Minerí­a en el Regato (III)

Fiebre minera

Aunque existen desde la Edad Media abundantes noticias documentales de la explotación por barakaldeses de los mine­rales de hierro de los montes de Triano en los lugares de Roitegi, Bitarratxo y Orconera, no hay noticias de esta actividad extractiva en la propia jurisdicción hasta la segunda mitad del siglo XIX. Incluso, las mí­nimas referencias toponí­micas relativas al mineral, hoy desaparecidas o radicalmente alteradas, denotan esta procedencia exógena (Mehaerrequeta, en el Regato; Mehalarreineta, en Zubileta). En efecto, amparados en que desde tiempo inmemorial habí­an compartido los montes con los veci­nos del Valle de Somorrostro, no sin oposición, trabajaron exclusivamente las veneras de Triano.

Fue después del año 1868, gracias al nuevo marco legislativo liberal (Reforma de la ley de minas de 1859, Decreto ley de Bases Generales de 29 de diciembre y la reforma de la ley de sociedades) que garantizaban la propiedad privada del subsuelo a perpetui­dad y permití­an la libre entrada de capitales, cuando podemos situar el inicio de la mine­rí­a en la localidad, una actividad reducida a los montes de El Regato.

Ahora bien, dentro de esta denomina­ción incluimos, como ya hicieron algunos escritores, geólogos e ingenieros de minas hace más de cien años, un territorio bastan­te más amplio que el comprendido en el actual termino municipal de Barakaldo: una unidad ecológica y paisají­stica en la cuenca del rí­o Castaños y sus afluentes, Agirza y Cuadro, repartida entre los actuales ayunta­mientos de Barakaldo, Alonsótegi, Galda­mes, Ortuella, Trapagaran y Gí¼eñes.

La Ley de Minas de 1868, «una de las más liberales que existen» en aspectos laborales, impositivos o relativos a la propiedad, incen­tive la minerí­a. Una misma persona podí­a obtener todas las concesiones que solicitara. Eso sí­, cada mina debí­a tener una extensión mí­nima de cuatro «pertenencias» o cuadra­dos de cien metros de lado, es decir, cuatro hectáreas.

Casi de inmediato, las inversiones extran­jeras afluyeron al paí­s, estimándose en más de 150 millones de francos el capital com­prometido desde 1863 hasta 1877, a pesar del relativo paréntesis que supuso la segun­da guerra carlista.

En efecto, las grandes siderurgias, sobre todo británicas, conocedoras de las excelen­cias del mineral, enviaron apoderados a Bizkaia para contratar el suministro de tan materia prima o registrar a su nombre minas en el área de Triano y montes de Bilbao.

Como la zona más rica del criadero habí­a sido ya denunciada por gentes del paí­s, tuvieron que conformarse casi siempre con concesiones en zonas marginales (Sopuerta, El Regato, etc.), con formar sociedad con mineros establecidos (Orconera y Franco­Belga con los Ybarra), o intentar el arrenda­miento o la compra a sus propietarios, como consiguieron de Cirilo Marí­a de Ustara y Manuel de Moya de sus productivas San Fermí­n y Parcocha, dos de las mejores minas de Triano.

En el valle de El Regato, en 1871, los ingleses J. Keeble y J. B. Davies registraron oficialmente como minas una gran superfi­cie que, por su continuidad, formaba casi una unidad, por lo que se conocerá indistin­tamente con el nombre de la mina de mayor extensión, Julianas –en realidad eran dos que sumaban 84 ha–, o el de la zona donde se ubicaban, coto de Arnabal.

Keeble arrendarí­a sus concesiones en pocos meses a J. B. Davies quien, a su vez, traspasarí­a la explotación de sus minas, y de las que acaba de tomar en arrendamiento, a Luchana Mining, empresa constituida al efecto en el mes de setiembre de 1871 por Hollway Brothers, Jhon Brown Co y Bolckow Vhaughan –una de las más importantes siderurgias británicas– con un capital desembolsado de dos­cientas mil libras esterli­nas. Capital muy impor­tante, el mismo que la mayor de las compañí­as extranjeras del sector, Orconera Iron Ore, creada dos años después.

