El problema escolar en Barakaldo  en el  desarrollismo del siglo XX (I)

El rápido crecimiento de la economía española en la década de los sesenta fue acompañado de corrientes migratorias sin precedentes desde el campo a las zonas urbanas. Esta afluencia masiva de inmigrantes planteó el mismo tipo de problemas en los lugares de recepción, básicamente nuevas demandas de equipamientos y servicios colectivos hacia las autoridades municipales. En muchas zonas, especialmente las periferias de Barcelona, Bilbao y Madrid, el crecimiento de la población fue de tal magnitud que desbordó a los ayuntamientos, ya fuera porque las soluciones escapaban a sus competencias o por falta de recursos. Pero también es cierto que las nuevas demandas actuaban sobre unas autoridades loca- les más acostumbradas a controlar a la población y a ejercer el poder que realmente a la gestión municipal. Ya no se trataba como en la larga postguerra de tomar posiciones en las luchas de capillas entre los vencedores, ni de encuadrar y controlar a una población depauperada y atemorizada; era necesario ofrecer respuestas a las nuevas necesidades que el cambio económico y social, pero especialmente demográfico, planteaba.

La incapacidad de las autoridades locales para dar este salto cualitativo parece haber sido la tónica común en las ciudades españolas. La inhibición, la inercia administrativa, la vinculación a intereses especulativos y, finalmente, la ineptitud caracterizaron su actitud ante la realidad caótica y carente de servicios en que se desarrollaba la vida cotidiana de buena parte de la población. Sin embargo, la sociedad urbana española de los sesenta ya no era la sociedad atemorizada de los cuarenta. Los mecanismos de control de la población al servicio de las autoridades locales resultaban inoperantes y, sobre todo, el propio régimen abría espacios a la crítica, especialmente a través de la prensa. Estos cambios crearon un cóctel explosivo en el que la ineptitud y el autoritarismo se combinaban con la incapacidad para frenar la creciente crítica ciudadana. El ámbito vecinal acabó erigiéndose en un sordo motor de deslegitimación del régimen, mucho menos espectacular que los conflictos laborales o estudiantiles, pero más extenso en la medida en que afectaba a amplias franjas de la población, incluidos sectores no politizados anteriormente o sin contacto con el nuevo movimiento obrero o estudiantil.

Este artículo explora estos cambios en el Barakaldo del desarrollismo. En él se compara la situación creada por la inmigración en los cincuenta y en los sesenta, dando cuenta de cómo la realidad de mediados de los sesenta impuso a las autoridades locales nuevas reglas de actuación substancialmente diferentes a las anteriores. Este cambio se analiza al hilo de las carencias en la escolarización.

 

1. El pre-desarrollismo barakaldés

1959 constituye una cesura clave en la periodización del régimen franquista. El Plan de Estabilización cerró la larga etapa de miseria y estancamiento autárquico y dio paso a una fase de crecimiento económico sin precedentes, una de cuyas manifestaciones más importantes fueron las corrientes migratorias desde las regiones rurales a las zonas industriales. Vizcaya, y Barakaldo en concreto, no desmienten esta imagen. A lo largo de la década de los sesenta la población vizcaína se incrementó en un 40%, al igual que la barakaldesa. Sin embargo, este crecimiento acelerado a consecuencia de la inmigración no era un fenómeno nuevo en Vizcaya. Durante la década de los cincuenta el crecimiento de la población vizcaína había sido también considerable (32,54%). Barakaldo vivió en esos años una verdadera explosión demográfica: la población barakaldesa prácticamente se dobló durante los cincuenta.

Como muestra observamos que, otros municipios del Gran Bilbao como Arrigorriaga, Basauri, Echevarri, Portugalete o Santurce crecieron también por encima del 75%. De hecho, el crecimiento del Gran Bilbao en los cincuenta fue prácticamente similar al de los sesenta. Existe, por tanto, un desfase en la cronología del cambio económico entre Vizcaya y el resto de España. Los procesos que se señalan a partir de 1959 para el conjunto de las zonas industrializadas de España se anticiparon una década en Vizcaya. Este desfase encuentra su explicación en los efectos de la política autárquica sobre la industria vizcaína. La reserva del mercado interior que garantizaba la autarquía y la relajación de la intervención gubernamental en los cincuenta permitieron un crecimiento económico importante en esta década. Esta reactivación económica, por limitada que fuera, tuvo efectos multiplicadores sobre las industrias barakaldesas, y de la margen izquierda en general, que se convirtieron en polo de atracción de inmigrantes para el conjunto de un país que a duras penas recuperaba los niveles de actividad y renta anteriores a la guerra. Muestra de ello fueron las aproximadamente 27.000 personas que llegaron a Barakaldo en los cincuenta2. La magnitud del fenómeno queda ilustrada por el hecho de que por cada cuatro barakaldeses de 1950 habían llegado casi tres inmigrantes a finales de la década.

