RECORRIDO HISTÓRICO 37: Barakaldo: 1857-1922

Posiblemente sean los años “bisagra” del devenir histórico de la Anteiglesia. Bisagra entre un mundo eminentemente “rural” y un mundo “industrial”. Dos hechos sustentan esta realidad: la instalación de las primeras siderurgias (con toda la “movida” de infraestructuras que conllevó y la primera crisis provocada por la tercera guerra carlista) y la configuración de la empresa Altos Hornos de Vizcaya (núcleo del desarrollo industrial de nuestro entorno). Nos vamos a guiar en este recorrido de la mano de Pilar Leseduarte[1].

El marco que contiene unos datos fundamentales del período nos los proporciona Manuel Fernández Portilla[2]. A través de ellos vemos que en el PADRÓN de 1857 la mayor parte de la población activa (15-60 años) se dedica a la agricultura (1.144) siendo los obreros 90. Los datos del PADRÓN de 1880 muestran los primeros efectos de la industrialización que se confirman en el de 1895. Lo más significativo, como puede verse en el cuadro adjunto, es el descenso de agricultores en favor de los obreros.

 

BARAKALDO	Padrón de 1857	%	Padrón de 1880	%	Padrón de 1895	%
Labradores	1.144	78,35	623	45,30	442	13,74
Oficios menestrales[3]	37		58		35
Costureras	15		–		–
Sirvientas	45		47		–
Canteros y Jornaleros	49		–		–
Profesiones liberales[4]	38		23		56
Mendigos	17		6		6
Comerciantes varios	25		22		38
Obreros	90	6,16	466	33,89	2.525	78,51
Agricultura y otros oficios	–		51		–
Niños jornaleros	–		9		–
Mujeres jornaleras	–		28		–
Obreros especializados, ingenieros…	–		37		77
Varios	–		7		36
Total Población Activa	1.460		1.375		3.215

 

El término municipal de Barakaldo está situado entre la desembocadura del Nervión, por el Norte y Este, y las cuencas mineras de Somorrostro, Güeñes y Bilbao por el Oeste y Sur. Radicaba en este municipio la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya que, dada su enorme envergadura industrial, atrajo a esta comarca una serie de empresas filiales o relacionadas con la producción siderúrgica, que caracterizaban al municipio barakaldés como enclave eminentemente industrial. Además de esta importante característica industrial, contaba Barakaldo con unos importantes yacimientos mineros en la zona de El Regato.

Es esta destacada situación de privilegio la que hizo deseable, tanto a patronos como a obreros, acceder a los cargos municipales, con el fin de participar en las decisiones que pudieran favorecerles.

Durante estos años es, con toda seguridad, el Ayuntamiento del entorno en que mayor número de controversias se suscitaron en su seno. Concejales socialistas y de Izquierda Republicana se unieron y lucharon por conseguir reformas y establecer normas encaminadas a mejorar la vida en el municipio.

La población de Barakaldo, al igual que la del resto de la Provincia, estaba dividida en tres grupos con distintos derechos y deberes ciudadanos. Éstos eran vecinos, domiciliados y transeúntes. El primer grupo estaba formado por los cabezas de familia que tenían su domicilio permanente en Barakaldo y que, al reunir las condiciones de permanencia precisadas por la Ley, podían presentarse a la elección para cargos municipales (tenían voz activa y pasiva). Los domiciliados eran aquellos que no reunían las condiciones legales para ser vecinos y, por lo tanto, sin derecho a ser elegidos para ningún cargo municipal, pero sí podían participar en las elecciones como votantes (únicamente tenían voz activa). En cuanto a los transeúntes no gozaban de ningún derecho electoral.

Éstos últimos —gente por lo general jornalera— acudían al término barakaldés desde la Meseta u otras regiones próximas, durante las épocas de paro agrícola. Constituían una población flotante, en considerable aumento hasta el año 1919, en que su número descendió de forma lla­mativa.