Al año siguiente, algunos grandes propietarios rurales, pequeños capitalistas, mineros anti­guos, artesanos de las villas, hasta los decla­rados enemigos de la polí­tica del partido liberal, tomaron parte de esta especie de loterí­a registradora en los montes de El Regato. Este es el caso de quien fuera alcal­de de la anteiglesia y destacado lí­der del car­lismo Gustavo de Cobreros, del antiguo sas­tre J. B. Cortes, del maestro de obras Celestino Aramburuzavala, del avispado maestro y secretario municipal Eusebio Sotila, del socio de la siderurgia de Castrejana J. A. Errazquin y del minero tradicional Lezama Leguizamon, entre otros, que consiguieron la titularidad de muchas minas. La mayorí­a se hicieron con pequeñas superficies, pero tanto Davies como Cortes, Aramburuzavala y Lezama Leguizamon se encontraban entre los mayores registradores de la provincia.

Ahora bien, detrás de estos nombres, muchas veces se ocultan sociedades de las que formaban parte capitalistas extranjeros y nacionales. Este es el caso de Cortes, dueño de Linda y Mendivil, y de la compañí­a creada por el británico Levison para explotar la mina Primitiva. Castrejana) de la que participó hasta 1927 el barakaldés Cesáreo Garay. Esta fórmula sirvió a muchos mineros carlistas para librar­se de las expropiaciones que siguieron a su derrota militar.

Más de 1.600 ha del término municipal de Barakaldo (34 por ciento de su superficie en la época) llegaron a estar declaradas como minas, aunque a parte de las explotadas por Lu­chana Mining, tan sólo se llegará a trabajar en unas pocas, de forma eventual y con pobres re­sultados.

Individualmente o for­mando sociedad, el citado Cobreros, Donato Azula, Flo­rentino Castaños, Maximin o Chavarri, Tomas Santurtún, Casimiro Zunzunegui, J. J. Rivacoba, Tomas de Begona, Serapio Goicoechea, Victoriano, José y Cesáreo Garay y Antonio Acebal, des­tacan entre los mineros avecindados. Todos ellos tení­an intereses en otros sectores eco­nómicos, como la construcción o pequeñas empresas, y ocupaban cargos concejiles en la administración municipal en la mejor época de la minerí­a. Goicoechea, por ejemplo, fue alcalde (1898), socio fundador de una naviera (1889) propietario de un taller de caldererí­a (1906), accionista de la Sociedad Minera de Alonsótegui, etc., aunque sus rentas más importantes como minero procedieron de un largo arrendamiento a Orconera Iron Ore de las minas Ecequiela, Alerta y sus correspondientes dema­sí­as.

Todo el mundo querí­a participar de esta fiebre minera, incluso lo intentaron fuera de la provincia; Antonio Acebal, concejal y pequeño comerciante del barrio de Retuerto, llegarí­a a obtener demarcaciones en Burgos y Cáceres (una de ellas bautizada Baracaldo), en los términos municipales de Fresnedoso y Campillo. Al fin y al cabo no arriesgaban grandes capitales. «Las concesiones de minas se obtienen de una manera extrema­damente simple (…) y mediante el pago de una suma de 300 reales por una vez y el derecho anual de 16 reales por cada perte­nencia adquiere un derecho que nadie puede quitarle mientras cumpla los regla­mentos».

Gracias a tanta liberalidad, Luchana Mining podí­a permitirse registrar en el municipio de Bérriz, cerca de la fuente de Bascocha, una mina de «aceite mineral com­bustible sólido» en 1913.

Al no exigirse ni siquiera su puesta en explotación, se favorecí­a que algunos se hicieran con concesiones por simple interés especulativo, a veces con pingí¼es resultados.

Ahora bien, hubo quienes, como el veci­no de Alonsótegi Julián de Santacoloma, se vieron obligados a vender por carecer capital necesario alguno para sufragar los gastos (denuncia, demarcación, expedición de titulo de la mina y su inscripción en el registro de la propiedad) y derechos que tal expediente origina».