Barakaldo y el alzamiento carlista de 1860 (VI)

Prisión y amnistía para el pretendiente

Pero no solo los escasos levantiscos carlistas que se echaron al monte eran cercados. En Cataluña el ejército y fuerzas del orden buscaban sin descanso a Carlos VI, el cual, tras su fuga facilitada por Ortega, había quedado bajo el amparo de unos pocos fieles. El 21 de abril será detenido junto a su hermano Fernando por la Guardia Civil en la localidad tarraconense de Ulldecona. Su apresamiento generó un gran revuelo en la corte y en un gobierno, que tuvo que dirimir, en un breve espacio de tiempo, el futuro inmediato de tan regia figura.

Si bien no faltaron voces que solicitaban la misma pena capital que algunos de sus seguidores habían recibido, el gobierno optó por la vía de la amnistía, previa renuncia de sus derechos al trono de las Españas. Así, un Carlos VI preso en Tortosa tomará la decisión, “libre y espontánea” de desistir de sus pretensiones el 23 de abril de 1860: “[…], y deseando que por mi parte, ni invocando mi nombre, vuelva a turbarse la paz, la tranquilidad y el sosiego de mi patria, cuya felicidad anhelo, motu propio y con libre y espontánea voluntad, para que en nada obste la reclusión en que me hallo, renuncio solemnemente y para siempre a los enunciados derechos […]”.

Los que esperaban que sangre real carlista, tan real y borbónica como la de Isabel II, fuera a teñir el suelo, quedaron tremendamente desencantados. El republicano Emilio Castelar alzará su voz en contundentes escritos: “En esta sublevación ha habido ya víctimas, que han espiado con la vida una falta mucho más leve que la cometida por los príncipes rebeldes. Todo el mundo ha visto con asombro que los infelices de Baracaldo fueron presos y fusilados en un momento. Pues bien: esos hombres no han sido más que instrumentos. Los principales rebeldes, los que no tienen escusa, los que han dirigido la sublevación, son D. Carlos y D. Fernando de Borbón. […] vosotros, por pobres, por miserables, por desgraciados, merecéis un cadalso, mientras que la cabeza que ha ideado y el brazo que ha ejecutado el crimen de que sois instrumento, serán respetados, serán halagados, […]”.

En igual sentido se manifestarán otros editores como Roman Lacunza o Patricio de Escosura, críticos con el gobierno y su doble rasero a la hora de aplicar las leyes: “No queremos entrar en las consideraciones filosóficas a que se presta la diferente conducta del gobierno respecto al general Ortega, Villoldo, los infelices alucinados de Baracaldo y los ex-infantes; no queremos deducir las consecuencias que naturalmente se deducen de haber fusilado a unos y no considerar a los otros dignos de juicio […]”.

Del final de una guerra y de “Presos políticos”

El tratado de Wad Ras del 26 de abril puso fin a la guerra de prestigio con Marruecos. La contundente victoria de las tropas españolas, a cuya cabeza estaba el presidente/capitán general O’Donnell, maquilló ante la opinión pública las penurias que habían padecido las tropas expedicionarias y la patente debilidad militar de Las Españas frente a otras potencias.

O’Donnell retornará a la Península encumbrado con el título de Duque de Tetuán, para hacerse cargo de sus labores gubernamentales. Pocas cosas podían enturbiar el aparente éxito en el que se había instalado su mandato, habiendo conseguido en un breve espacio de tiempo finalizar una guerra y cercenar una intentona carlista

Coincidiendo prácticamente con el regreso de los Tercios Vascongados, el 2 de mayo de 1860 se promulgó la amnistía general para todos aquellos que hubieran tomado parte en la conspiración carlista. Mientras los supervivientes de los Tercios eran aclamados como héroes en las provincias forales, lo alzados sufrían su propio escarnio: “[…] Mientras España alcanzaba tantos laureles y obtenía como consecuencia de ellos una paz honrosa, españoles indignos de serlo, quisieron sumirla otra vez en una guerra civil. Tan loca tentativa solo ha servido para poner de manifiesto su ridícula impotencia, y para hacer público el desprecio con que la Nación los mira […]”.