Está claro que la crisis de población no comenzó en Barakaldo hasta ese año —1919—, cuando ya había terminado la Primera Guerra Mundial, y que el descenso experimentado entre la población «domiciliada» pasó a incrementar la población de «vecinos».

Contaba Barakaldo con cuatro distritos municipales —San Vicente, Desierto, Burceña y Retuerto—, contando en 1906, año para el que hemos encontrado el más completo Censo Electoral, con 16.000 habitantes, de los cuales 12.137 figuraban como «domiciliados», 3.904 eran «veci­nos» y 459 tenían la condición de «transeúntes».

Las barriadas de San Vicente y Burceña eran las que mayor número de jornaleros tenían dentro del censo electoral. Debemos considerar, no obstante, que en el resto de la población electoral no jornalera existía un número muy elevado de obreros especializados, los cuales no figuraban en la relación de «jornaleros», aunque suponían una parte muy importante de la pobla­ción trabajadora.

Existían pocas posibilidades de que una población mayoritariamente obrera estuviese repre­sentada proporcionalmente dentro del Concejo, ya que solamente entre el 21’26% y el 26’52% del total de la población electora tenían derecho a figurar como elegible, y por lo tanto a defen­der dentro del Concejo sus intereses familiares y sociales.

Barakaldo, al igual que Sestao, ofrecía una compleja situación económica y social. Debe­mos destacar en estos municipios dos grupos de población trabajadora: una población rural y minera, como ocurre en el resto de los términos municipales de Triano, y una fuerte población industrial. Este último grupo, unido al de los empresarios, eran los que ejercían en estos años una mayor influencia en el ámbito municipal. Esta influencia industrial era más importante dentro del grupo empresarial que en el grupo obrero, aunque éste último alcanzaba una gran im­portancia numérica con respecto al total de población.

En cuanto a la participación ciudadana en la dirección municipal podemos distinguir dos períodos perfectamente diferenciados. La primera etapa cubriría los años comprendidos entre 1890 y 1910, y la segunda, desde este último año hasta 1922.

Encontramos en el primer período un número limitado de concejales, que se repiten durante un mayor número de años ocupando sus cargos municipales, aunque en algunas ocasiones aban­donaban temporalmente sus tareas concejiles, para regresar pocos años más tarde. Por otra parte, el número de jornaleros que participaban en la dirección municipal era mínima. Se hace evidente una mayoría de personas que tenían una profesión liberal, y que eran dominantes dentro de la sociedad barakaldesa —propietarios, labradores, comerciantes y mineros— .

El hombre que permaneció durante un mayor número de años dentro de la dirección municipal fue el «propietario» Tomás Begoña Garay, con diecisiete años en las tareas municipales, unas veces como presidente -1890-91 y 1906-10- y otras como concejal.

Le sigue en permanencia José Ramón Gastaca y Artega, también «propietario», que estuvo durante doce años en el Concejo, aunque nunca ocupó la presidencia. Con doce años estaba Casimiro Arana Arroita, que llegó a presidir la Alcaldía entre 1897 y 1898 y, más tarde, en 1904; Arana figuraba en el Censo Electoral de 1900 como «jornalero», pero en 1921 aparecía como «propietario», y por esa razón hemos fichado su nombre con esta última profesión, ya que la si­tuación social de Vizcaya en estos años no era la más apropiada para grandes ascensos sociales, y sí para falsarlos censos. Con doce años también de permanencia encontramos a Amando Arrieta, Miguel Escudero y Casimiro Facundo, los tres con profesión de «empleados», siéndolo el segundo de la Compañía Luchana Mining y, como tal, asistió entre los años 1899 y 1903, con representación de la referida Compañía, a las reuniones del Círculo Minero y de la Asocia­ción de Patronos Mineros Vizcaya.

