerado de derechas anterior a la ruptura de 1917. Así­, la candidatura monárquica o de católicos de la derecha, como preferí­a autodenominarse, constituí­a una amalgama de elementos procedentes de todos los sectores de la derecha, con la significativa excepción de los hombres de la Unión Patriótica, coaligados por el mí­nimo común denominador de defensa del orden social y la religión y, subsidiariamente, de la Monarquí­a como su garante en la práctica. Entre los candidatos se encontraban figuras tan conocidas como Rodolfo de Loizaga, católico de la Liga Monárquica, alcalde con anterioridad y posterioridad a la Dictadura, mauristas que habí­an sido concejales, tres carlistas, entre ellos el presidente de la Sociedad Tradicionalista, más hombres provenientes del catolicismo como el tesorero del Sindicato Católico Obrero Metalúrgico o el presidente casi perpetuo de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos. Esta lí­nea de participación católica permití­a la inclusión de nacionalistas, o personas muy cercanas a él, como Antonio del Casal o Eloy de Sagastagoitia que pasarí­an a dirigir el PNV durante la República, el mismo Pedro de

Basaldua, que serí­a secretario de Aguirre, o Tomás Zorriqueta, el nacionalista de Altos Hornos de los años en que el nacionalismo formaba parte del conglomerado de derechas.

El limitado espacio polí­tico que el debate fundamental dejaba a los seguidores del PNV se veí­a aún más menguado con estas últimas incorporaciones. En esta adversa situación su única salida era lanzar mensajes en diferentes direcciones con la esperanza de arañar votos de diversos sectores. Básicamente, las lineas del discurso del PNV ante estas elecciones fueron tres.

La primera era la tradicional reafirmación en la identidad nacionalista ajena a las disyuntivas que afectaban al resto del paí­s. Este eran el tono de los mí­tines del Regato y Retuerto el dí­a anterior a las elecciones en los que se insistí­a en que “el Partido Nacionalista Vasco no pertenece a ningún bloque ni a las izquierdas ni a la Monarquí­a” o se justificaba el no ingreso en el bloque “por no estar interesados nada más que en los asuntos de la tierra vasca”. Sin embargo, este tradicional discurso resultaba poco operativo cuando ya no se trataba de erosionar el poder de los monárquicos, sino que estaba en juego la supervivencia del ideario común de las derechas.

De ahí­ que el PNV se viera obligado a abordar la disyuntiva fundamental. La cuestión podí­a ser enfocada de dos maneras que los nacionalistas usaron a la vez, pero que tendí­an a desdibujar su limitado espacio polí­tico en favor de las opciones con las que competí­a.

La primera era una reformulación valiente de la situación del PNV en la dicotomí­a derecha-izquierda, reordenando los elementos tradicionalmente asociados en la práctica a estos conceptos: “El Partido Nacionalista Vasco sólo es derecha, y esto en absoluto respecto a la cuestión religiosa, en cuanto afecta a la Fe. Y esto, por lema. Pero en las demás cuestiones opinables, ¿a quién podrá caber duda por un momento de que no pueda ser la izquierda, y ni aún de que realmente lo sea? Si el régimen republicano es izquierda, con relación al monárquico, el Partido Nacionalista Vasco, para dentro de su pueblo, abrí­ase de pronunciar seguramente por el izquierdismo. Si el sistema parlamentario es izquierda, si la democracia es izquierda, si la libertad es izquierda, ¿no ha de inclinarse por la izquierda el partido cuando un pueblo conoció las Cortes, las verdaderas Cortes, y conoció la libertad y conoció las leyes que garantizaban “los derechos del hombre y la democracia” siglos antes de que la Revolución Francesa derramara torrentes de sangre par a afirmarlos ante el mundo” […]

El avance arrollador de las teorí­as obreras, el avance revolucionario indudable en el mundo entero, la impone. Querer actuar de muro, de dique infranqueable, es obra de locos, que únicamente la ceguera e incomprensión de las derechas españolas es capaz de acometer. Pero abandonarse a la corriente sin tan siquiera intentar encauzarla, es obra de niños, en que no debe incurrir ningún nacionalista. Y si este nacionalista es vasco, y la corriente es aliení­gena, mucho menos. No irá con los que ponen el Orden, el Principio de Autoridad, la TRAN-QUI-LI-DAD PU -BLI-CA, por encima de la justicia, única riqueza del pobre y única defensa del rico”.

El problema era que esta disociación de los elementos tradicionales sintetizados en la cosmovisión de la derecha era demasiado novedosa para ser de recibo por buena parte de los votantes a los que apelaba el PNV. Por mucho que se apelase a la rancia intransigencia religiosa y “a los principios inmutables y la raí­z misma de la organización social vasca, verdadera columna de la raza”, gran parte de la base nacionalista sí­ que veí­a incompatibilidad “entre el derechismo religioso y los mayores radicalismos en materia económica” y se mostraba mucho menos relativista que el articulista en cuanto a la primací­a del orden, el principio de autoridad y la tranquilidad pública, sobre todo cuando era la izquierda la que los amenazaba. Ni el clima de movilización de la derecha sociológica que precedió a las elecciones de 1931, ni la existencia por primera vez de una opción nacionalista de izquierda dibujaba demasiadas posibilidades inmediatas para este desarrollo discursivo. Por ello, parecí­a más seguro retornar al firme terreno de las seguridades que ofrecí­a la apelación religiosa: “Esku Ekintza” o “Acciones Vascas” y A.N.V. no admiten, pues, la religión católica, y, por lo mismo, A.N.V. y “Esku Ekintza” no son católicos. Tampoco serán  budista o mahometanos, ni tan siquiera creyentes en Khrisma Murti o adoradores de la Luna. PERO NO SON CATOLICOS.