Pero el decreto de amnistía no iba a llegar todos los conspiradores con la misma celeridad. La práctica totalidad de la partida de Barakaldo/Basurto seguía presa en Vitoria-Gasteiz, incluidos sus famosos jefes: José Ocerín y Aniceto Llaguno.

El propio Ocerín dejará constancia de su propio periplo en una carta escrita el 3 de junio desde la cárcel y destinada a los periódicos: “yo gané la frontera de Francia y fui amnistiado en Bayona por el cónsul español en aquella plaza”. Con ese indulto, regresó a Bilbao “con el pasaporte debida regla” presentándose ante “el juez de primera instancia de Bilbao” que confirmó su amnistía el 8 de mayo. Pero lejos de quedar en libertad “se nos amarró con cadenas y argollas, y de esta suerte fuimos conducidos a esta cárcel”. Junto con él, viajarán desde el presidio de Bilbao al de Vitoria “esposados y custodiados por tres parejas de la Guardia Civil con su sargento: Aniceto Llaguno, Pedro Echevester, Andres Hormaeche (a) Butron, José Ocerin y Leandro Menendez, a quien se tenía por jefes de la partida últimamente sofocada”.

La prisión incondicional para estos hombres, reconocidos carlistas, parecía no estar fundamentada en su intento de rebelión, hecho del que se suponían amnistiados, sino por estar imputados de una larga serie de “delitos comunes” que incluía: “asesinatos, robos y alzamiento de caudales públicos”. Sin embargo, Ocerín argüía que, en los 26 días que llevaban en prisión, nadie les había tomado “declaración, ni nadie ha venido a decirnos el motivo de nuestra prisión”. Es por ello que comenzase su misiva describiéndose como “preso político”, condición que hacía extensible a otros 17 encarcelados por idénticos motivos.

Algunas editoriales, especialmente aquellas de tendencias tradicionalistas, protestaron contra de la “caprichosa e injusta manera con que por las autoridades superiores de aquella provincia se interpreta la soberana voluntad de S. M. consignada en el decreto de amnistía”.

“Asesinatos jurídicos”

Pero no solo el componente tradicionalista criticaba el proceder del gobierno centrista. El lunes 11 de junio, tomaba la palabra en el Congreso el diputado progresista Salustiano de Olózaga Almandoz en defensa de una enmienda de grupo. En su discurso destacaba que “el país se ha salvado de un gran peligro, gracias a la decisión y lealtad del ejército y de sus naturales”, para seguidamente criticar la actuación del gobierno y preguntar si “los dos jóvenes de Baracaldo fueron ejecutados por orden del gobierno, calificando su muerte del más escandaloso asesinato jurídico”.

La contestación por parte de presidente de la cámara, el propio O’Donnell, fue tajante: “Señores, cuando estalla un movimiento, es necesario que el gobierno sea enérgico, duro, si es necesario cruel, hasta dominar la situación. Después debe ser clemente. Los desdichados de Baracaldo y Palencia se hallaron en el primer período; si como fueron tres hubieran sido quinientos, lo repito, el gobierno hubiera sido duro en ese período para salvar la sociedad y el trono”. La sesión continuó, volviéndose tensa por momentos, en el animado debate entre Olazaga y O’Donnell.

Libertad tardía

Finalmente, el 16 de junio, dos semanas después que Ocerín escribiese su carta a los diarios, quedaron en libertad los integrantes de la partida de Barakaldo/Basurto y el resto de detenidos que todavía permanecían en prisión. Su retorno a Bilbao se tornó noticia destacada: “Los individuos de la partida de Basurto, que estaban presos en Vitoria, han sido puestos en libertad. El 18 llegaron a Bilbao, Ocerin, Llaguno, Otaola y otros”. Para algunos, su puesta en libertad fue “una justa satisfacción dada por el Gobierno de S. M. á las unánimes y enérgicas reclamaciones de la prensa, y sobre todo un desagravio de la justicia, la que se estaba violando con la detención de unos individuos, comprendidos a todas luces en el decreto de amnistía. […] Pero ahora, para el verdadero esclarecimiento de la verdad y para la debida reparación de las leyes, un momento olvidadas, ralla saber una cosa. ¿Por qué han estado presos Ocerín, Llaguno, Menendez y consortes? Esto es preciso saber. No basta haberlos devuelto a la libertad, en cumplimiento de un decreto de amplía amnistía; conviene saber qué razones ha habido para su detención, o cuál es el pretexto que se da”.