Cinco hombres permanecieron durante ocho años al frente del Concejo, dos empleados: Sagastagoitia y Crivelo; un contratista, Pablo Arregui; un comerciante, Acebal, y un minero, Casimiro Zunzunegui. Éste último era propietario de minas y fue admitido, en 1903, como so­cio del Círculo Minero, causando baja e ficha Asociación en 1913. Zunzunegui llevaba en explotación la mina Rita y Adelaida en la jurisdicción de Galdames.

Vemos, pues, que el municipio de Barakaldo estaba dominado, durante esta primera etapa, por un grupo cuyos miembros pertenecían profesionalmente a empresas mineras o industriales y, por lo tanto, durante este período las sesiones municipales transcurrieron con una absoluta tranquilidad y sus presupuestos fueron aprobados sin que ocurriera ningún incidente, ya que todos estaban interesados en defender iguales intereses.

Es en el segundo período cuando empezó a notarse un pequeño cambio, no sólo por la profesión de los componentes del cabildo, sino también por las discrepancias surgidas en el seno de la Junta a la hora de discutir los Presupuestos Municipales. Las actas de estas sesiones tienen sólo un carácter testimonial, ya que no se advierten modificaciones en los presupuestos.

En esta etapa eran escasos los hombres que se perpetuaban en las tareas rectoras; debemos hacer una sola excepción con Rodolfo Loizaga Haza, comerciante, que permaneció en la Junta durante 18 años, ocupando la presidencia de ella en 1920 por designación.

Solamente se le aproximó, con doce años de permanencia, Evaristo Fernández, personaje interesante por tratarse de un líder socialista que, por primera vez, desde 1910 encabezó la opo­sición dentro del Municipio baracaldés y que reflejaba el cambio que empezaba a realizar la so­ciedad vizcaína.

A partir de entonces existían claramente dos grupos de intereses, dos fuerzas políticas antagónicas. Por un lado las sociedades mercantiles radicadas en Baracaldo, que trataban de dirigir el Concejo, incrustando en el mismo a personajes que defendieran sus intereses y, por otra parte, el Partido Socialista, ayudado en muchas ocasiones por Izquierda Republicana, que poco a poco situaba concejales en el Ayuntamiento con el fin de impulsar las reivindicaciones de los trabaja­dores.

Dentro del primer grupo, el de las empresas, debemos señalar la hegemonía de la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya. Esta Sociedad prestaba con frecuencia ayudas al Municipio en forma de subvenciones, aunque mínimas e interesadas. En los Presupuestos se contenían partidas des­tinadas al sostenimiento de la Escuela de Artes y Oficios, así como aportaciones para fiestas benéficas, y el 40% de la renta que devengaba la casa-cuartel de la Guardia Civil. La intromisión de esta Sociedad en las decisiones municipales se hizo, con el transcurso de los años, evidente­mente escandalosa, hasta que en 1918 el alcalde Garay —persona que reconocía ser accionista de esta sociedad— protestaba y denunciaba que «Concejales que a ella pertenecen (a Altos Hornos) vengan a defender intereses de la misma». Algún otro concejal acusaba también a la sociedad «de descarado caciquismo» y añadía que «han tratado de catequizarle, pero no lo han conseguido». No obstante, después de una agria discusión, nadie se atrevió a plasmar en el libro de actas el desa­rrollo del debate.

Sólo el Alcalde aclaró que «combate a Altos Hornos por ser mucho peor que las demás» (empresas), ya que los empleados de Altos Hornos «defienden aquí a dicha entidad ganando suel­dos mientras que los de las otras industrias ejercen los cargos de concejales sin remuneración».

La política de la Sociedad Altos Hornos consistía en evitar a toda costa el control munici­pal sobre sus operaciones mercantiles. Asimismo evitaba los problemas que pudieran surgir frente a su expansión, como era el control de los impuestos industriales que no deseaba se abo­nasen directamente al Municipio y sí a través de la Diputación, donde su influencia era mayor. También trataba de controlar el órgano legislativo municipal, con el fin de poder dominar a una población mayoritariamente obrera y que, poco a poco, iba reivindicando derechos sociales.