Los problemas asociados a la inmigración masiva se planteaban, pues, en Barakaldo ya en los cincuenta, incluso con mayor intensidad que en la década posterior. Sin embargo, no tuvieron la trascendencia política que tendrían en los sesenta. Y es que la primera oleada migratoria se produjo en un momento en que las autoridades locales mantenían todavía firmemente el control sobre la población y contaban con el apoyo represivo del poder central. No existían por tanto resquicios para la crítica que actuara como contrapunto a la versión oficial de la realidad.

 

• Llaneza y la inmigración

El control de la población y la inexistencia de crítica no implicaba que esta avalancha humana no desbordara a las autoridades locales y, todavía más, a la mentalidad del sempiterno alcalde barakaldés José M.ª de Llaneza. Llaneza se había hecho con el poder local en junio de 1937 y, rodeado de un grupo de fieles carlistas, monopolizó el poder local durante 26 años. Más integrista que propiamente carlista, Llaneza había sometido a la población barakaldesa a un intenso programa de coactiva recristianización nacional-católica que paulatinamente fue cediendo paso a un discurso obrerista de tono paternalista. Este paternalismo obrerista de Llaneza entroncaba con una identidad local ligada a la industrialización y orgullosa de la cualificación y el bienestar de los obreros barakaldeses frente a una España de campesinos pobres y escasamente cualificados. Esta concepción había llevado ya en 1940 a que Llaneza se quejara ante las autoridades provinciales de las dificultades que encontraban los obreros barakaldeses desmovilizados y retornados de campos y prisiones ante la substitución de mano de obra que se había producido en las empresas locales desde la entrada de los nacionales. Daba cuenta Llaneza de la existencia de muchos trabajadores locales que habían perdido sus puestos de trabajo «por efectos lógicos de la contienda pasada bien sea por haber pasado por campos de concentración o batallones de trabajadores o por otras causas», mientras «van cubriéndose estos puestos por combatientes o personas que sin reunir esta condición proceden de otras provincia o pueblos de España». El escrito resulta ilustrativo del barakaldesismo paternalista de Llaneza que priorizaba a los trabajadores locales represaliados frente a los recién llegados, incluidos los excombatientes, pero también de su visión del fenómeno migratorio. Trabajar en uno de los principales focos industriales de España era poco menos que un privilegio que era necesario regular, máxime cuando los que intentaban acceder a él anteponían intereses materialistas a su misión patriótica y «halagados por dejar su pueblo y faenas del campo abandonan estas tareas agrícolas tan necesarias para la prosperidad de España».

Esta percepción no cambió en dos décadas. En 1957 Llaneza se dirigía al ministro de Gobernación para quejarse de que «de un tiempo a esta parte la afluencia enorme e incesante de familias enteras desplaza-as con este fin sin tener previamente resuelto el problema aludido de alojamiento, sino también el mismo de trabajo a que aspiran» planteaba multitud de problemas. Reclamaba el alcalde medidas que regulasen «estos desplazamientos en masa, continuos y un tanto alegremente y por tanto poco meditados» y evitase que los recién llegados «se compliquen y nos compliquen la vida en un peregrinar en demanda de trabajo y vivienda». No deja de ser significativo tanto de la mentalidad de las autoridades franquistas como de los cambios que se avecinaban
que uno de los argumentos que Llaneza esgrimiese fuera el del control político de la población: «al no disponer más que con medios muy limitados de policía de seguridad y vigilancia y no poder controlar debidamente las filiaciones políticas de nuestros vecinos, poder constituir un grave peligro en caso de una alteración del orden público».