La tardía libertad de los conjurados se sumó a la lista de reprobaciones que algunos diarios siguieron vertiendo contra la actuación del gobierno en lo relacionado con el ya extinto levantamiento carlista. Entre otras cosas, destacaban la falta de criterio para la aplicación de la amnistía, la nula voluntad de investigar las ramificaciones de la conspiración, la premura en los fusilamientos de Ortega y Carrión o la ejemplarizante muerte de los “alzados de Baracaldo”. Por supuesto, cada uno incidiendo en un punto o en otro, en función de su afinidad política.

Además, para un no desdeñable sector, se tenía la sensación de haber perdido la posibilidad de cercenar, de una vez por todas, las aspiraciones carlistas. A falta de un castigo mayor, se había optado por expulsar del país al pretendiente con una simple reprimenda y una firma en una carta que pronto sería papel mojado: “El gobierno, que no ha querido saber lo que se ocultaba bajo el velo de la conspiración carlista; el gobierno, que ha dejado impunes los delitos más graves contra la Constitución y la patria; el gobierno, que ha procedido con tanta debilidad en asunto de tamaña importancia, es el que más remordimientos debe tener al considerar cuánto espíritu han cobrado los príncipes proscriptos. ¡Oh torpeza!”.

Varios meses después del infructuoso alzamiento, el intento de erosión al gobierno persistirá: “La mejor manera de cumplir la igualdad ante la ley, ha sido fusilar a los de Baracaldo, á Carrión, a Ortega, y perdonar a los príncipes, porque eran criminales de sangre real. El mejor sistema es ese liberalismo hipócrita de la unión liberal, destinado a corromper el partido liberal con la peor de las corrupciones, con el escepticismo”.

 

Un continuará

Ninguno fueron los réditos de aquel lamentable y oscuro levantamiento de 1860 para los intereses carlistas. Paradójicamente, el único éxito de la rebelión en el Señorío de Bizkaia fue el que su famélica partida fuera desmantelada mediante métodos tan expeditivos; siendo utilizado como elemento de crítica hacia el gobierno. El Señorío, mayoritariamente, se había mantenido fiel a los postulados de “paz y fueros” y defendió su statu quo con el resultado de un guardia civil muerto, otro herido de gravedad, dos jóvenes fusilados, dos viudas, un huérfano y al menos 32 personas que pasaron “por la cárcel pública de Bilbao”.

Respecto a la famosa partida de Barakaldo, poco importó que únicamente dos de sus componentes fueran baracaldeses, o que el nombre de bautismo se debiera a un error perpetuado por la prensa. La fabril Barakaldo mantuvo durante largo tiempo el dudoso privilegio de ser origen de un foco rebelde.

El gobierno de O’Donnell apenas sufrió desgaste por las críticas que le llegaron por su actuación en el aplastamiento del alzamiento carlista. Completará 3 años adicionales de su “gobierno largo”, uno de los pocos momentos de desarrollo y crecimiento económico en el siglo XIX, antes de dimitir, en un nuevo bandazo de la política nacional.

Por su parte el Señorío de Bizkaia seguirá defendiendo su “oasis foral” 8 años más, hasta que el moderantismo isabelino se agote. Con la llegada de la revolución de septiembre de 1868, el enfrentamiento entre el tradicionalismo-carlista y liberalismo moderado fuerista, mayoritarios en su sociedad, acabará por resquebrajar la unidad de acción en torno a los fueros. Comenzaba una divergencia donde el carlismo capitalizará el descontento de los grupos reaccionarios, con un carismático líder Carlos VII que volvía hacer valer el lema de “Dios, Patria, Rey y Fueros”. A su llamada acudirán suficientes voluntarios como para levantar un ejército y, entre ellos, encontraremos a hombres de aparentemente inquebrantable determinación, que una vez formaron parte de famosa la “partida de Baracaldo”.

Jesus Arrate Jorrín