Ya hemos comprobado que, a partir del año 1910, hacían su aparición en Barakaldo —dentro de la dirección municipal— miembros del Partido Socialista que, con algunos otros miembros de Izquierda Republicana, dejaban testimonio de una inquietud social. Estos concejales se oponían sistemáticamente —aunque sin ningún éxito— a aquellas partidas presupuestarias que perjudicaban o no eran beneficiosas para la clase trabajadora. Entre estas partidas figuraba, como principal punto de fricción, la relativa al impuesto sobre el Consumo. Este impuesto constituía la mayor fuente de ingresos dentro de la recaudación municipal y perjudicaba principalmente a la clase trabajadora.

Otro punto de discusión era el relativo a concesiones benéficas, que siempre favorecían a asociaciones religiosas, como era la Asociación San Vicente de Paúl. Negaba el concejal Fernández que se tratase de una «entidad bienhechora», y por el contrario sostenía que era «perjudicial para la sociedad por cuanto que, separándose y falseando la doctrina de Cristo, que dice seguir, niega socorros a los que no están casados canónicamente, siendo su principal y única misión la de hacer propaganda religiosa».

En ese mismo año 1914 se oponían también a la partida de 3.500 pesetas para los Padres Salesianos, «que han de prestar enseñanza gratuita», y entendían los oponentes que «es una insti­tución religiosa, cuyo organismo y funcionamiento es directamente religioso y por consiguiente extraño en absoluto a la Administración Municipal, y la enseñanza gratuita de los niños es un medio indirecto para obtener dicha subvención…»[5].

Rechazaban otras partidas, como la del cobro por parte de los ayuntamientos de las contribuciones, y opinaban que debía hacerlo la Diputación para evitar recargos. Rechazaba el apar­tado de «funciones y festejos» en base a que los festejos eran todos religiosos y el tipo de cargas correspondían al Estado por el Concordato con la Santa Sede. Se oponían también a que se incluyera en esta partida el pago a sacristanes y curas dentro del apartado de las fiestas popula­res. No tuvieron ningún eco sus protestas. Por otra parte, en 1914 los dos concejales del Par­tido Socialista presentaron una moción para conseguir la adopción de medidas con que aliviar el paro que se había creado por la Primera Guerra Mundial. Este paro afectaba de manera especial al ferrocarril de la Sociedad Franco-Belga, que había paralizado sus trabajos y el tráfico por la ría debido, no a la crisis provocada por guerra, sino al efecto que el conflicto producía exclusiva­mente en esta compañía, perteneciente a un país en guerra. Éste fue un paro temporal, ya que en diciembre de 1915 esta sociedad dio cuenta al Círculo Minero de las condiciones fijadas por la Junta de Obras del Puerto «para consentir la instalación de unos medios perfeccionados de embarque…» No existía crisis de guerra, pero sí una inquietud ante un primer frenazo en las ex­tracciones mineras, por impedimentos transitorios derivados de la misma.

Esta solicitud sí fue aceptada por la Junta Municipal y se acordó elevar a la Diputación un escrito en que pedían la construcción de carreteras, reparación de campos vecinales y almacenes de materiales municipales. La Diputación contestó al escrito municipal que estaba conforme en la realización por parte del Ayuntamiento de las obras municipales, pero se abstuvo de contestar lo referente a las obras provinciales⁹.

En 1922, y en Sesión de la Junta Municipal, volvió a emitir un voto particular el concejal Fernández contra la subvención concedida a los Padres Salesianos, que percibían para la ense­ñanza 5.000 pesetas y que querían elevarla en 2.500 más, «teniendo en cuenta que la admisión de alumnos gratuitos en la escuela salesiana releva al Ayuntamiento de los gastos que ocasiona­ría la enseñanza de aquellos alumnos». Otro concejal, Agustín Gondra, de oficio jornalero, pro­puso que de aprobarse la asignación a los Padres Salesianos, «se subvencione también con 5.000 pesetas a las escuelas que dirige D. Manuel Picaza, a la titulada Cervantes y a otra que funciona en la calle de los Fueros». Existía una pugna entre los partidarios de la escuela laica y la religiosa, pues éstos últimos no admitían en sus aulas a hijos de parejas no casadas y por ello se inició una polémica social dentro de la Junta Municipal que no produjo soluciones positivas.