Como en 1940, las peticiones de Llaneza no fueron atendidas. Sólo obtuvo repuesta del Director General de Trabajo que establecía que «dicho movimiento migratorio no plantea una situación de paro, ya que la demanda de mano de obra es claramente superior a la demanda de colocación» y se desentendía del resto de los problemas planteados por el alcalde: «En cuanto a otros problemas que se plantearon como son la escasez de viviendas de índole sanitaria y moral, etc. tampoco podemos
entrar en ellos por no ser de la competencia de este Ministerio»6. No cabía esperar, pues, que el Estado regulara las corrientes migratorias y evitara al Ayuntamiento tener que enfrentarse a los problemas que el crecimiento vertiginoso de la población planteaba, máxime cuando se producía en una localidad tradicionalmente mal dotada de infraestructuras.

 

1.2. Las prioridades de las autoridades locales

Ya en los primeros cuarenta la gestión de Llaneza se había dirigido a la construcción de infraestructuras, como el edificio de Correos y la Escuela de Maestría, que se presentaban como la prueba del progreso y bienestar que ofrecía el régimen de Franco. En 1954 el Ayuntamiento había realizado inversiones por valor de 35 millones de pesetas y en 1962 esta cantidad se había disparado hasta los 2337. El 60% de esta inversión municipal se dirigió a la construcción de viviendas que constituía el problema más acuciante. En 1962 el Ayuntamiento había participado en la construcción de 2.358 nuevas viviendas. Pero la inversión municipal no era suficiente, pues sólo suponía una vivienda por cada 17 nuevos habitantes. A partir de 1955, las regulaciones estatales ratificaron el tradicional paternalismo social de las grandes empresas barakaldesas obligando a la construcción de viviendas en función de su plantilla. En 1962 Euskalduna había construido en Barakaldo 700 viviendas, Altos Hornos 507 y la Sefanitro 120. Pero ni siquiera estas intervenciones empresariales satisfacían las necesidades. Estas eran de tal magnitud que incluso de las asociaciones locales partieron iniciativas de construcción. Así, el Centro Gallego construyó 320 viviendas, el Círculo Burgalés 110 y la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos 194.

Un sólo dato ilustra el crecimiento desmesurado de Barakaldo en estos años: entre 1937 y 1962 se construyó el doble de las viviendas que existían al acabar la guerra, es decir, dos terceras partes del Barakaldo de principios de los sesenta se habían construido después de la guerra.

El Ayuntamiento podía presumir, así, de que el número de personas por vivienda en la localidad había descendido de los 5,42 de 1937 a los 3,93 de 1962, «a pesar de cuantas miserias se escriben sobre las condiciones lamentables en que viven muchos vecinos de Baracaldo».

Mas la vivienda no era la única necesidad que la inmigración planteaba. A cuestiones como alumbrado, alcantarillado o asfaltado y al grave problema del abastecimiento de agua, se añadía la necesidad de ofrecer servicios educativos a la nueva población.

La inversión en educación más importante de los años cuarenta fue la construcción de la Escuela de Orientación y Formación Profesional, posteriormente conocida como de Maestría Industrial, inaugurada por el Caudillo en 1944. La obra era plenamente coherente con el carácter fabril de Barakaldo y con la identidad local ligada a la industria, además de con las expectativas de movilidad social inter-generacional de una parte significativa de la población. En este sentido, la Escuela de Maestría suponía un salto cualitativo con respecto a las escuelas de aprendices de las fábricas, como la inaugurada en Sestao por Altos Hornos en 1942.

En los años centrales de los cincuenta la Escuela vivía una eclosión y pasaba de 448 alumnos en 1954 a 792 en 1958, es decir, un 76,8% de incremento en cinco años12. Sin embargo, esta importante inversión en formación profesional contrastaba con graves carencias en la enseñanza elemental y con la inexistencia de otras ramas de enseñanza media.

Para atender a la creciente demanda de enseñanza elemental se construyeron a lo largo de los cincuenta tres nuevos grupos escolares en Larrea, Alonsótegui y Luchana, pero se trataba de una inversión claramente insuficiente. En 1962 sólo el 43% de la matrícula de enseñanza elemental correspondía a las escuelas públicas. El resto se dividía entre las escuelas de Altos Hornos con un 11,9% y los diferentes centros privados, básicamente religiosos, que captaban al 44,5% del alumnado.