Y bastarí­a ello para que nosotros pudiéramos afirmar que desde el momento en que no son católicos son anticatólicos. Aquello de “Quien no está conmigo está contra Mí­”, nos parece que aquí­ viene de perillas… […] Si realmente son católicos, han de seguir, por fuerza, las orientaciones católicas. En esto no puede caber duda. […] Se es católico o no se es católico. Se acepta todo o no se acepta nada”.

El problema de esta segunda ví­a, como mí­nimo en Barakaldo, era que desdibujaba las fronteras entre el PNV y la otra opción de derechas. La defensa del “todo” asociado al catolicismo, más que al nacionalismo como opción especí­fica, remití­an a la unidad de derechas que implicaba la candidatura católica. Además, las “orientaciones católicas” establecí­an la obligación de todo católico de votar a la candidatura con más posibilidades que, dada su debilidad, no era precisamente en Barakaldo la del PNV.

Los nacionalistas barakaldeses eran conscientes de esta derivación e intentaban atajarla planteando en el terreno teórico si “¿no son solventes cual ninguna en todos los órdenes, moral y material, las candidaturas que presenta el Partido Nacionalista Vasco por los diferentes distritos de la Anteiglesia?”. La respuesta negativa que buena parte de su potencial base electoral daba en la práctica a esta pregunta les abocaba a la esterilidad polí­tica. Como habí­a ocurrido en 1912-1916, la salida a una situación frustrante era el tradicional discurso victimista: “Ya se ve la maniobra: no han puesto candidatos que, por sus condiciones puedan restar fuerzas a las izquierdas, sino al nacionalismo vasco para lo que han intercalado en sus combinaciones nombres de personas afectas o afines a nuestro sector”.

Ante este reducido espacio polí­tico no era extraño que la campaña electoral nacionalista fuera muy pobre. Tanto la asistencia como el número de sus mí­tines se mantuvo a gran distancia de los del bloque antidinástico. Además, al no contar con batzokis, se vieron limitados a Burceña, Regato, Retuerto y Alonsótegui, fuera del núcleo de la localidad. Incluso se vio privada del impulso de oradores de alcance como Elí­as Gallastegui o José Antonio Aguirre que, a pesar de haber sido anunciados, no hablaron en la localidad.

Esta localización de las fuerzas nacionalistas en Burceña y en menor grado en Retuerto confiere lógica al recurso de alzada que presentaron contra la asignación de concejales a los distritos. Proponí­an los nacionalistas una asignación igual de concejales a cada distrito con independencia del número de electores. Ello habrí­a dejado infrarepresentado al distrito del Desierto, que concentraba casi el 50% del censo electoral y donde los nacionalistas no presentaban candidaturas. El ayuntamiento informó negativamente sobre esta petición y resolvió por unanimidad un reparto de vacantes cuya proporcional fue todaví­a más acentuada por las modificaciones introducidas por el gobernador88.

2.7.- La nueva correlación de fuerzas

El resultado de la izquierda en Barakaldo revolucionaba el mapa polí­tico tradicional. La izquierda que en sus mejores resultados de antes de la Dictadura apenas superaba el 40% de los votos, ganaba en todos los distritos rozando el 70%. Superaban esta media en San Vicente y Desierto y se situaban por encima del 50% en Retuerto y Burceña. En este sentido, la izquierda, como vení­a ocurriendo desde 1917, presentaba una implantación relativamente homogénea en todo el término municipal. Sólo perdí­a en las dos secciones correspondientes a Alonsótegui.

No era esta la situación de las fuerzas de derecha. Como era también tradicional, sólo en dos distritos se combatí­a a tres bandas. En Burceña eran los nacionalistas los encargados de oponerse a la izquierda, mientras que en el Desierto cumplí­a esta función la candidatura católica. La Dictadura no habí­a alterado, por tanto, la localización tradicional de las fuerzas de derechas, pero sí­ que afectó radicalmente a su nivel de voto.

Los nacionalistas no sólo sufrieron la grave debacle electoral que la restricción de su espacio polí­tico hací­a suponer, sino que además no alcanzaron los resultados esperados en Burceña, distrito en el que competí­an con el bloque antimonárquico en solitario. Confiados de su tradicional control del distrito (63% en 1922) pretendieron reeditar el también tradicional copo, aunque parcial en esta ocasión, cuando no contaban más que con el 43% de los votos. Sólo en Retuerto mantení­an posiciones, mientras que en San Vicente se veí­an reducidos a un escaso 8%.

Aunque superaba a los nacionalistas en número de votos, los resultados de la candidatura católica no eran mejores. Si aún los nacionalistas constituí­an un dique ante la izquierda en Burceña, poco podí­an contener los monárquicos con el 22% obtenido en el Desierto donde competí­an en solitario.

La excepcionalidad de la coyuntura polí­tica y la aparición del nacionalismo de izquierdas habí­a descoyuntado el tradicional triángulo polí­tico en ambas localidades. Quedaba por establecer si esta alineación de fuerzas se iba a mantener en los años sucesivos.

Antonio Fco. Canales Serrano

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