Era ésta una sociedad dominada por propietarios e industriales, que acaparaban y absorbían las tareas municipales, así como todos los elementos integrantes de la vida ciudadana. Las com­pañías industriales y mineras son las que subvencionaban los pagos para que los cuarteles de la Guardia Civil y Miñones pudieran asentarse en la zona, y no tenían inconveniente en utilizar sus fuerzas para reprimir huelgas u otras manifestaciones de carácter social.

Existía un claro enfrentamiento entre las fuerzas políticas socialistas y los elementos patronales, eminentemente conservadores.

A partir del año 1910 los socialistas iban ocupando puestos de responsabilidad municipal, con el fin de poder lograr mejoras sociales a través de los organismos ciudadanos y no, como había ocurrido hasta entonces, por medio de huelgas, que, en la mayoría de los casos, sólo ser­vían para hacerles perder sus jornales y, en muchas ocasiones, sus puestos de trabajo.

Las Juntas Municipales del Ayuntamiento de Barakaldo, presididas siempre por hombres pertenecientes a la burguesía industrial, no supieron administrar debidamente sus bienes. Sólo trataron de elevar los impuestos más gravosos para la clase trabajadora —consumo— sin destinar­los después a obras municipales, sino que fueron empleados para enjugar la deuda municipal sin conseguir disminuirla.

En 1918 la cantidad que esperaba recaudarse en concepto de impuestos al consumo superó en un 65’34% la que por este mismo concepto se recaudó en 1914, o sea, cuatro años antes. Estableciendo una comparación entre los cuadros de población, Gastos Municipales y el de Ingresos se comprueba cómo hasta el año 1911 el aumento de población era mayor que el de los gastos municipales, mientras que los impuestos habían superado a ambos. A partir de este año la población permaneció prácticamente estancada, subiendo la recaudación por impuestos un 350% y los Gastos del Ayuntamiento al 460%. Es notorio el descenso de población en el año 1918, mientras que en 1922 llegó a igualar en número al de 1914, año en que los gastos se dis­pararon y en 1922 eran casi cuatro veces mayores que en 1914.

Los impuestos sobre el consumo no sólo eran la mayor fuente de ingresos para la Diputa­ción Provincial, sino que, al haber concertado el pago de impuestos con el Estado por un nú­mero fijo de años, la cantidad recaudada en concepto de consumo era siempre superior a la concertada. Así, en el año 1911 la recaudación por este impuesto alcanzaba la cifra de 3.040.000, mientras que el pago concertado por la Diputación sólo se elevaba a 830.000 pesetas.

Por otra parte, el Ayuntamiento permanecía constantemente endeudado y se veía obligado a emitir sucesivos censos, que gravaban los presupuestos municipales con sus intereses, de tal manera que lo recaudado en concepto de impuestos al consumo se empleaba, en su mayor parte, para hacer frente al pago de estos intereses y amortizaciones, creando un círculo vicioso del que no lograba salir el municipio.

Por vía de ejemplo, anotamos cómo este Ayuntamiento en el año 1897 emitió 400 títulos de 500 pesetas cada uno —200.000 pesetas en total— para obras de nueva construcción. Se emitió esta deuda con un interés del 2’5% y se amortizó irregularmente. Durante el año 1898 se estaba llevando a efecto, por este Ayuntamiento la amortización de parte de las tres anteriores emisio­nes.