Además, estos porcentajes no reflejan la relación cualitativa existente entre pública y privada. El 37% de la matrícula pública correspondía a párvulos, es decir, niños y niñas entre los cuatro y seis años, ya que según reconocían las propias autoridades municipales «los numerosos Colegios particulares absorben, principalmente, alumnos comprendidos en superiores edades…». Las escuelas públicas asumían, por tanto, una función principalmente asistencial de custodia de los niños más pequeños, mientras las religiosas se centraban en la instrucción de buena parte de ellos cuando crecían.
Este predominio de estas escuelas religiosas en el nivel elemental se convertía en hegemonía en la enseñanza media no profesional. Los institutos de Barakaldo y Portugalete formaron parte de los 52 institutos públicos (31,5% del total existente en 1937) clausurados por el régimen tras la victoria. Como en el resto de España, la Iglesia se apresuró en Barakaldo a cubrir este vacío. El colegio de los Padres Paúles, fundado significativamente en 1944, permitía a 600 alumnos estudiar bachillerato.

La escasa inversión pública estaba en la base de la edad de oro que vivían las escuelas privadas, y básicamente las religiosas. Las posibilidades de expansión eran tales que en 1962 estaba previsto que comenzaran a funcionar en breve un grupo escolar de los Padres Paúles con capacidad para 1.500 alumnos y otro de las Misioneras Seculares de Jesús Obrero para 600. Sin embargo, a pesar de esta inflación de escuelas privadas y de los tres nuevos centros públicos, el conjunto de las escuelas barakaldesas era incapaz de absorber el aumento de la población en edad escolar sin deteriorar seriamente indicadores como la media de alumnos por profesor: en 1962 era de 47, mientras que en 1937 había sido de 36.

Esta privatización y deterioro de la enseñanza elemental en Barakaldo no era fruto de las limitaciones presupuestarias. Ciertamente, el vertiginoso aumento de la población y los escasos recursos municipales dejaban poco margen de maniobra a las autoridades locales, pero aún así el análisis de las diferentes partidas de gasto permite afirmar que existía un orden de prioridades en el que las escuelas elementales no ocupaban un lugar destacado. Para Llaneza la recristianización de la población se situaba por delante de la educación elemental, incluso en el terreno de las inversiones, tal como indica el gasto municipal en templos. Desde el final de la guerra se habían construido cuatro iglesias y el convento y escuelas de las Hijas de la Cruz. El Ayuntamiento había invertido 14 millones en acabar con la tradicional carencia de infraestructuras religiosas, prácticamente el doble de lo que habían costado los tres nuevos grupos escolares. Si se cuenta la Escuela de Maestría, se había gastado lo mismo en templos que en infraestructuras educativas. Incluso el Círculo Cultural Recreativo, pretendido foco de irradiación de la cultura oficialista y en la práctica centro de sociabilidad del franquismo local, había costado tanto como las escuelas.

Las inversiones realizas por Llaneza era coherentes tanto con su integrismo como con el obrerismo paternalista que inspiraba su discurso. La Iglesia se beneficiaba por activa y por pasiva: recibía inversión directa en templos y sus escuelas vivían una edad de oro ante la insuficiencia de la inversión en escuelas públicas. El barakaldesismo obrerista de Llaneza se plasmaba en la inversión en infraestructuras que se presentaban como la prueba del progreso y el bienestar que los obreros alcanzaban bajo el régimen de Franco. En este sentido la construcción de viviendas ocupaba un lugar destacado, pero también la cuantiosa inversión en la Escuela de Maestría, la mitad de lo gastado en infraestructuras educativas. El análisis de las inversiones municipales revela, sin embargo, que a pesar de la propaganda oficial las autoridades locales estaban muy lejos de haber satisfecho las necesidades planteadas por el crecimiento de la población. Pero este no era un tema que hubiera de preocupar a Llaneza, ya que los barakaldeses sólo estaban en condiciones de agradecer lo hecho, no de criticar a las autoridades por lo que faltaba por hacer. Esta importante asimetría, que nunca debe olvidarse cuando se estudia la búsqueda del consenso bajo el primer franquismo, se relajó notablemente en los años siguientes.

Antonio Fco. Canales Serrano