En un capítulo de los presupuestos municipales que se titulaba «Legados, Donativos y Mandas» se pueden encontrar algunas partidas con cantidades que «generosamente» donaban al­gunos particulares o empresas, como es el caso de la Compañía Luchana Mining, que en el año 1910 aportó 750 pesetas para el sostenimiento de una escuela en el barrio de Arnabal, pero en el año 1918 había desaparecido de los presupuestos esta subvención».

Las compañías mineras e industriales debían abonar, dentro del capítulo «Propios», cantidades por el uso que hacían de los terrenos comunales, bien para extracción de arenas, instalacio­nes mineras, etc. Así, Otto Kreizner —importante minero— abonaba al Ayuntamiento en el año 1894 la cantidad de 25 pesetas anuales por las instalaciones de un tranvía aéreo que efectuaba el servicio de sus minas. La Compañía San Feliciano, dedicada igualmente a la explotación mi­nera, pagaba por la instalación de su tranvía aéreo —en 1890— 25’50 pesetas anuales.

En el año 1914 el capítulo de «Rentas de Propios» experimentaba una pequeña elevación, que respondía, al menos, a una realidad minera local, ya que estaban referidas a cánones mine­ros, aunque fueran paradójicamente, mucho menores que las percibidas en concepto de rentas por la casa-escuela de Artes y Oficios, o a las que se percibían por las arenas extraídas del término municipal.

Como consecuencia de una política patronal que tenía como objetivo mantener protegidas las zonas «conflictivas» en caso de huelgas, la Sociedad Altos Hornos de Vizcaya entregaba al Ayuntamiento de Baracaldo el 40% del importe de la renta de la casa-cuartel de la Guardia Civil en La Punta. Siguiendo esta política, en el año 1891, y con los recursos de la Sociedad Orconera, se «construyó una casa-cuartel de la Guardia Civil», cuyo coste ascendió a más de 80.000 pesetas. En el año 1904 se constituyó una Comisión Directiva de la Junta de Acuartelamiento de la Guardia Civil, con el fin de recaudar fondos para la construcción de un acuartelamiento en Bilbao, financiado por las entidades industriales y bancarias.

Pero, a partir de la huelga de 1910, se incrementó el deseo de protección patronal, y para ello se extendió su acción al fortalecimiento del cuerpo de Millones, que contaba con mayor confianza por parte de la patronal.

En el año 1922 experimentaron un enorme descenso las cantidades pagadas por las compa­ñías mineras en concepto de arrendamiento de terrenos, que en el caso de la Luchana Mining se elevaba a 4.125 pesetas anuales, mientras que la Casa del Pueblo —local del Partido Socialista—pagaba en concepto de «canon por permiso de entrada por un terreno comunal», la cifra de 17.500 pesetas.

El capítulo de «Cargas Municipales» permaneció, en términos relativos, estacionario du­rante todos estos años. Las cifras dadas no deben engañarnos en cuanto al estado financiero del Ayuntamiento, ya que sólo reflejaban los artículos dedicados a gastos en festejos populares y re­ligiosos, así como los intereses y amortizaciones de los empréstitos que gravaban el Presu­puesto Municipal. No aparecen en ellos la magnitud de estos empréstitos, que aumentaban con­siderablemente año tras año.

La deuda municipal, que en el año 1890 alcanzó —entre censos y deuda unificada— la cantidad de 645.226’50 pesetas, llegaba en el año 1922 casi a triplicar su cifra, 1.805.650’00 pesetas, distribuidas entre censos, deuda al 4%, deuda al 5% y una nueva deuda al 5%, así como un nuevo empréstito que alcanzaba 390.000 pesetas.

La situación de estabilidad en el capítulo de «Cargas» producía un considerable descenso en el porcentaje que este capítulo tenía con respecto al total de gastos municipales. Es, sin em­bargo, indicativo del endeudamiento permanente y progresivo dentro del mismo Municipio, que no encontraba la forma de disminuir sus empréstitos. Con este fin se aumentaron los impuestos municipales, que gravaban preferentemente al consumo, aunque no lograron enjugar el referido déficit.

Una recaudación de impuestos indirectos, de enorme consideración, como son los que gravaban los artículos de consumo, no consiguió aumentar las cantidades destinadas a los capítulos que beneficiaban a la población trabajadora, que soportaba sobre sus escasos recursos la carga de este endeudamiento.

En el año 1914 figuraba un artículo de los Presupuestos Municipales referente a la Contribución Industrial. Este impuesto se pagaba, por parte del Ayuntamiento, en forma global, para después distribuir entre los industriales y propietarios. Provocó esta partida un voto particular en contra por parte del concejal Evaristo Fernández, que criticaba este sistema contributivo por creer que favorecía a la industria, al contrario que los impuestos directos eran mejor administra­dos y favorecían al obrero. Explicaba que «aquéllas (las contribuciones) deben cobrarse directa­mente de los contribuyentes por la Excma. Diputación, sin cargo al Erario Municipal, en per­juicio del mismo». Pero la corporación no aceptó esta propuesta y en el año 1918 aumentó este artículo a 32.000 pesetas, haciendo caso omiso de las quejas presentadas.

En cuanto al capítulo destinado a Instrucción Pública resultaba complejo si se comparaba con otros municipios mineros e industriales. Para su análisis debemos contar, no sólo con el problema —común a los demás municipios— de la adscripción de maestros al Estado o a la Dipu­tación y Municipio, sino también con la falta de estabilidad de los centros donde se impartía la docencia. Así pues, empezamos a estudiar unos centros de enseñanza que dejarán de funcionar durante los años que abarca este estudio, mientras otros nuevos entran en funcionamiento. Igual ocurría con el número de maestros destinados en ellos, que resultaba muy variable a lo largo del período, así como su adscripción al Estado o bien al Municipio y Diputación.

La cantidad destinada al mantenimiento de tan importante capítulo municipal era, asi­mismo, variable. Oscilaba entre el 7’82% sobre el total de gastos municipales en el año 1897, hasta el 14’19% en 1910. Este último año marcó la cota porcentual más alta dentro del presu­puesto de gastos municipales, ya que a partir de entonces el porcentaje fue decreciendo, hasta quedar reducido en el año 1922 a un 9’87% sobre el total.

En el año 1894 existían en este término municipal ocho escuelas públicas: San Vicente, Retuerto, Rágeta, Alonsótegui, El Regato, Luchana, Burceña y Desierto. Además contaba con una Escuela de Artes y Oficios.

En el año 1910, con la reforma de la Instrucción Pública, permanecieron las escuelas existentes hasta esa fecha, pero se establecieron nuevos centros de enseñanza pública con la deno­minación de «escuelas extraoficiales». Otra novedad la constituyó la implantación de clases de música en estos centros de enseñanza.

Los profesores que con anterioridad eran llamados extraoficiales, pasaron a denominarse a partir de 1918 «Profesores de Escuelas Municipales de esta Anteiglesia». Vemos así culminada la reforma de la Enseñanza Pública. Como consecuencia de esta reforma, pasaron a segundo plano, tanto en sus funciones como en su salario, los Maestros de Escuelas Oficiales, que ha­bían gozado hasta ese año de una preeminencia, y ocuparon su lugar los Maestros Municipales dependientes en todo de la Diputación.

Esta situación condujo a un desajuste entre los sueldos de las dos clases que formaban el Magisterio. Los maestros oficiales vieron congelados sus salarios e incluso, en algunas ocasio­nes, sufrieron una apreciable rebaja. Estos maestros estaban pagados por el Estado y se some­tían al régimen de presupuestos centrales, mientras que los dependientes de la Diputación llega­ban a percibir salarios que superaban el 200% de los oficiales.

El sueldo de las maestras, con igual cualificación, es, en la mayoría de los casos, inferior al de los maestros, en ocasiones con diferencias muy notables, como ocurre en la escuela de Llano, donde el maestro titular ganaba 1.150 pesetas más al año que la maestra, y el maestro auxiliar 1.600 pesetas más que la maestra de igual titulación. Otra cuestión importante era la de las gratificaciones salariales, en las que la discriminación por razón del sexo era fehaciente. En el año 1894 los maestros de las escuelas de San Vicente, Retuerto y Rágeta recibían en con­cepto de «gratificación», 500 pesetas anuales, mientras que las maestras de estos mismos cen­tros carecían de ella. En la escuela de Alonsótegui el maestro tenía asignado un sueldo de 448 pesetas y una retribución de 1.460 pesetas, mientras que el de El Regato percibía un único sala­rio de 1.250 pesetas, al igual que los maestros de las escuelas mixtas de Luchana, Burceña y Desierto. Para la Escuela de Artes y Oficios se destinaban 4.000 pesetas.

En 1914 aparecía por primera vez una cantidad destinada a «ingresar en la Diputación Provincial, con arreglo a la Ley de 30-12-1912 y R.O. de 18 de enero de 1913, los sueldos legales asignados en el presupuesto de 1901 a los maestros de Educación Pública». Estos ingresos se elevaban a 9.500 pesetas con destino a pagar las clases diurnas impartidas por los «tres maestros y tres maestras de San Vicente, Retuerto y Rágeta, a 1.375 pesetas, y maestro y maestra de Alonsótegui a 625 pesetas cada uno». A esta cantidad debemos añadir 1.187’50 pesetas en con­cepto de gratificación por las clases nocturnas para adultos, de las cuales recibían 34775 pesetas cada uno de los maestros y 156’25 pesetas la maestra de Alonsótegui.

En el año 1918, mientras que los maestros «oficiales» no vieron incrementado su salario, los llamados «profesores municipales» percibieron un salario común a todos ellos de 1.250 pesetas, y se produjeron unos aumentos salariales graduales que se distribuyeron nominalmente, sin hacer constar el puesto escolar ocupado por estos funcionarios ni en base a qué funciones específicas correspondía el aumento. Estas cantidades oscilaban entre 250 pesetas y 1.500 pesetas. En 1922 solamente estos maestros municipales volvieron a incrementar su salario de forma llamativa.

Por otra parte, el capítulo dedicado a Beneficencia revestía una gran modestia económica, que en 1894 alcanzó el 125% del total presupuestado, cantidad que fue aumentando poco a poco hasta el año 1910, para, a partir de este año, volver a descender.

En el año 1922 aumentó considerablemente este capítulo y comprobamos cómo se desti­naba al apartado de Socorros Domiciliarios la cantidad de 60.000 pesetas. No obedecía este au­mento a un mayor número de vecinos en la localidad. El padrón municipal de estos años arro­jaba un descenso de población desde el año 1918, por lo que debemos suponer que el aumento en la asignación obedecía a una mejor atención a sus beneficiarios.

Debemos destacar el carácter mixto de este municipio, minero-siderúrgico, por lo que los ingresos por impuestos y las aportaciones sociales no descendieron durante estos años para al­canzar su cota más alta en 1922.

 

[1] Pilar LESEDUARTE “Los pueblos mineros” pp. 133-145.

[2] Manuel GONZALEZ PORTILLA en “Población de la zona minera y la ría de Bilbao en el siglo XIX”. Mecanografiado, pp. 67-69.

[3] Comprende carpinteros, cordeleros, cesteros, herreros, albañiles, gabarreros, junteros, zapateros…

[4] Militares retirados, industriales, maestros de primera enseñanza, cirujanos…

[5] El anticlericalismo fue asumido en estos años como parte de la lucha de los partidos obreros, al identificar el clericalismo con el mantenimiento de la injusta situación social y, en menor medida, se convirtió en seña de identidad de las personas de ideas avanzadas. Pedro SIMÓN “San Vicente de Barakaldo” p. 165